La Fiscalía había solicitado arresto domiciliario total para el ex candidato presidencial de la UDI. «No es que Golborne haya guardado silencio… para decirlo en castellano, mintió», dijo el fiscal Gajardo [Actualizado]
El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, resolvió decretar arraigo nacional y firma quincenal para el ex candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne, por delitos tributarios reiterados en el marco del caso Penta.
La Fiscalía había solicitado en la audiencia arresto domiciliario total para el ex ministro de Minería del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
En tanto, el fiscal Manuel Guerra expuso el monto que recibió Golborne (más de $378 millones) de Penta y otras 10 empresas, a través de 26 facturas ideológicamente falsas.
Entre estas, se encuentran BCI, Caburgua, CAP, Watt’s, Ripley, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Paso Nevado, Inversiones Longovino e Inversiones Santa Virginia.
«Los dineros habrían sido utilizados para financiar su precandidatura presidencial el año 2013 y con posterioridad comienza una candidatura al Senado por la circunscripción oriente», indicó por su parte el fiscal Pablo Norambuena.
El persecutor además acusó al ex abanderado del gremialismo de ser «desleal con la investigación, entregando información falsa», en relación a su declaración ante el Ministerio Público en 2014.
«Tiene derecho a guardar silencia, pero entregar información que es falsa no puede arrogarse a tener una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos», enfatizó Norambuena.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitó las mismas medidas cautelares que la Fiscalía y afirmó que «todos los emisores declaran no haber tenido contacto jamás con las empresas receptoras».
«Golborne se concertó con los emisores de los documentos y con los receptores para cometer el delito de facilitación y evasión del impuesto a las donaciones. En este operaría también la agravante de utilización de documentación tributaria falsa», señaló el representante del organismo.
«El tribunal ha sido categórico en señalar que existen atecedentes que permiten justificar la existencia del delito por el cual se imputó al señor Golborne. Ninguno de los hechos ha resultado desmentido. Hay antecedentes que permiten presumir fundadamente su participación y el tribunal ha indicado que se trata de lo que hemos señalado: delitos graves», dijo el fiscal Guerra a la salida de la audiencia.
«No consideramos un fracaso (que no se haya decretado arresto domiciliario total) creemos que estas medidas también sirven para cautelar y el éxito del procedimiento», agregó el persecutor.
«El señor Golborne ha reconocido haber facilitado a sólo una de las empresas, Penta, pero no ha emitido pronunciamiento alguno sobre otras diez empresas de las cuales se le ha imputado y ha sido objeto de querella por parte del SII. Mientras eso no ocurra noostros no vamos a acceder a reconocer una circunstancia de colaboración sustancial de los hechos (…) hoy día no están dadas las circunstancias para un juicio abreviado», apuntó el fiscal Guerra.
Ante la consulta de los periodistas si fue él o el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien dio luz verde para esta indagatoria, el persecutor contestó: «La instrucción al fiscal Gajardo de abrir esa investigación la di yo, ese tema obviamente estuvo en conocimiento del Fiscal Nacional que compartió esa decisión».
