Uno había postulado al Ejército y el otro a la PDI
Después de cuatro meses en los que patrullaron las calles con un auto equipado con sirena y baliza, los universitarios que se hacían pasar por funcionarios de la PDI fueron formalizados por el delito de usurpación de funciones, “algo que constituye un delito muy grave”, comenta el abogado y profesor de la Universidad de Chile, agregando que “estos jóvenes, que han sido tan publicitados, estuvieron corriendo un riesgo inmenso debido a una errada visión cinematográfica que, supuestamente, los faculta para actuar privadamente en pos de la justicia”.
Mucha tele, gimnasio y películas de acción son algunos de los apuntes que, hasta ahora, se han recopilado de los universitarios que durante cuatro meses “patrullaron” las calles de Santiago, haciéndose pasar por funcionarios de la PDI, llegando incluso a efectuar “detenciones”.
“Nuestro primer arresto fue por Recoleta. Unos flaites arrastraban a un inválido. Lo arrastraron como 10 metros, para sacarle lo poco y nada que tenía. Cuando lo rescatamos, él nos decía que podía ver el aura de las personas (…). Quizás él nos vio como unas personas que le podían dar una segunda oportunidad”, dijo Juan Pablo Ruiz, en entrevista con El Mercurio.
Los veinteañeros fueron tending topic durante la semana, destacando el gran número de comentarios que festejaron y avalaron la denominada “justicia ciudadana”.
“Los vengadores, en vez de procesarlos, debiesen contratarlos y condecorarlos; son y serían quizás los únicos policías que hacen bien su trabajo”, escribió un usuario.
Al respecto, el abogado penalista, Julián López, descarta que a partir del caso de “Los Vengadores” se pueda hacer una generalización acerca de un fenómeno global de ciudadanos tomando la justicia por sus propias manos. “Muy por el contrario, a mí me parece que estamos frente a un caso de adolescentes tardíos, con alguna obsesión particular frente a las películas de acción, y que tratan de emular, de manera patética, a los héroes que han visto en las películas de Hollywood”.
Agrega que “más allá de lo pintoresco que resulte el caso, no es razonable que se haga una generalización como si esto fuera un fenómeno social”.
Consultado por los límite que tienen los ciudadanos al efectuar “detenciones”, López destacó que “la ley no autoriza a que la gente se tome justicia por sus propias manos, más que en casos absolutamente extremos; en el resto de los casos, el sistema penal funciona sobre la base de que las sanciones penales son una cuestión pública, y que compete al Estado y no a los particulares. Por eso, muchas conductas que el Estado está legitimado para hacer, constituyen derechamente delitos cuando lo realiza un privado”.
Cita como ejemplo el hecho de que un individuo realice una “detención ciudadana” y luego encierre en algún domicilio al perseguido. “En ese caso, se comete delito de secuestro”, apunta.
Asegura, sin embargo, que “está dentro de las facultades que tienen los ciudadanos detener a otra persona cuando esta es sorprendida cometiendo delito flagrante”. Lo que importa –explica – es que sea algo ocasional, es decir, cuando de forma circunstancial se convierte en testigo directo de un delito.
“Pero tratar de asumir el rol de la policía, utilizando equipamiento que no está permitido a particulares, constituye un delito muy grave porque pone en riesgo la credibilidad misma de las instituciones”, recalca.
