Demandan al Estado representado en el Mineduc por haber avalado la carrera trucha
Han pasado 10 años desde que la carrera cerró, dejando a cientos de estudiantes sin campo laboral. Sin embargo, nadie les respondió. Ahora se juegan una última carta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y remueven las historias detrás de la estafa: frustración, depresión y suicidios, en un fraude en el que también participó una universidad pública. Todos eran la primera generación de universitarios en sus familias. “Ahí no solo hubo plata invertida, también esperanzas. Hay gente que está endeudada hasta 2020, que sigue pagando y eso que la carrera nunca le ha aportado un peso”, señala el abogado que los representa. [ACTUALIZADA. Ver N de la R al final de la nota]
En agosto de 2010, dos semanas antes de su cumpleaños, José Patricio Villagra viajó desde Santiago hasta el campo de sus abuelos en Parral. Le pidió a su abuela que almorzaran en el comedor que tenía reservado para las visitas. Ella sacó la loza de fiesta: platos blancos con flores rosadas y bordes dorados. José tenía la mochila cargada de ropa que repartió entre los trabajadores de su abuelo agricultor.
Días después, la abuela comprendió que su nieto había viajado a despedirse. Aunque ese día de agosto que los visitó, estaba feliz. De hecho, le costó despedirse cuando regresó a Santiago. Les dio como ocho abrazos y besos en las mejillas antes de enfilar rumbo a su casa en La Florida.
A pesar de la alegría de los abrazos, hacía años que José no era el mismo.
Después de salir del colegio estudió cinco semestres como laboratorista dental. Se recibió. Pero quiso más: escuchó hablar de la carrera de Criminalística en la UTEM. El papá de su polola fue su aval. Juntó pesos por aquí y por allá. También pidió un crédito Corfo y pagó la carrera completa. Sin embargo, cuando estaba en cuarto año de la misma, supo que lo habían estafado. Ese año se conoció públicamente que dicha carrera no tendría campo laboral. José Patricio no quiso seguir adelante. Todo se vino abajo.
Una noche, sentado bajo el parrón, conversó con Mónica, su mamá.
–Mamita, yo no soy nadie. Soy un fracasado, no sirvo para esta sociedad. Dime en qué le aporto.
–Yo también estudié de grande y tú eres un niño, tienes mucho tiempo aún para salir adelante –le contestó Mónica. O al menos eso recuerda que le contestó en esos años mezclados de tristeza y vacíos.
“Es que, como mamá, tú confías en el sistema. No crees que está mal hecho y que se confabula para robarle a la gente pobre. A los que nos endeudamos para poder tener un sueño”, rememora Mónica Retamal a seis años de esa conversación. Una de las últimas, más profundas, con su hijo.
Entre los años 2003 y 2010, la UTEM formó a más de 5 mil personas para ser peritos criminalísticos, en el contexto de la Reforma Procesal Penal que los incluiría, pero que al final los dejó fuera. La carrera cerró en 2007 en medio de un gran escándalo. Los estudiantes afectados golpearon puertas, hablaron con parlamentarios, pero, transcurridos diez años desde ese hecho, nunca recibieron reparación económica ni moral. Nunca tuvieron campo laboral.
Por esa razón, en julio de este año, llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hoy se encuentran en conversaciones con la Cancillería.
[cita tipo= «destaque»]“Es que, como mamá, tú confías en el sistema. No crees que está mal hecho y que se confabula para robarle a la gente pobre. A los que nos endeudamos para poder tener un sueño”, rememora Mónica Retamal a seis años de esa conversación. Una de las últimas, más profundas, con su hijo.[/cita]
El abogado Sebastián Weinborn, que representa a cerca de 700 afectados, dice que existe la violación de varios derechos. Aunque Chile no ha ratificado el Protocolo de San Salvador, la Corte ha fallado varias veces guiada por el resguardo de los derechos sociales protegidos en el Pacto de San José de Costa Rica. “Acá hay una doble responsabilidad del Estado: el Mineduc aceptó que la carrera existiera y una universidad pública la impartió. Además, no es que el mercado sea chico, sino que el Estado les prohibió a los alumnos trabajar como peritos. Es decir, hay afectación al derecho al trabajo”, sostiene Weinborn.
Entre los alumnos afectados, hay algunos que están pagando el Crédito con Aval del Estado (CAE) hasta el año 2020. Otros que han sido embargados. O han visto su vida en pausa y alterada para siempre.
Juan Carlos Parraguez se entusiasmó apenas supo de la carrera. En su familia de esfuerzo, sería un privilegio que él estudiara en la universidad. “Tenía la esperanza e ilusión de torcer el destino y tener un mejor futuro y ser el orgullo de mis padres”, cuenta Juan Carlos. Para eso trabajó duro como conserje en un edificio. Fue pagando mensualmente las cuotas de la carrera.
El año 2007, Juan Carlos debió lidiar con dos cruciales y malas noticias al mismo tiempo: supo que su carrera era un fraude y además fue diagnosticado de un cáncer testicular que fue tratado con muchas sesiones de quimioterapia. Luchaba contra el cáncer y pagaba una carrera inexistente. “Me provoca un dolor muy grande volver a recordar ese tiempo. Es como una mochila pesada que cargo hasta hoy”, relata Juan Carlos, quien también es parte de la demanda contra el Estado.
El abogado Weinborn dice que el caso también es grave porque el Estado aceptó su responsabilidad en varios momentos. “La ex ministra de Educación Yasna Provoste dijo que el Estado iba a reparar a las víctimas. Se creó una comisión investigadora que evidenció que lo que pasó fue ilegal. Contraloría también se pronunció, pero el Estado no respondió. Y lo que es más curioso… el mismo Ministerio de Educación nos mandó al Sernac a demandar porque se trataba de consumidores”, plantea Weinborn.
El abogado también añade que hay un denominador común que afecta a casi todos los estudiantes: era la primera generación de universitarios en sus familias. “Ahí no solo hubo plata invertida, también esperanzas. Hay gente que está endeudada hasta 2020, que sigue pagando y eso que la carrera nunca le ha aportado un peso”.
Desde la Cancillería señalan que el caso aún no ha sido notificado al Estado, por lo que no tienen conocimiento oficial del mismo. «Ante la solicitud de la defensa de los estudiantes de enviar una propuesta de solución amistosa, la Cancillería se reunió con ellos extraoficialmente y se les explicó que el Estado se encuentra impedido de entablar conversaciones al respecto mientras no esté notificada la denuncia. Hasta ese momento de la notificación, el caso no existe oficialmente para el Estado», indican.
Días después de haber celebrado su cumpleaños número 29, José Patricio Villagra, montado en su moto, se estrelló contra una micro. No había más autos cerca, no existen motivos que expliquen un choque accidental. A su mamá, Mónica, le quedó la sensación de que no fue un accidente sino que una decisión:
–Él ya estaba muy agobiado. Estuvo con fármacos cuando la carrera fracasó: pastillas para dormir, jaquecas y depresión. Yo lo llevaba de urgencia tres veces a la semana, justamente por los dolores de cabeza. Él era muy generoso, soñador, buen hijo. Quería participar en el sistema judicial y ayudar. Pero se fue apagando. Pasó de ser un niño soñador a ser un adulto triste. Yo siempre me comparo con un avión; mis dos hijos eran mis alas. Se fue él y me quedé sin volar.
Han pasado 6 años desde la muerte de José Patricio Villagra, quien sufrió una profunda depresión después de cursar 9 semestres de la carrera. Su madre, Mónica Retamal, cree que su hijo se suicidó.
Mónica es uno de los nombres entre los cientos de demandantes. Participa en la acción judicial porque la mantiene en pie la idea de hacer justicia, aunque su hijo no esté para verlo.
Días después de su muerte, Mónica descubrió que en su última visita a los abuelos, José regaló la mejor ropa. Dejó su clóset vacío. A su fiesta de cumpleaños invitó a todos los amigos que conoció en su vida. Fueron días de agradecimiento y despedida, aunque a ella nunca se le quitó el mismo sentimiento que la cruza desde 2007, cuando supo que la carrera se cerraba. “Siempre pensé cómo este país de mierda me puede hacer esto. Es como si yo hubiera intentado protegerlo durante toda la vida; y Chile, de maltratarlo”.
(*) N de la R: La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) ha hecho llegar a este medio una carta a través de la cual ejerce su derecho a aclarar y rectificar errores existentes –a su juicio- en esta nota periodística, la cual expresa, en lo medular, que en esta publicación se entregó información predisponiendo negativamente al lector en contra de la UTEM, al señalar que esta casa de estudios habría cometido una «estafa» en contra de sus estudiantes mediante un «fraude», término que se encuentra tipificado como delito por la legislación nacional; carta en la cual se rechazan estas aseveraciones y se sostiene enfáticamente que son infundadas. Lea la carta completa aquí.
A este respecto y en referencia al contenido de la nota periodística rectificada, El Mostrador señala que los términos “fraude” y “estafa” no fueron usados en sus acepciones legales, de tipos delictivos específicos contemplado en el Código Penal, sino que fueron utilizados de acuerdo al significado de uso común y corriente de esas palabras (como sinónimos de “engaño”), pues la nota se refiere a los reclamos de los alumnos afectados por la grave situación descrita en este artículo de prensa. Es más, la palabra “engaño” fue incluida expresamente en el Informe que emitió la Cámara de Diputados, evacuado en 2009, y que se denomina«Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre creación de la carrera de criminalística».
