La polémica se instala justo antes de la visita del Papa
Pese a que la mayor responsabilidad recae en la Red Salud UC Christus, las esquirlas del caso de Daniela Vargas han llegado hasta una de las máximas autoridades de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Las críticas reabrieron un duro debate al interior de la PUC: la dualidad entre la moral y deber católico de una universidad pontificia y el hospital que ya cargaba con el dolor de la familia de otro pequeño, la de León Smith, a la que le pidieron firmar un pagaré –como condición para la importación de un corazón artificial–, cuando el niño estaba en su etapa más crítica. El menor también falleció.
«Aquí no se dejó a un lado a la niña porque era pobre ni mucho menos», fueron las palabras del coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud, José Luis Rojas, en relación con la muerte de Daniela Belén Vargas Vargas, la niña de 13 años que se encontraba bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores en Chiloé y que falleció en 2015 producto de un infarto, 16 días después que el Comité de Ética de la Red Salud UC Christus considerara que no era apta para entrar a la lista de trasplantes. ¿El argumento?: «Una precariedad familiar, social y personal».
Tras dos años en el anonimato, el caso fue revelado este miércoles por ‘La Mañana’, de Chilevisión, donde se dio a conocer que, tras ser evaluada por la clínica en Santiago, el comité ético emitió un informe en el que se detallaban las razones para excluir a Daniela de la lista de espera.
El documento, que fue exhibido en el reportaje, señalaba como argumentos que el éxito de un trasplante no recae solo en la operación sino también en «un cuidado y seguimiento postoperatorio adecuados, en el cual la adhesión al tratamiento y los controles médicos son vitales». El mismo informe agregaba que «la condición de precariedad familiar, social y personal de esta paciente hacen que el trasplante cardíaco no esté indicado» y que, si cambiaban dichas condiciones, su ingreso a la lista podría ser revaluado.
Sin embargo, la menor falleció 16 días después de haber sido dada de alta por el centro hospitalario.
Desde la Red de Salud UC Christus aseguraron que cumplieron con los pasos y protocolos correspondientes y se concluyó que Daniela Vargas, considerando su enfermedad, “no tenía en ese momento las condiciones mínimas necesarias para pre y postoperatorio” y, por ello, el “trasplante estaba contraindicado”, dijo Felipe Heusser, director médico de Red de Salud, quien reiteró que el centro hospitalario “no aplica criterios de selecciones de los pacientes basados en su capacidad económica ni su condición social”.
La muerte de la pequeña Daniela reabrió un duro debate al interior de la Pontificia Universidad Católica: la dualidad entre la moral y deber católico de una universidad pontificia y la supremacía del sistema económico y función empresarial de la PUC, dos almas que nunca se han podido conciliar al interior de la casa de estudios, pero que el rector Sánchez “estuvo dispuesto a administrar, hasta que escogió el bando económico y el extremo valórico del mundo conservador”, sostiene un dirigente sindical de la PUC.
[cita tipo=»destaque»]La noticia tomó por sorpresa a Ignacio Sánchez. Desde su círculo en la PUC, reconocen que había sido un año turbulento para la rectoría, principalmente para él, como figura pública. La discusión respecto al aborto, el cuestionamiento a su rol público, desde diferentes flancos, fueron acallados con la victoria en el Tribunal Constitucional (TC), que le otorgó la objeción de conciencia a la Católica y no será obligada a realizar abortos en los centros médicos dependientes de la Red UC Christus.[/cita]
La noticia tomó por sorpresa a Ignacio Sánchez. Desde su círculo en la PUC, reconocen que había sido un año turbulento para la rectoría, principalmente para él, como figura pública. La discusión respecto al aborto, el cuestionamiento a su rol público, desde diferentes flancos, fueron acallados con la victoria en el Tribunal Constitucional (TC), que le otorgó la objeción de conciencia a la Católica y no será obligada a realizar abortos en los centros médicos dependientes de la Red UC Christus.
A pesar de esta victoria, a Sánchez se le abrió un flanco interno. Estudiantes y trabajadores criticaron la falta de diálogo al interior de la universidad y arremetieron en contra del rector por los medios. Para Sánchez las críticas internas nunca han sido un problema, el punto es que se necesita “la casa ordenada para la llegada del jefe”, explica un académico.
La visita papal claramente es un tema relevante para la PUC, no solo porque es la máxima autoridad de la universidad, y designa directamente al rector, sino también porque la línea de la casa de estudios no es la más cercana al Papa Francisco, “por algo su visita está dirigida por los jesuitas”, agregan desde la Facultad de Teología de la UC.
Una línea política y eclesiástica que no es de las más cercanas a monseñor Ricardo Ezzati y, por ende, al rector Sánchez, quien durante su último periodo se ha convertido en el “alfil del más duro conservadurismo de la Iglesia”, agrega un académico de la universidad.
Esta encrucijada es la que habría hecho que Sánchez montará en cólera ante la pregunta por la muerte Daniela a la espera de que la Red de Salud UC Christus pudiera aceptarla en la lista de trasplantes.
Tanto fue su enojo, que ante la pregunta de por qué la red dejó afuera a la menor, señaló que “el tema de trasplante lo va a hablar la Red Salud”, y ante la consulta de “¿qué significa la palabra precariedad?”, le respondió molesto al periodista que lo interrogaba: “Búsquelo en el diccionario”, al tiempo que repitió que solo el decano y el director del hospital van a referirse a este tema.
Desde el mundo estudiantil de la PUC, señalan que lo ocurrido con Daniela solamente reabre la discusión en torno al rol público de la universidad, además de cuán católica es, si es que se le niega la atención médica a una menor justamente por encontrarse en un estado de vulneración.
Entre los académicos el tema también despertó más de una suspicacia, principalmente porque la defensa férrea de la vida hecha por el rector Sánchez, durante el proceso de discusión en el tema del aborto, no se condice directamente con el actuar de la Red de Salud UC Christus, ya que la defensa de la vida debiera ser de forma transversal.
Apenas el caso salió a la luz pública, los cuestionamientos comenzaron a recaer tanto en el Hospital de la Universidad Católica como en el Servicio Nacional de Menores (Sename).
Cabe mencionar que por resolución del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, es el fiscal Marco Emilfork, a cargo del denominado caso Sename, quien se encarga de investigar casos de fallecimientos de niños en custodia en centros. Los otros casos de menores que se encuentran en programas ambulatorios, como es el caso de Daniela, se van agregando progresivamente.
Sin embargo, este jueves el fiscal Emilfork salió a informar que ya hay una investigación en curso respecto a este caso en particular, al que decidió dejar como prioridad, y que será indagado por el propio equipo que ha estado realizando las diligencias en la causa que comprende la muerte de menores.
“En este caso particular, de Daniela, decidí priorizar la investigación en atención a los antecedentes que se han expuesto, algunos de los cuales han sido de público conocimiento en términos también de que existe una focalización prioritaria respecto de esclarecer si existe o no responsabilidad penal por parte de distintas personas que finalmente hayan redundado en su fallecimiento”, señaló el persecutor.
Asimismo, fue enfático en expresar que “estamos precisamente en eso, enfocando fuertemente la investigación para potenciar el esclarecimiento de los hechos en este caso. Nosotros creemos que todos los casos merecen nuestra atención. En este momento, tratándose de esta situación en particular, me parece que los antecedentes son lo suficientemente graves como para poder impulsarla de una manera mucho más potente y mucho más priorizada en este momento», planteó.
Frente a las responsabilidades, el fiscal fue claro en indicar que no existirán límites para investigar, ya sea a nivel de Salud, de Sename, así como de determinadas personas u organismos colaboradores que hayan estado vinculados al fallecimiento de Daniela.
Sin embargo, el caso de Daniela no es el único que involucra al Hospital de la Universidad Católica y la ética en temas de trasplantes. La tarde del domingo 24 de abril de 2016, Juan Guillermo Smith confirmaba, a través de su cuenta de Facebook, la muerte de su hijo, el pequeño León Smith, de 4 años, quien nació con una miocardiopatía dilatada que lo mantuvo, a sus cortos años, esperando por un donante en el Hospital Clínico de la UC.
Pese a que León encabezaba el primer lugar en la lista de espera, el órgano que necesitaba para vivir nunca llegó. Con tan solo 4 años el niño sobrevivía con un doble corazón artificial desde diciembre de 2015, el que a fines de abril del año pasado falló. Le causó tres infartos cerebrales y obligó al equipo médico de la UCI a desconectarlo, luego que sus padres decidieran que se convirtiera en donante.
Sin embargo, la familia del menor también decidió presentar un reclamo ante la Superintendencia de Salud en contra de la Red de Salud UC Christus, por infracción a la Ley de Urgencia.
Los padres alegaban por la firma de un pagaré, que fue solicitado por el centro hospitalario, una condición que permitiría la importación del corazón artificial que requirió León y que le fue instalado en diciembre de 2015, mientras su salud se encontraba en estado crítico.
En julio de 2016, luego de dos meses de análisis, y tras el deceso del menor, la superintendencia constató irregularidades y resolvió formular cargos contra el Hospital Clínico de la Red de Salud UC Christus por infracción a dicha ley. “El establecimiento reclamado efectivamente condicionó la atención de salud de urgencia que requería el paciente, a la suscripción y entrega de un pagaré y un mandato para su llenado”, determinó el organismo.
Juan Guillermo Smith, conforme con la resolución, manifestó en ese entonces que, con eso, “lo que se reconoce es que nosotros como familia dijimos siempre la verdad. Desde el comienzo planteamos que había irregularidades y que nos habían hecho firmar un documento que no correspondía”, dijo.
