Los legisladores, todos de oposición, enviaron un oficio al decano con el fin de conocer detalles como los contratos de académicos y las razones para aumentar la matrícula el año 2018.
Los diputados Jaime Bellolio (UDI), Joaquín Godoy (Amplitud) y Pedro Browne (ind.) solicitaron por la vía de un oficio al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, que entregue una serie de antecedentes «relacionados con los presuntos problemas económicos por los que atraviesa» dicha institución académica.
En el documento detallan que la petición busca «cumplir con nuestro rol fiscalizador, prescrito por la Constitución Política de la República, y producto de las publicaciones conocidas ya sea por los medios de comunicación social o directamente por académicos, estudiantes y ex estudiantes de la misma entidad».
Es así como requirieron saber «si es efectivo que la Facultad de Derecho posee colocaciones o préstamos en dinero a algún otro tipo de activo financiero, ya sea en forma directa o por intermedio de alguna de las Vicerrectorías de la Universidad de Chile. Si lo anterior es efectivo, a cuánto ascienden aquellos montos y cómo han variado desde enero del año 2015 hasta septiembre de 2017».
También solicitaron un informe sobre el estado financiero de la Facultad, con el detalle de los pasivos entre 2015 y 2017 y los gastos operacionales asociados, y otro informe sobre posibles observaciones a estados financieros que haya efectuado la Vicerrectoría de Asuntos Económicos o alguna otra a la Facultad de Derecho.
Asimismo, pidieron a Harasic que le entregue listados tanto de los académicos contratados como investigadores, incluidas sus jornadas y sueldos o remuneraciones en los últimos tres años, como también de las autoridades y funcionarios contratados en el mismo período, y que explicite si existe algún mecanismo de control de asistencia para académicos «a fin de acreditar su dedicación laboral» o si alguno de ellos ha solicitado algún tipo de permiso sin goce de sueldo durante este año y las razones para ello.
Además de solicitar al decano otro informe detallado de los contratos y obligaciones de los investigadores, profesores y académicos, los legisladores de oposición pidieron conocer detalles de las sesiones y resoluciones del Consejo de la Facultad de Derecho desde el año pasado y también un detalle de las «razones políticas, económicas, sociales, estudiantiles o de cualquier tipo para argumentar el aumento de matrícula para el próximo año 2018, y cuál ha sido la evolución de ésta en los años 2015, 2016 y 2017».
En ese sentido le pide que informe «acerca de la existencia de algún tipo de estudio o informe que precise el impacto del aumento de vacantes para 2018 y si en esa eventual evaluación se considera cuán perjudicial o no sería dicho aumento considerando los efectos que podría generar la implementación de la gratuidad para la calidad de la educación que reciben los estudiantes de la Facultad de Derecho».
En este punto requirieron saber si existe algún «plan interno que permita la dictación de cátedras sin sobrepoblar las aulas y los espacios comunes de estudiantes, indicando además si se mantendrán horarios para almuerzo y recreación» y solicitaron «el listado de cursos en todas sus dimensiones (obligatorios, electivos, optativos y libres), los semestres que se han impartido los años 2015, 2016, 2017 y aquellos que se pretenden cerrar o agregar el año 2018».
Finalmente, pidieron un informe del estado de situación de la Editorial Jurídica, dependiente de la Facultad de Derecho, con detalles como su cantidad de funcionaros y la modalidad de contratación de éstos.
