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«Inicialmente, Usted excluyó de las eventuales negociaciones con los ilegítimos ocupantes la demanda relativa a la objeción de conciencia institucional, pero después nos informó que en las conversaciones no quedaba ningún punto excluido de lo que esas personas quisieran presentar. Con independencia de una eventual mala interpretación de sus palabras, lo que realmente está en juego, es si Usted considera o no inaceptables y no susceptibles de negociación alguna, no sólo las peticiones relativas al aborto, sino tantas otras que se refieren a la ideología de género, numerosas veces rechazada por el magisterio eclesiástico. Ese silencio -interpretado por algunos como ambigüedad- a muchos nos ha dejado perplejos. Ciertamente, los acuerdos a los que se pueda llegar con los violentistas serán también motivo de un profundo escrutinio», criticó el profesor de la facultad de Derecho de la PUC.
A través de una carta abierta, el profesor de la facultad de Derecho, Gonzalo Rojas, criticó duramente al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, tras considerar que está en juego en las negociaciones con quienes mantienen una toma en dicha casa de estudios.
«Inicialmente, Usted excluyó de las eventuales negociaciones con los ilegítimos ocupantes la demanda relativa a la objeción de conciencia institucional, pero después nos informó que en las conversaciones no quedaba ningún punto excluido de lo que esas personas quisieran presentar. Con independencia de una eventual mala interpretación de sus palabras, lo que realmente está en juego, es si Usted considera o no inaceptables y no susceptibles de negociación alguna, no sólo las peticiones relativas al aborto, sino tantas otras que se refieren a la ideología de género, numerosas veces rechazada por el magisterio eclesiástico. Ese silencio -interpretado por algunos como ambigüedad- a muchos nos ha dejado perplejos. Ciertamente, los acuerdos a los que se pueda llegar con los violentistas serán también motivo de un profundo escrutinio», criticó.
Y agregó: «El grupo de personas que mantiene bajo régimen de usurpación a la Capilla central, la Rectoría y sus dependencias, numerosas otras oficinas administrativas, y más de una docena de salas de clases, pudo haber sido desalojado en cuanto se negó al diálogo racional que, como usted bien lo afirmó, exigía una cara descubierta y -agrego yo- una deposición inmediata de la violencia. Pero, aunque los encapuchados mantuvieron su aspecto y su actitud, usted prefirió no restituir la situación a la normalidad, sino permitir que ya por más de 72 horas se prolongue la agresión. Con su decisión se han visto vulnerados los derechos de miles de profesores, alumnos y funcionarios de la universidad, incluyendo la dejación de los suyos propios. No resulta desproporcionado concluir que el mensaje de debilidad será muy bien comprendido por los actuales violentistas y por otros futuros agresores. Una deposición de la toma o un desalojo en las próximas horas o días no lograrán cambiar esa realidad».
Finalmente, señaló que «el mismo grupo de ilegítimos ocupantes recibió desde el primer momento la seguridad de parte del Rector de que no habría sumarios en su contra. Se les otorgaron plazos breves para quedar protegidos bajo ese manto de impunidad, pero a pesar de que esos límites parecen haber sido sobrepasados, no se ha sabido de una decisión suya que pida el inicio de los procesos. Ciertamente, se mantiene abierta la esperanza de que el señor Rector rectifique esa decisión o de que, al menos, haya otros miembros de la comunidad universitaria que sí pidan el inicio de sumarios relativos a la toma. Resulta difícil de entender cómo en un clima reivindicatorio de sumarios para los comportamientos inadecuados dentro de la Universidad, este suceso -una toma que es una flagrante y continuada agresión a nuestra convivencia interna- pueda quedar sin investigación y sin sanciones».
