La Sala rechazó gran parte de las normas, como las que permitían requerir información en el extranjero, y la creación de agentes encubiertos o reveladores. Debido a ello el proyecto no sigue la tramitación y no puede insistirse en la materia hasta que transcurra un año.
La Cámara de Diputados votó esta tarde el proyecto de ley que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.
Pese a que el proyecto fue aprobado en general, con 55 votos a favor, 33 en contra y 10 abstenciones, los artículos que requerían un quórum de aprobación especial (60 y 67 votos, según si era quórum calificado o quórum de ley orgánica constitucional) fueron rechazados por no alcanzar el número requerido de preferencias. Ello significó que, a su vez, las normas aprobadas, pero que se veían modificadas por los artículos rechazados, también se cayeran.
El texto legal incorporaba la figura del agente encubierto, funcionario policial que ocultaría su identidad oficial para involucrarse o introducirse en organizaciones delictivas e identificar a los participantes, reunir información y recoger los antecedentes necesarios para la investigación.
Tampoco se aprobó la norma que disponía que para asegurar el éxito de alguna investigación de este tipo de delitos, el fiscal nacional podría requerir de los órganos y servicios de la administración del Estado, incluidas las fuerzas de orden y seguridad pública, la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias, en comisión de servicio a la fiscalía nacional.
Otras disposiciones rechazadas autorizaban al fiscal nacional a nombrar un fiscal con dedicación exclusiva o preferente para investigar este tipo de hechos; y facultar al ministerio público a efectuar indagaciones y actuaciones en el extranjero dirigidas a recoger antecedentes acerca de hechos constitutivos de alguno de los delitos a los que fueren aplicables las disposiciones de esta norma, pudiendo para ello solicitar directamente asesoría a las representaciones diplomáticas y consulares chilenas.
Tampoco se respaldó el artículo que permitiía al fiscal designado para requerir de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), a través del fiscal nacional, toda la información que tenga en relación con el caso y los recursos operativos necesarios para el éxito de una investigación.
Las dos últimas disposiciones que no lograron sumar el quórum necesario son la que obligaba al menos una vez al mes, al fiscal designado para investigar, a remitir un informe al fiscal nacional que tendría el carácter de reservado; y la que permitía al fiscal designado solicitar a la Corte Suprema la prórroga de competencia a tribunales ubicados en una región distinta a aquella en que hayan tenido lugar los ilícitos, siempre que ello sea indispensable para el éxito de la investigación o para la seguridad de los intervinientes, testigos y peritos.
Luego de este rechazo, el proyecto queda archivado y no se puede insistir en la materia hasta transcurrido un año.
Por su parte el diputado Hugo Gutiérrez sostuvo que “la aberración jurídica que la ultraderecha ciertamente quería hacer aprobar en este parlamento ha quedado mutilada dado que una minoría de representantes ciudadanos rechazaron estas modificaciones que permitiría la utilización de jueces sin rostro, porque ellos estaban prorrogando las competencias desde Temuco hasta cualquier parte de nuestro país. Prorrogar la competencia en materia penal es algo totalmente abominable”.
Gutiérrez agregó que “estaban creando figuras que permiten infiltrar organizaciones sociales. Hay que recordar que la Ley Antiterrorista fue creada en Dictadura para combatir al enemigo interno y en ese tiempo, el enemigo interno no era nada menos que los que hoy son Gobierno. Es decir, estaba hecha para la persecución política”.
“Hoy hubo al menos una minoría digna que pudo oponerse a una mayoría indigna que lo que permitía era seguir combatiendo de manera ilegitima las pretensiones del pueblo Mapuche. No podemos seguir haciéndole modificaciones a una ley hecha por un dictador, a fin de perseguir a movimientos sociales, principalmente a un pueblo originario como lo es el pueblo Mapuche. Eso es inaceptable”, concluyó.
Por el contrario el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) lamentó que se haya rechazado un proyecto «que buscaba darle más herramientas a los fiscales para poder investigar delitos terroristas».
El legislador cuestionó que «en Chile, si alguien coloca una bomba en un edificio, los fiscales no cuentan con ninguna atribución excepcional para investigar ese tipo de delitos, y nosotros creíamos importante que pudieran tener esas herramientas, como también poder juzgar en otro territorio jurisdiccional cuando hubiese una presión que evitara que los jueces fallaran con total libertad, sin presiones».
