Ley Reservada del Cobre: la agenda que incomoda a La Moneda y a las FF.AA.

Igual que la agenda de probidad el 2015, después que estallaron los casos Penta y SQM o los cambios en el sistema de pensiones, el debate público para derogar la mítica Ley Reservada del Cobre (LRC), que permite el financiamiento de las Fuerzas Armadas, se le coló por la ventana a La Moneda y terminó de hacer naufragar la premisa que se había instalado durante el primer semestre, sobre abocarse el resto del mandato solo a consolidar la ‘obra gruesa’.

Si bien el Gobierno ya dijo que prefiere postergar la discusión hasta diciembre, es solo un ejercicio para ganar tiempo con un tema que, a todas luces, es una piedra en el zapato tanto para la administración de Michelle Bachelet –que no tenía contemplado este punto en el tramo final de su hoja de ruta–, como también para las ramas castrenses, donde se evidencia cierta incomodidad ante esta discusión.

El viernes 2 de septiembre, el comandante en Jefe del Ejército, Hugo Oviedo, dijo que “lo importante es que la discusión se dé en cómo mantenemos las capacidades que el Estado de Chile se ha dado para su defensa”. Una frase que no fue una salida de libreto, sino que se lanzó estratégicamente durante una actividad de puesta en marcha de un hospital militar, en la que estaba acompañado por la Presidenta Michelle Bachelet.

El debate público ha continuado estos días, pero desde el Ejército evitaron seguir opinando, recalcaron que ya se habían pronunciado sobre el punto, que este debate corresponde a la esfera política y que lo relevante para las FF.AA., tal como lo expresó Oviedo, es que más allá de las formas se resguarden las capacidades de la Defensa Nacional.

Eso es en público, porque en privado se sabe que hay incomodidad en los altos mandos con esta discusión.

Entre quienes están estrechamente vinculados al área de la Defensa y se relacionan con el mundo castrense, explicaron que hay que partir de la base que las FF.AA por tradición son reacias a los cambios, siempre producen ruido interno y la posible derogación de la LRC no es la excepción, más aún cuando desde las filas militares no ven con buenos ojos –agregaron– que el debate se produzca por motivos coyunturales y no porque fuera parte de la agenda de esta administración.

Las fuentes consultadas recalcaron que la incomodidad castrense parte del hecho de que observan que fue el caso Milicogate el que revivió esta demanda en la clase política, pero que nadie reconoce que fue el propio general Oviedo quien hizo la denuncia inicial ante las irregularidades cometidas por la gestión del ex comandante en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba. “Sienten que se está metiendo a todos en el mismo saco y eso es injusto”, sentenciaron en el mundo de la Defensa Nacional.

Otra arista que sacan a colación es que se atribuyen a la Ley Reservada del Cobre todos los problemas que hoy atraviesa Codelco, en circunstancias que ese no es el problema de fondo, sino que el bajo precio del cobre en el concierto internacional y, sobre todo, los problemas de gestión que arrastra la cuprífera estatal, que no ha optado por capitalizar. “En las FF.AA. sienten que es injusto que se les eche la culpa a ellos, la situación no es así, porque lo que hay es una mala gestión que nadie asume”, recalcó una alta fuente de los círculos de la Defensa.

Pero hay un tercer punto que incomoda y preocupa: el mal momento en que se instala esta discusión en el mundo político, no solo porque consideran que esta alimentado por la necesidad de muchos parlamentarios de perfilarse electoralmente, sino principalmente porque existe una “tensión regional” que es innegable, especialmente con Perú y Bolivia, país –este último– con el que está pendiente la resolución de su demanda marítima ante la Corte de La Haya. “Es un mal momento por razones estratégicas, no es bueno dar una señal de debilitamiento”, agregó una ex autoridad del Ministerio de Defensa.

Ese punto, afirmaron altas fuentes gubernamentales, es compartido en La Moneda, desde donde reiteradamente han puesto el acento en la necesidad de abordar el debate con cautela, mesura y más tranquilidad. Para el Gobierno el tema no es la derogación o no de la LRC, sino definir cuál es el mecanismo concreto por el cual se le va a reemplazar para financiar a las FF.AA., lo que consideran está absolutamente en pañales.

Flaco favor

Un par de horas después de anunciar públicamente su disposición de competir para intentar regresar a La Moneda, el ex Presidente Ricardo Lagos concedió una extensa entrevista a Radio Cooperativa, donde esbozó su postura en diversos temas, como la crisis que atraviesa la elite política y los duros cuestionamientos al CAE, establecido durante su primer mandato. Pero también se pronunció sobre la derogación de la LRC: “No da para más”, sentenció y luego dijo que durante su gobierno –entre el 2000 y el 2006– “intentamos y se conversó con las Fuerzas Armadas; claro, en ese tiempo se conversaba con ellos porque eran señores que tenían una influencia distinta a la de hoy, digamos las cosas como son”.

[cita tipo= «destaque»]Hay un tercer punto que incomoda y preocupa: el mal momento en que se instala esta discusión en el mundo político, no solo porque consideran que esta alimentado por la necesidad de muchos parlamentarios de perfilarse electoralmente, sino principalmente porque existe una “tensión regional” que es innegable, especialmente con Perú y Bolivia, país –este último– con el que está pendiente la resolución de su demanda marítima ante la Corte de La Haya. “Es un mal momento por razones estratégicas, no es bueno dar una señal de debilitamiento”, agregó una ex autoridad del Ministerio de Defensa.[/cita]

Las palabras de Lagos le hicieron un flaco favor al Gobierno, porque le dieron piso a la demanda de diversos sectores de la Nueva Mayoría en este punto, especialmente en el PS, PPD y PR –su abanderado, el senador Alejandro Guillier, también aboga por la derogación–, que a pesar de la resistencia de La Moneda no ceden en mantener la demanda en la agenda.

Tal es la presión, que por segunda semana consecutiva el tema fue parte central del comité político de los lunes en Palacio, cita en la cual los ministros políticos pidieron a la coalición esperar a que se zanje el Presupuesto del año 2017 y retomar la discusión a partir de diciembre.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha liderado la estrategia gubernamental de poner paños fríos a la demanda oficialista, primero recordando públicamente que este tema “no está en las prioridades del Gobierno” y, luego –este lunes 5 de septiembre, tras el comité político–, al llamar a la coalición a actuar con criterio de realidad.

“Como lo dijo el ministro (del Interior) Fernández ayer, el Gobierno está muy abierto a discutir la Ley Reservada, pero eso no significa hacer un proyecto de ley que se mezcle con el presupuesto, no significa hacer un proyecto de buenas a primera y menos significa aprobar proyectos de ley que se han hecho en el pasado y que no dejan la situación muy distinta desde el punto de vista fiscal. Esto no se trata de abrir una discusión en el corto plazo porque hay un tema electoral”, sentenció, junto con pedir no pecar de ingenuidad en este debate, pensando que eliminar la LRC es algo que puede suceder de manera inmediata.

Desde los círculos militares vieron como “una señal de sensatez” de La Moneda postergar la discusión unos meses, mientras que en el seno del Gobierno reconocen que la postura de Valdés no es solitaria, sino que refleja la mirada mayoritaria en Palacio sobre este asunto.

Hay un dejo de molestia e incomodidad entre las autoridades de la administración bacheletista con esta discusión, porque consideran que la Nueva Mayoría está recogiendo el guante de las demandas de la calle –ad portas de un año electoral–, en circunstancias que, en los dos años y medio de gestión, nunca, en ningún cónclave o reunión programática, alguien de la coalición levantó la mano para plantear la necesidad de incluir la derogación de la LRC entre las prioridades gubernamentales, menos cuando se tuvo que afinar la agenda de Palacio a los criterios de una economía sin tanto dinamismo, el realismo sin renuncia y consolidar la obra gruesa.

Es más, en el Gobierno afirman que, más allá de las declaraciones para la televisión de diversos dirigentes políticos, ha sido La Moneda la que se ha hecho cargo de los temas que se han colado en la agenda, como fue el caso de las pensiones, con la cadena nacional que hizo la Presidenta Bachelet y la hoja de ruta que ha marcado al respecto, al convocar y liderar el diálogo político con miras a un Pacto Nacional para modificar el régimen de pensiones.

La señal de pedir postergar el debate hasta diciembre le permite al Ejecutivo ganar tiempo, porque en Palacio reconocieron que la Presidenta Bachelet no ha dado ninguna señal concreta de lo que pretende hacer realmente ante este tema. Explicaron que existe la voluntad de diálogo, pero no hay una decisión adoptada de si a partir de esa fecha se le incorpora a la agenda gubernamental, como se hizo con las pensiones, y se establece una hoja de ruta para no perder el control absoluto del debate público con la carrera presidencial ya desatada o, lisa y llanamente, se opta por postergarlo para que sea la próxima administración, a partir de marzo del 2018, la que se haga cargo del espinudo tema.

La presión desde la Nueva Mayoría no es poca. En el PPD reconocen que el escenario es complejo, pero, a pesar de eso, la semana pasada le notificaron al ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre –en una reunión en Valparaíso– que seguirán insistiendo en la derogación.

Lo mismo desde el PS. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, dijo ayer, después del comité político en que se les pidió aplazar hasta diciembre la discusión, que “es ingenuo seguir pensando que todo va a seguir igual. Hay que derogar la Ley Reservada del Cobre. Es de una ingenuidad mayor; entiendo que hay que conversar con las Fuerzas Armadas para ver cuál es el mejor método, pero insistir en la Ley Reservada del Cobre no tiene ningún sentido”.

La demanda política adquiere más peso aún con el informe que elaboró y aprobó en forma unánime, el miércoles 31 de agosto, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las irregularidades en el caso Milicogate. En el documento, los parlamentarios precisaron, sobre la derogación de la Ley Reservada del Cobre, que “el actual sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas cumplió un ciclo. Es necesario establecer un nuevo esquema de financiamiento de ellas que permita la planificación a largo plazo de la Defensa Nacional, una mayor participación del Congreso Nacional en las autorizaciones y controles de los recursos, y mecanismos potentes de control a través de la Contraloría General de la República”.

Por ello, la comisión recomendó “acelerar la tramitación de un proyecto que recoja esos elementos. Una alternativa es poner en discusión el proyecto que ‘establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional’ (Boletín 7678-02). Cabe señalar que dicho proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el año 2012, y el Gobierno actual, ha comprometido, para el segundo semestre del presente año, introducir una serie de modificaciones, mediante la correspondiente indicación, que deberán ser analizadas por la Cámara Alta, y después, en un tercer trámite por la Cámara de Diputados”.

En La Moneda tomaron nota de dicho informe, saben que es una presión extra no menor que el Poder Legislativo asuma una postura así de clara y en forma unánime, pero reconocieron que no se atreven a asegurar que las modificaciones de las que habla el documento –que en diciembre del año pasado estudiaban en el Ministerio de Hacienda para flexibilizar los aportes obligatorios de Codelco– puedan concretarse en los plazos señalados.

La comisión –presidida por el diputado Jaime Pilowsky (DC)– agregó que “mientras se analizan los cambios a la legislación vigente, sobre el sistema de financiamiento de las FF.AA., los diputados integrantes de esta Comisión consideramos necesario que las autoridades del Ministerio de Hacienda estudien las propuestas realizadas por Codelco, efectuando las modificaciones legales o reglamentarias que correspondan” y que “los ingresos de las ventas del Cobre y sus subproductos entren a la Caja de Codelco y se liquiden a fin de año. Ello, a fin de evitar gastos financieros asociados a los requerimientos de liquidez durante el año. Realizando un ejercicio de tendencia, tomando como referencia el año 2015, este costo financiero podría ascender a US$ 35 millones”.

En la derecha reconocen que el espacio para modificar la LRC existe, aunque consideran que la Presidenta Bachelet esquiva el tema porque su historia personal, al tener su origen en la propia familia militar, la complica para asumir esta discusión y tensionar, así, su buena relación con las FF.AA.