Tras intento de Lavín de anular permisos de edificación otorgados durante gestión de ex alcalde
La arremetida del actual jefe comunal contra el proyecto que pretende levantar dos edificios en el barrio Presidente Errázuriz es, para algunos, una “quitada de piso” a su antecesor y correligionario de la UDI, sobre todo porque se produce en momentos en que el Mandatario electo evalúa los nombres de quienes conformarán su Gobierno.
En marzo de 2016, cuatro meses antes de que el dirigente de la UDI Francisco de la Maza comunicara su decisión de no repostular a un nuevo período como alcalde de Las Condes, la Dirección de Obras de la comuna emitió el permiso de construcción del proyecto Vespucio 345, que hoy día tiene enfrentada a la inmobiliaria Nueva El Golf con los vecinos del barrio Presidente Errázuriz, pero especialmente con el actual jefe comunal, Joaquín Lavín.
Este último, de hecho, perdió el miércoles último una batalla contra los impulsores del proyecto que pretende levantar dos torres, una habitacional y otra de oficinas, en ese sector de alta plusvalía, al que se oponen influyentes familias como la del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Lo anterior, porque la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección con orden de no innovar interpuesto por la inmobiliaria el 29 de diciembre, una semana después que Lavín paralizara por primera vez las obras y emitiera un decreto que busca anular el permiso que había otorgado el municipio durante la gestión de su antecesor y correligionario de la Unión Demócrata Independiente.
Lo de Lavín “fue a todas luces una quitada de piso” a De la Maza, estiman cercanos al proceso, ya que se produce en un momento sensible, porque el ex alcalde suena como una de las cartas que evalúa Sebastián Piñera para tomar las riendas del Ministerio de Obras Públicas a partir del 11 de marzo de este año.
[cita tipo=»destaque»]El conflicto surgió el segundo semestre de 2017, cuando los vecinos hicieron una presentación al municipio argumentando que el proyecto no cumplía con el requisito de contar con una superficie mínima de 7.500 metros cuadrados, lo que llevó a Lavín a encargar un estudio topográfico al IDIEM de la Universidad de Chile, el que por un estrecho margen (7.371 metros cuadrados), determinó que el área de construcción era menor, lo que les dio la razón a los reclamantes, quienes plantean que con este antecedente no es viable que se levanten dos edificios de 19 y 12 pisos. Además, advierten sobre una serie de perjuicios viales y o el riesgo que corre un inmueble declarado patrimonial ubicado en el sector. [/cita]
Pero los conflictos de De la Maza en estas lides no son nuevos. De hecho, la Contraloría General de la República ya determinó, en un dictamen de noviembre de 2016, que un decreto emitido durante su gestión como alcalde, que modificaba el plano regulador de Las Condes, era “contrario a derecho”, por cuanto presentaba graves vicios de ilegalidad.
“Modificó su Plan Regulador Comunal a espaldas de la ciudadanía en materias tan importantes como son los usos de suelo, condiciones de edificación, características de vialidad, dotación de estacionamientos y antejardines”, dijo el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, quien recordó que en octubre pasado el ente fiscalizador también declaró ilegal el permiso que el municipio de Las Condes otorgó en 2013 al edificio ubicado en El Bosque Norte 0221, que el Banco Santander vendió al Grupo Angelini.
Herman sostiene que De La Maza “se dedica al negocio inmobiliario” y que, prueba de ello, es que está vinculado a 40 empresas del rubro. Es un antecedente no menor, considerando el estándar que pidió Piñera a los partidos de Chile Vamos para los nombres que postulen a formar parte de su Gobierno, y que explicita la necesidad de que sean personas sin conflictos de interés.
Aunque Nueva El Golf ya está en condiciones de retomar las obras que permanecían paralizadas por el municipio, luego que interpusiera contra Lavín –el 21 de diciembre– una demanda indemnizatoria por las pérdidas de 1.400 UF que costaría cada día sin que avance la construcción, está al mismo tiempo a la espera de que se resuelva un recurso de ilegalidad contra el proyecto presentado por la familia Alessandri y otros vecinos hace poco más de dos meses.
El conflicto surgió el segundo semestre de 2017, cuando los vecinos hicieron una presentación al municipio argumentando que el proyecto no cumplía con el requisito de contar con una superficie mínima de 7.500 metros cuadrados, lo que llevó a Lavín a encargar un estudio topográfico al IDIEM de la Universidad de Chile, el que por un estrecho margen (7.371 metros cuadrados), determinó que el área de construcción era menor, lo que les dio la razón a los reclamantes, quienes plantean que con este antecedente no es viable que se levanten dos edificios de 19 y 12 pisos. Además, advierten sobre una serie de perjuicios viales y o el riesgo que corre un inmueble declarado patrimonial ubicado en el sector.
Fue desde entonces que Lavín comenzó a arremeter contra la iniciativa, lo que para el abogado de la inmobiliaria, Jorge Bofill –tal como lo expresó en el recurso cuya orden de no innovar fue acogida por el tribunal de alzada capitalino–, representa una acción “ilegal, arbitraria y abusiva” que vulnera el derecho a la propiedad, la libertad para el ejercicio de actividades económicas y los derechos constitucionales.
Algunos observadores del caso ponen énfasis en que, a diferencia de lo ocurrido con el Mall Barón, cuya construcción fue rechazada por la Corte Suprema, el caso de este proyecto que compromete a las calles Vespucio Sur, Asturias y Renato Sánchez, no se trata de una iniciativa en papel, sino que está en plena marcha, con más del 50 por ciento de avance, con contratos vigentes y en que se desempeñan alrededor de 300 personas.
