«El Ministerio Público lamenta el tono ‘agravante’ de las declaraciones del señor Dávalos Bachelet, pues dañan a todos los fiscales y funcionarios que día a día desempeñan en forma honesta y proba su trabajo en nuestra institución», dijo el jefe del Ministerio Público.
La fiscalía nacional calificó de «ofensivas» las críticas en contra de ese organismo de Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, que este martes fue sobreseído de forma definitiva en el llamado Caso Caval, después de tres años de investigación.
Dávalos utilizó la frase «fiscalía corrupta» para referirse a la Fiscalía regional de O’Higgins, que lleva adelante la arista principal del caso Caval, del que el hijo de la mandataria fue excluido.
En una declaración pública, el fiscal nacional, Jorge Abbott, rechazó «categóricamente la generalización que encierran las expresiones vertidas ayer (martes) por don Sebastián Dávalos Bachelet».
Añade el texto que «sus palabras constituyen una falta de respeto no sólo para los equipos de trabajo de la región de O’Higgins, sino para todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público».
El documento respalda plenamente y alienta el trabajo «que ha sido desarrollado con estricto cumplimiento a los principios de objetividad y compromiso que guían el quehacer institucional».
«El Ministerio Público lamenta el tono ‘agravante’ de las declaraciones del señor Dávalos Bachelet, pues dañan a todos los fiscales y funcionarios que día a día desempeñan en forma honesta y proba su trabajo en nuestra institución», agrega la declaración.
Ante las expresiones del hijo de la presidenta Bachelet de iniciar acciones legales, el fiscal Jorge Abbott enfatizó que «todo ciudadano le asiste el derecho a presentar las denuncias o querellas que estime pertinentes, mismas que deben ser investigadas con celo por la Fiscalía, en cumplimiento de su rol legal»
La defensa de Dávalos reiteró este martes que después de tres años de investigación, no había sido imputado formalmente por los delitos de tráfico de influencias, lavado, revelación de secreto, uso de información privilegiada y negociación incompatible de los que le acusó la Fiscalía a comienzos de 2015.
El caso se refiere a una compra de terrenos que serían urbanizados en la localidad de Machalí por parte de la empresa Caval, de la que Natalia Compagnon, esposa de Dávalos, es socia y está imputada formalmente por delitos tributarios.
El negocio, que tuvo cuantiosas ganancias, fue financiado con un préstamo de 6.500 millones de pesos chilenos (9,7 millones de dólares) que concedió personalmente a Caval el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic.
Con esos recursos se compraron los terrenos, que después se vendieron por más de 9.000 millones de pesos.
El caso provocó a comienzos de 2015 la renuncia de Dávalos al cargo de director sociocultural de la Presidencia, que ostentaba en el Gobierno de su madre, cuya aprobación se desplomó desde entonces y se mantuvo en niveles del 20 % hasta hace pocos meses, cuando empezó a remontar, ya en las postrimerías de su mandato.
A la salida del tribunal, este martes, Sebastián Dávalos leyó una declaración en la cual calificó a la Fiscalía de la región de O’Higgins de «corrupta, mentirosa e indecente» y anunció una querella por filtraciones y otras irregularidades que a su juicio se han cometido en su contra.
Añadió que «el caso Caval dejó hace mucho tiempo de ser un caso penal, es a todas luces un caso político donde se nos ha enjuiciado y sentenciado comunicacionalmente a mí y mi familia sin existir a la fecha juicio alguno».
Dávalos añadió que no le sorprendería que después de haber leído su declaración «la muy corrupta fiscalía, haciendo uso de la nomenclatura utilizada por el fiscal nacional, intente formalizarme por algún delito inexistente a modo de represalia, como ya ocurrió tempo atrás en el caso de mi señora Natalia».
«Una Fiscalía corrupta no está en condiciones morales ni éticas de realizar investigación alguna, y menos aún de formalizar o acusar a algún ciudadano», enfatizó el texto de la declaración.
