Contralor Jorge Bermúdez fijó un límite legal de 60 UF ($1,5 millones) a las jubilaciones del personal penitenciario y rechazó las pensiones de cinco ex empleados del servicio carcelario porque estas excedían el tope. Por su parte, los parlamentarios estiman que el dictamen «vulnera los derechos previsionales de los gendarmes».
Ayer se desarrolló en la Cámara de Diputados una sesión especial que analizó «las afectaciones a los derechos previsionales consagrados en la Ley 19.195 a los funcionarios de Gendarmería de Chile».
A la instancia estaba citado el director de Gendarmería, Tulio Arce, y el contralor Jorge Bermúdez, quienes no asistieron. Este último, firmó un dictamen que fijó un límite legal de 60 UF ($1,5 millones) a las jubilaciones del personal penitenciario.
Bermúdez, en su oficio, rechazó las pensiones de cinco ex empleados del servicio carcelario porque estas excedían el tope que se aplica a los otros funcionarios del Estado, según consigna hoy El Mercurio.
Por su parte, las bancadas rechazaron la interpretación del contralor. La calificaron como «errónea» y estimaron que «vulnera los derechos previsionales de los gendarmes».
Por tal razón, enviar un proyecto de ley interpretativo o que cambie de inmediato el criterio aplicado por el organismo contralor.
La pensión de un oficial que llegó al grado de coronel con 30 años de servicio bajaría de unos $3.000.000 a $1.524.000, mientras que la de un suboficial variaría de $1.600.00 a $1.100.000, según los cálculos de los gremios de Gendarmería. No obstante, documentos de Dipreca indican que se han tramitado pensiones por sobre $5 millones.
Al respecto, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien concurrió a la sesión, respondió a los parlamentarios que no es posible acceder a aquello sin antes evaluar y someter a un profundo análisis las al menos diez leyes que regulan las pensiones de los funcionarios.
En esa misma línea, el director de Dipreca apuntó a que mientras no haya un cambio de criterio por parte de la Contraloría o una ley que lo disponga, debe seguir aplicándose el cálculo de pensiones según lo ordena el organismo fiscalizador, el cual finalmente las aprueba.
