El fiscal Carlos Gajardo señaló que «no se lograron reunir antecedentes para efectuar una imputación penal».
El 27 de septiembre, el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, decidió cerrar la investigación por posible lucro contra los tres planteles del grupo Laureate que seguían siendo indagados por el Ministerio Público: las universidades Andrés Bello, de las Américas y de Viña del Mar.
Así, se pone fin a la decisión de las indagatorias por presunto lucro en universidades, que se extendieron por más de cinco años.
La determinación en el caso Laureate -explicó ayer Gajardo a «El Mercurio»- tiene su justificación en que «no se lograron reunir antecedentes para efectuar una imputación penal, teniendo especialmente en consideración que el lucro en las instituciones de educación superior, si bien está prohibido, no se encuentra sancionado como un delito penal, existiendo actualmente un proyecto de ley en el Senado en que el tema se está debatiendo».
Cabe recordar que en los planteles de Laureate, Gajardo había advertido la eventual existencia de delitos tributarios, por lo que remitió los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII). Lo último que se conocía era que estaba a la espera de una respuesta del organismo. No obstante, según indicó el fiscal, «no existió tampoco denuncia o querella por parte del SII que permitiera llevar adelante una imputación».
Frente a esta decisión, Jesús Villate, director ejecutivo de Laureate para la región Andina, sostuvo: «Constata lo que dijimos desde el primer día, y es que tanto Laureate como las universidades han cumplido siempre con la ley chilena, tanto en su letra como espíritu».
Luego, agregó: «La investigación de la fiscalía duró más de cinco años, y durante ese tiempo las instituciones no solo debieron centrarse en responder a todos los requerimientos de los fiscales, sino también enfrentar una situación injustificada de cuestionamientos públicos que no tenían asidero y que afectaron mucho a sus comunidades».
