La información que se recopile es clave para establecer si hubo o no pagos para aprobar la ley de Pesca.
En el marco del caso Corpesca, funcionarios de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la Policía de Investigaciones (PDI) incautaron hace unos días documentación de 2009 a 2016 y computadores de las oficinas que tienen en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, las empresas Blumar S.A. y Camanchaca.
Esto, luego que la jueza María Carolina Herrera ampliara a petición del Ministerio Público las órdenes de entrada y registro concedidas por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
Por su parte, el fiscal jefe de Coronel, Carlos Palma, solicitó además una ampliación de la orden requerida respecto del gerente general de la empresa Congelados del Pacífico S.A., Marcel Moenne Muñoz, y de Camanchaca Pesca Sur.
Por su parte, la magistrada extendió la autorización para incautar la información que se encuentre almacenada en la empresa Ducobox, ubicada en Camino Coronel.
Cabe consignar que el Ministerio Público pidió en septiembre pasado al Servicio de Impuestos Internos (SII) copia de las boletas electrónicas de honorarios y facturas de ventas de 16 empresas ligadas al mundo pesquero, correspondientes a los años tributarios entre 2009 y 2016.
Se mencionan las siguientes firmas: Pesquera Bío Bío, Blumar, Orizon, Lota Protein, Enapesca, Alimar, Bahía Coronel, Landes, Coloso, Grimar, Los Fiordos, Camanchaca, Cannex, Food Corp, Congelados del Pacífico y Alimentos Mar Profundo.
Tal como consigna El Mercurio, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, está concentrado en recopilar diversos antecedentes de las pesqueras y en conseguir los correos electrónicos de los ejecutivos.
La información que se recopile es clave para establecer si hubo o no pagos para aprobar la ley de Pesca.
