Las paradojas del recorte ambiental en el presupuesto 2027

Este 8 de octubre, el lodo bajó por una quebrada de San Carlos de Apoquindo y arrastró autos, árboles y hasta una micro con pasajeros. No era la primera vez: el 31 de enero de este año ocurrió lo mismo, en el mismo lugar. Y en esa misma semana se conocieron los detalles del proyecto de Presupuesto 2027 en materia ambiental. La coincidencia no podría ser más elocuente.

De acuerdo con la línea programática del gobierno, era de esperar un recorte importante en materia ambiental, sobre todo con un gobierno cuya ministra de Medio Ambiente se niega a aceptar directamente uno de los fenómenos antrópicos con mayor documentación en la historia de la humanidad: el cambio climático. Y así fue, con un recorte de 59% en la partida de Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). No es la única: los recursos para Adaptación y Mitigación caen 19,3%, los de Desarrollo Sostenible 43,8% y el Fondo de Protección Ambiental 29,4%. Es cierto que el presupuesto total del Ministerio del Medio Ambiente crece, pero ese aumento se explica principalmente por la instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Las líneas que financian la respuesta al cambio climático, en cambio, retroceden.

Somos muchas las científicas y científicos que cotidianamente trabajamos para que distintos territorios del país se adapten a los efectos del cambio climático. Lo hacemos con la base científica que nos respalda, pero también porque ya vemos cómo esos efectos nos golpean con múltiples crisis: mayor intensidad y frecuencia de incendios forestales, sequías severas en gran parte del territorio nacional y, como consecuencia de ambos, laderas desprotegidas que se convierten en aluviones.

Lo de San Carlos de Apoquindo ilustra bien esa cadena, y no es casualidad que haya sucedido en ese lugar: representa un territorio en el que se juntaron dos elementos trascendentales para desatar el fenómeno. Por un lado, un incendio forestal que azotó San Carlos de Apoquindo a fines de 2025 – principios de 2026 y dejó las laderas sin cobertura vegetal; por otro, las recientes precipitaciones, que acumularon alrededor de 13 milímetros en una hora. No es una lluvia extraordinaria, y ese es justamente el punto: en un cerro quemado no hace falta un diluvio. El efecto es directo: toneladas de piedras, lodo y vegetación bajaron por la ladera sin nada que pudiera detenerlas. Y aunque el delegado presidencial de Santiago diga que solo fue producto de la obstrucción de ductos, lo cierto es que esos ductos se tapan con el mismo material que baja de las laderas quemadas, y difícilmente un ducto menor podría contener las toneladas que descendieron por el lugar. A esto se suma la expansión urbana sobre quebradas y piedemonte, que instala viviendas justo donde el agua y el lodo buscan bajar. Lo sabemos al menos desde 1993, cuando el aluvión de la Quebrada de Macul dejó 26 muertos y 8 desaparecidos en Peñalolén y La Florida.

Aquí aparece la segunda paradoja. Desde 2022, la Ley Marco de Cambio Climático obliga al Estado a contar con planes sectoriales de adaptación y con planes de acción regionales y comunales. Recortar los recursos que sostienen ese trabajo no deroga esas obligaciones: solo las vuelve más difíciles de cumplir. Y el ahorro es mínimo: los poco más de $400 millones que se le restan a la partida de cambio climático y NDC seguramente están muy por debajo de lo que costará atender esta sola emergencia.

Lo que se requiere son acciones directas de adaptación al cambio climático y de gestión del riesgo, que son posibles solo con los recursos que el propio gobierno está quitando. Somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y nos estamos dando el lujo de recortar recursos clave para su entendimiento y adaptación. En Chile existe la capacidad ingenieril y científica para aplicar soluciones híbridas: aquellas que combinan soluciones grises (infraestructura construida) con soluciones verdes (restauración con especies nativas para estabilizar laderas). En ese sentido, las soluciones basadas en la naturaleza son doblemente ventajosas: reducen el costo frente a una alternativa exclusivamente gris y, al mismo tiempo, recuperan nuestros ecosistemas degradados.

El proyecto de presupuesto está hoy en discusión en el Congreso, y es allí donde las y los parlamentarios pueden reponer estas partidas antes de su aprobación. Pareciera que solo falta que el gobierno entienda que el cambio climático llegó para quedarse y que, de lo contrario, viviremos más escenas como esta, independientemente de la situación socioeconómica de quienes se vean afectados.