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Fraude en Carabineros: ordenan prisión preventiva para 12 nuevos imputados

por 6 junio, 2017

Fraude en Carabineros: ordenan prisión preventiva para 12 nuevos imputados
La Justicia hasta la fecha ha ordenado la detención de 74 personas.
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Más de 21.000 millones de pesos suma hasta hoy el mayor fraude ocurrido en la historia de Carabineros y, además, la Justicia hasta la fecha ha ordenado la detención de 74 personas.

Según fuentes judiciales, el Juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, determinó la prisión preventiva para 12 nuevos imputados en el millonario desfalco.

Entre los últimos formalizados se encuentra la pareja de civiles, Fernando Figueroa y María Rojas, que recibieron remuneraciones por sobre los 5.000 millones de pesos sin tener ningún vinculo laboral con la Policía, según datos entregados por el fiscal Eugenio Campos, que lleva el caso.

El fiscal aseguró que los dineros fueron entregados a los supuestos cabecillas del fraude, entre ellos, el general en retiro y ex jefe de finanzas de la institución, Flavio Echeverría, actualmente formalizado por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y malversación de caudales públicos.

El fraude consistió en el desvío de dinero de cuentas corrientes de la institución hacia cuentas personales.

La indagatoria comenzó a raíz de un informe de un banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por una transacción de dinero sospechosa bajo las nuevas leyes de lavado de activos.

La UAF creyó que podía tratarse de una transacción relacionada con el narcotráfico y alertó a la unidad especializada en esos delitos de Carabineros, que comprobó que una suma cercana a los 300 millones de pesos había sido depositada en la cuenta de un teniente de la institución.

Este fraude se suma al del Ejército de Chile conocido como 'Milicogate', que llevaron a cabo oficiales y miembros de la institución durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que un semanario destapó en agosto del 2015.

En ese caso se denunció la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos de las arcas públicas a través de facturas falsas que se amparan en el secreto de un fondo conformado según la llamada Ley Reservada del Cobre.

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