El día de ayer el ministro del Interior, Mario Fernández, visitó al menor en la clínica Alemana de Temuco. Para sus cercanos, esto solo sería un «lavado de imagen» y buscan que «el Estado pague con justicia, ya que el miedo de los niños y todos los que viven alrededor se instaló en nuestros hogares, y el dolor que sentimos, ya no se puede reparar».
Al mediodía del jueves el ministro del Interior, Mario Fernández, fue hasta las dependencias de la clínica Alemana en Temuco, para manifestar su preocupación por la situación que tiene en la UCI al joven mapuche de 17 años Brandon Hernández Huentecol, quien fue baleado por la espalda por Carabineros y resultó con más de cien perdigones esparcidos por su cuerpo, por lo cual ya ha sido sometido a tres cirugías.
El responsable fue el sargento Cristian Rivera, quien quedó en libertad y la institución lo respaldó calificando el hecho como un «accidente».
Para la familia del joven, este no es un hecho aislado. Por medio de un comunicado público, denuncian que es algo reiterativo dentro de la comunidad de Curaco, y que «jóvenes y niños se ven limitados a vivir su infancia y juventud en plenitud, siendo acosados tanto de forma psicológica y físicamente».
Sin ir más lejos, acusan que el día después de haber sido baleado Brandon Hernández, «nuestro hijo menor de 11 Jesús Israel es violentado por un efectivo de Fuerzas Especiales apuntándolo con su arma en el pecho en las afueras de nuestro hogar», cuenta su familia. Explican que los ataques y violencia desde Carabineros es habitual en la zona.
Sobre las palabras del ministro Fernández, «creemos que solo hablan de un lavado de imagen del Gobierno, ya que ellos son los responsables de llenar las comunidades de Fuerzas Especiales y servicios de inteligencia, de instaurar el miedo y la violencia a todos quienes somos parte de comunidades mapuche y vivimos en zonas rurales».
«En la reunión con el ministro le comunicamos nuestro deseo de justicia pero también de paz, para lo cual se hace necesario que la policía deje el maltrato a todos los habitantes de la zona y la región, sacándolos de las comunidades y zonas rurales, donde mapuches y gente humilde solo queremos vivir tranquilos», declararon.
Por último, aseguraron que como familia buscan que «el Estado pague con justicia, ya que el miedo de los niños y todos los que viven alrededor se instaló en nuestros hogares, y el dolor que sentimos, ya no se puede reparar».
