miércoles, 19 de diciembre de 2018 Actualizado a las 09:45

Califica el acuerdo de "burla" y argumenta que "vulnera los principios fundamentales de todo proceso penal"

Mauricio Daza ante salida alternativa para SQM: "Queda claro que en Chile corromper a altos funcionarios públicos es un muy buen negocio para el empresariado"

por 17 febrero, 2018

Mauricio Daza ante salida alternativa para SQM:
El abogado querellante por la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso SQM, descartó el argumento de la Fiscalía de que, si no fuera por la salida alternativa, el monto recaudado habría sido considerablemente inferior. "El proceso penal no es un mecanismo de recaudación de dinero para beneficencia, sino que tiene otros fines. Hay que recordar que finalmente estamos ante los hechos de corrupción más graves que se han investigado por la Fiscalía desde su creación. En este ámbito, una reparación económica no es suficiente para los efectos de poder enmendar el daño que se ha generado a la fe pública, a través de estos actos de corrupción. Sin perjuicio de aquello, también el argumento de que finalmente la sanción económica a la empresa es mayor a partir de este acuerdo que aquel que se habría concretado en caso de condena por juicio oral, es engañoso. Aunque SQM hubiese sido condenado al pago de un peso como autor de soborno en conformidad a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el daño para SQM habría sido inconmensurable", dice.
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Tras la confirmación de la salida alternativa a SQM, mediante un pago de 2.550 millones de pesos, el abogado querellante por  la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, entrega un duro análisis de lo que, a su juicio, es un intento por desmantelar el caso y garantizar la impunidad.

"Hay muchas preguntas sin responder. Las principales tienen que ver con cuales fueron los beneficiarios de estas redes de financiamiento ilegal; si es que finalmente los funcionarios públicos que recibieron estos dineros ilícitos lo hicieron a cambio de algo, y si es que estas eventuales prestaciones a favor de los que estaban realizando el financiamiento ilegal, se habrían concretado a través de la actuación de funcionarios públicos, con infracción a su deber de probidad. Todo esto, que en cualquier lugar sería materia de interés y de investigación para un Ministerio Público serio y profesional, en Chile derechamente se ha pretendido tapar", argumenta.

-SQM logró una salida alternativa a cambio de 2.550 millones. ¿Cómo interpreta la noticia?

Se trata de una muy mala señal, que se envía al mundo empresarial y político, en el sentido de establecer que en el caso de pagos y sobornos a altas autoridades de la república, efectuados por grupos económicos en Chile, las empresas no tienen nada de qué preocuparse, si es que finalmente llegan a ser descubiertos. Aquí, gracias al pago de una suma que corresponde a una fracción de las utilidades de estas compañías, pueden quedar impunes y mantener los beneficios que habrían logrado a partir del pago de estos sobornos.

-A su juicio, la salida es una burla...

 -Obviamente el acuerdo que ofertó el fiscal Gómez a la empresa SQM es una burla y, además, vulnera los principios fundamentales de todo proceso penal. Hay que considerar que en este caso no existe una sanción real para la empresa a la cual se le imputan hechos de corrupción, en la medida en que lo que se pide a cambio de garantizar la impunidad a SQM es el pago de una suma de dinero que equivale a una fracción de las operación diarias que realiza la empresa, 40% de las cuales corresponden a la explotación abusiva de propiedad fiscal en el salar de atacama. Por otra parte, no se obtiene ningún efecto preventivo real para los efectos de generar una disuasión al resto del empresariado en cuanto a señalar que este tipo de conductas finalmente van a ser perseguidas y castigadas de manera ejemplar. Con el acuerdo de Gómez, queda claro que en Chile corromper a altos funcionarios públicos es un muy buen negocio para el empresariado.

-El caso SQM, a diferencia del caso Penta, no repercutió tan negativamente en sus controladores. En el caso de los Carlos, terminaron incluso en prisión preventiva...

-La diferencia entre Penta y SQM es que este último grupo económico financió durante largo tiempo a personeros muy importantes de todos los sectores políticos. En el caso de Penta, el financiamiento irregular solo se concentraba en la derecha. En ese contexto, se pudo observar que mientras se investigaba el caso Penta, se empezaron a descubrir facturas que daban cuenta de la red de corrupción que habría operado la empresa controlada por Lerou. Ahí, empezaron a verse las primeras presiones de parte de distintas autoridades para impedir que la arista SQM pudiese seguir adelante. Hay que recordar las denuncias de Michel Jorratt, ex director del SII, quien sostuvo que recibió presiones por parte del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a través de alguien que se presentaba como representante de esa autoridad, Samuel Donoso, quien además es el abogado de Patricio Contesse. Esta arista nunca se investigó por parte de la Fiscalía para establecer si es que Peñailillo habría cometido un delito de tráfico de influencias u otro equivalente. Lo que ha hecho el Ministerio Público, en suma, desde que aparece SQM, es tratar de desarticular el caso, impidiendo que se investigue toda la verdad de esta red de corrupción.

-Desde la Fiscalía, se argumenta que de este modo se recaudaría el doble de dinero.

El proceso penal no es un mecanismo de recaudación de dinero para beneficencia, sino que tiene otros fines. Hay que recordar que finalmente estamos ante los hechos de corrupción más graves que se han investigado por la Fiscalía, desde su creación. En este ámbito, una reparación económica no es suficiente para los efectos de poder enmendar el daño que se ha generado a la fe pública, a través de estos actos de corrupción. Sin perjuicio de aquello, también el argumento de que finalmente la sanción económica a la empresa es mayor a partir de este acuerdo que aquel que se habría concretado en caso de condena por juicio oral, es engañoso. Aunque SQM hubiese sido condenado al pago de un peso como autor de soborno en conformidad a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el daño para SQM habría sido inconmensurable. De hecho, a partir de las normas de vigilancia que tienen las empresas habitualmente, en el ámbito de la OCDE, se le habrían cerrado las puertas a SQM para obtener financiamiento en el extranjero o incluso contratar con empresas públicas o privadas. Por lo tanto, esta es la razón por la cual ellos llegan a un acuerdo.

-¿Por qué sostiene que el fiscal Gómez ha desmantelado el caso?

Hay que recordar la historia de esta investigación. El caso SQM se descubre en el contexto de la investigación de la causa que en su momento tenían a cargo los fiscales Gajardo y Norambuena, el denominado caso Penta. En este escenario, empieza a surgir información muy relevante que comprometía a actores políticos de todos los sectores, respecto de este financiamiento ilegal de la empresa de Julio Ponce Lerou; ahí se designa al fiscal Emiliano Arias para apoyar la labor de Gajardo y Norambuena y hacerse cargo del caso. Todo funcionó bastante bien y se avanzó de manera muy decidida hasta que, en un determinado momento, el trabajo de estos fiscales es intervenido a partir de la autodesignación del entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, para dirigir todos los casos. Ahí empezó a bajar la investigación que en un momento iba a incluir a otros grupos económicos, como Ripley, etc. Una vez que sale Chahuán y se designa a Abbott. El nuevo fiscal, de forma inexplicable, saca a Arias y coloca a Pablo Gómez, a pesar de que Arias había manifestado su voluntad de empezar a llevar a juicio oral distintos casos de la arista SQM y profundizar más la investigación. En cambio, Gómez, durante su trayectoria, no cuenta con antecedente alguno relativo a la dirección de causas complejas vinculadas a delitos de corrupción o delitos tributarios complejos. Además, él empieza a dividir esta causa en distintas piezas para después empezar a cerrarlas una a una, de manera tal de desangrar el caso e impedir, así, que se investigara el fondo de la denuncia efectuada que es ni más ni menos que la existencia de una red de corrupción que habría sido levantada por SQM. Y así, llegamos a este punto en que se está actuando con total descaro para los efectos de empezar a cerrar definitivamente esta investigación.

-¿La salida de los fiscales Gajardo y Norambuena fue un punto de inflexión?

El punto de inflexión fue cuando el equipo que estaba investigando Penta y SQM fue intervenido. Desde ahí, empezamos un largo camino que tenía por finalidad el que no se siguiera ahondando estas indagaciones. Aca quedan muchos cabos sueltos.

en este caso no existe una sanción real para la empresa a la cual se le imputan hechos de corrupción, en la medida en que lo que se pide a cambio de garantizar la impunidad a SQM es el pago de una suma de dinero que equivale a una fracción de las operación diarias que realiza la empresa, 40% de las cuales corresponden a la explotación abusiva de propiedad fiscal en el salar de atacama. Por otra parte, no se obtiene ningún efecto preventivo real para los efectos de generar una disuasión al resto del empresariado en cuanto a señalar que este tipo de conductas finalmente van a ser perseguidas y castigadas de manera ejemplar. Con el acuerdo de Gómez, queda claro que en Chile corromper a altos funcionarios públicos es un muy buen negocio para el empresariado.

-¿Cuáles son las preguntas que quedan sin responder?

Hay muchas preguntas sin responder. Las principales tienen que ver con cuales fueron los beneficiarios de estas redes de financiamiento ilegal;si es que finalmente los funcionarios públicos que recibieron estos dineros ilícitos lo hicieron a cambio de algo , y si es que estas eventuales prestaciones a favor de los que estaban realizando el financiamiento ilegal, se habrían concretado a través de la actuación de funcionarios públicos, con infracción a su deber de probidad. Todo esto, que en cualquier lugar sería materia de interés y de investigación para un Ministerio Público serio y profesional, en Chile derechamente se ha pretendido tapar.

-Como querellante, ¿hay alguna alternativa que tengan para revertir esta salida alternativa que logró SQM?

La verdad es que acá se ha construido un circulo perfecto para garantizar la impunidad de aquellos personeros del mundo político y empresarial involucrados en delitos de financiamiento ilegal y corrupción, esto porque lo que se ha realizado es una actuación consistente en dividir la causa, planteándole a los tribunales que estaríamos frente a innumerables casos de delitos tributarios, aislados uno de otros, y a partir de aquello se han ido cerrando, sin que las personas que aparecen emitiendo boletas falsas aporten ningún antecedente que permita esclarecer el fondo de estas redes de corrupción. En este contexto resulta muy difícil hacer algo. En el caso de nosotros, como fundación, la ley limita nuestra actuación en contra de funcionarios públicos que hayan cometido delitos en ejercicio de sus funciones y en contra de la probidad, por lo tanto nuestra acción está restringida a eso, pero lo haremos efectivo al máximo.

-¿Qué reflexión, después todos estos años ligado al caso SQM?

La primera reflexión es que nuestro estado de derecho no resiste las pruebas materiales correspondientes a una democracia verdadera. Por otra parte, la verdad es que finalmente cuando estamos frente a delitos cometidos por miembros de nuestra elite económica y política, existe una justicia distinta a la que habitualmente se le aplica al resto de los ciudadanos; esta justicia de clase ha quedado de manifiesto de manera bastante desvergonzada en las últimas actuaciones que se han realizado por quienes dirigen el Ministerio Público con la finalidad de garantizar la impunidad a este puñado de personas, aun a costa de hipotecar la credibilidad del Ministerio Público como institución. En muchos ámbitos nuestra institucionalidad es de cartón y no vivimos en el país que se nos presenta por parte de muchos personeros, como un lugar serio, avanzado, con altos índices relativos a transparencia, y probidad. Obviamente tenemos un largo camino que seguir. Sin embargo, con todo, exponer esta situación de una manera tan cruda y evidente ante la opinión pública, puede constituir un primer paso para identificar que vivimos un problema grave como país en este ámbito.

-¿Por qué sostiene, con tanta vehemencia, que la sanción a SQM no constituye un elemento disuasivo?

El proceso penal tiene varios fines.El primero debiese ser establecer la verdad de aquellos hechos que son objeto de una investigación y que pueden revestir caracteres de delitos; en ese contexto, si es que existe una vez establecida la verdad de lo sucedido, se deben aplicar medidas que generen un efecto no solo sancionatorio, sino preventivo, de manera eficaz. En el caso de SQM, lo que se ha hecho básicamente es garantizar la impunidad a cambio de una suspensión condicional por medio de la cual la empresa no reconoce haber cometido ninguna actuación ilícita, y por esta vía impide que enfrente a los tribunales de justicia en un juicio oral. Con esto, lo que se logra es que la empresa. a través del pago de una suma de dinero, finalmente no tenga o no pueda ser condenada. El efecto preventivo se habría logrado en la medida de que un tribunal de justicia hubiese conocido y declarado qué es lo que finalmente ocurrió con esta red de corrupción, y en caso de encontrarla culpable, aplicar una sanción.

Se ha dicho de que el pago que efectuado por SQM a partir del acuerdo de Gómez, seria mucho mas alto que aquel que se habría obtenido en el juicio oral, pero eso es no entender que esto no es un caso sobre delitos patrimoniales, sino sobre hechos de corrupción graves y un soborno que se habría concretado respecto de un ex ministro y ex senador de la república para obtener un régimen tributario especial en favor de SQM, lo que finalmente se habría logrado. En ese contexto, el pago de 3.8 millones de dólares aparece como una burla, porque no solamente esto corresponde a una fracción de lo que gana al día SQM, sino que además considerando el hecho de que el régimen tributario que ellos obtuvieron ilegalmente a partir del pago de coimas, se mantiene. Eso significa que ellos se van a seguir beneficiando del producto de su ilícito. Si ese régimen tributario funciona 1 o 2 años más, ya van a recuperar el dinero que pagaron para garantizar su impunidad. Además, una parte importante de las utilidades de SQM corresponden a la explotación que hace esa empresa minera de propiedad pública. Si todo esto no fuera poco, se debe considerar que se priva, a través de este acuerdo, de que haya una sanción ejemplar en contra de esta compañía que ha sido señalada como el principal agente corruptor del cual se haya tenido noticia en la historia judicial de nuestro país. Si SQM hubiese sido condenada en juicio oral, aunque fuese un peso, la empresa habría sufrido un daño enorme que la habría imposibilitado de conseguir financiamiento y de contratar empresas en el extranjero. El que Gómez trate de vender esto como un éxito, es inverosímil; detrás de sus acciones no hay voluntad para efectuar la labor legal y constitucional del Ministerio Público, que es esclarecer y perseguir delitos, especialmente cuando son graves y atentan contra la fe pública.

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