Ente fiscalizador optó por no tomar razón del acuerdo, dejando en vilo la continuidad del sistema de monitoreo telemático de reos, cuya nueva licitación está entrampada por las impugnaciones de las que fue objeto todo el proceso.
La Contraloría General de la República resolvió abstenerse de tomar razón del contrato directo por más de seis mil millones de pesos que acordó Gendarmería para dar continuidad durante los próximos meses al programa de control telemático de reos, y que había suscrito con la misma empresa que estaba a cargo de administrarlo hasta el pasado 17 de octubre.
La recontratación de la firma TrackGroup Chile Spa fue el camino que le había quedado a la institución penitenciaria para garantizar la continuidad del servicio de tobilleras electrónicas para reclusos que acceden al beneficio de arresto domiciliario, ya que una cláusula de no extensión le impidió prorrogar el contrato que expiró hace un mes.
Y a eso se suman los tropiezos que sufrió la nueva licitación del sistema, cuya adjudicación a la firma israelí Global System fue impugnada ante el Tribunal de Compras por los otros participantes del proceso, entre otras cosas, porque fue declarada ganadora pese a que obtuvo el tercer lugar, detrás de la empresa Pegasus y la propia TrackGroup, en una medición donde pesaba en 50% la mejor oferta económica, en 45% la mejor oferta técnica y en 5,0% la que presentara los mejores parámetros en criterios de sustentabilidad y de requisitos formales.
El caso fue denunciado el 8 de noviembre pasado por el ex embajador Nelson Hadad en una presentación ante la Contraloría. “Quiero denunciar las ilegalidades, infracciones, irregularidades y falencias de control en la licitación para la Contratación del Servicio de Monitoreo Telemático de Condenados de Gendarmería de Chile porque según toda la información que tenemos y que es pública existe evidente perjuicio al interés y patrimonio fiscal que debe ser investigado y sancionado por el Órgano de Control, pues la decisión de Gendarmería resulta arbitraria e ilegal”, señaló.
El pronunciamiento del ente fiscalizador de no acceder a la toma de razón se produce después que el pasado 20 de octubre el Tribunal de Contratación Pública emitiera un oficio en el que decretó la «suspensión del procedimiento administrativo denominado ‘Contratación del Servicio de Monitoreo Telemático de Condenados’ por un plazo de 15 días», en el marco de la causa caratulada como «Track Gropu Chile Spa con Gendarmería de Chile».
Cercanos a este proceso consideran que frente a la realidad de que Gendarmería se encuentra ahora sin la posibilidad de realizar el monitoreo telemático, un camino posible es que el tribunal ordene la recalificación de las ofertas y que el proceso se adjudique en conformidad con la ley.
