El Ministro de Economía se sumó al director del Sernac para rechazar la decisión del tribunal sobre la iniciativa que mejoraba la ley del cosumidor
El ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, lamentó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto del proyecto de Ley que fortalece la protección de los derechos de los consumidores, declarando que “ha resultado en algo incluso peor que antes” pues ha cortado las atribuciones sancionatorias, normativas y de conciliación que contemplaba para el Sernac “y que directamente beneficiaban a los consumidores en el evento que sus derechos hubieran sido afectados por los proveedores”.
Rodriguez, de cuya repartición depende el Sernac detalló que “Primero, el Sernac no podrá arbitrar mediaciones que es lo que mayoritariamente hace hoy. De hecho, no tendrá casi ninguna utilidad que reciba denuncias porque el fallo las radica en los Juzgados de Policía Local. Segundo, no podrá sancionar porque, además de no poder conocer causas, las sanciones quedan radicadas únicamente en tribunales. Es decir, será igual a como es hoy donde los jueces de policía local serán los únicos receptores de denuncias de esta clase, a sabiendas de la escasez de recursos con que se manejan esos tribunales”, enfatizó.
En tercer lugar, destacó que tras el fallo del TC el Sernac tampoco podrá dictar normas que cautelen los derechos de los consumidores y que orienten las conductas de los proveedores para no incurrir en violaciones de derechos.
“En resumen, el Sernac no sólo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene cual es la de recibir reclamos y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores. Con esto en vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita”, aseguró.
En tanto el director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, dijo que “el efecto de este fallo es potencialmente catastrófico y una pésima noticia ya que debilita de manera importante un proyecto cuyo principal objetivo era equilibrar la cancha entre empresas y consumidores”. Muñoz también destacó que “el efecto más grave de este fallo, es que además de las facultades nuevas, se pone en entredicho la actual atribución de recibir reclamos de los consumidores y transmitirlos a los proveedores para encontrar una solución voluntaria, función básica del Servicio hoy”.
