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PAÍS

Banco Unificado de Datos: historia del fracaso de un proyecto estrella contra la delincuencia

por 14 junio, 2018

Tres gobiernos, seis años desde que se anunció su implementación y más de tres mil millones invertidos, pero ningún resultado. Ese es, hasta el minuto, el verdadero estado del sistema que pretende centralizar los datos que todas las instituciones vinculadas al tema penal tienen sobre sospechosos y detenidos. La actual administración de Piñera recibe el bulto que, para algunos, es comparable al desastre del puente Cau Cau.
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Después de ocurridos algunos hechos delictuales de alta connotación pública, como el asesinato de una dueña de casa en La Reina o de un Carabinero en La Pintana, ambos cometidos por menores de edad, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió a enfrentar las críticas por el desempeño del Gobierno en una materia en que la derecha promete una mayor efectividad: el combate a la delincuencia, algo que en la práctica no se ha notado.

Según Chadwick, también vienen tiempos mejores en esta materia. “Aplicamos un cambio completo de actitud para combatir la delincuencia. No más debilidades ni complacencias”, dijo el ministro del Interior el domingo pasado en una entrevista y, paralelamente, abordó un punto que inquieta a todas las institituciones relacionadas con el control de la delincuencia.

Para el secretario de Estado, el tema central a la hora de abordar este asunto es contar “con mayor presencia policial. Con total coordinación y colaboración entre las policías y con el Ministerio Público. Y, además, utilizando las tecnologías para combatir con inteligencia la acción delictual”.

Precisamente en este último punto, la tecnología, es donde desde hace tres gobiernos que el Ministerio del Interior tiene un cuello de botella que hasta ahora ha sido insalvable.

Se trata del Banco Unificado de Datos (BUD), un ambicioso sistema que busca centralizar toda la información que manejan las ocho instituciones relacionadas con el proceso penal: el Ministerio de Justicia, la PDI, Carabineros, Gendarmería, el Sename, Registro Civil, el Ministerio Público y la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), encargada de gestionar los recursos para la plataforma tecnológica.

Un caso ilustrativo de la utilidad para la que fue concebido este sistema, quedó a la vista con la detención de Manuel Olivares, “el Kiruza”, que luego de ser arrestado en San Antonio con un armamento en su poder, fue dejado en libertad por el juez a cargo, el que consideró ilegal su detención. El magistrado no tuvo a la vista los datos que consignaban el prontuario del individuo, como sus varias detenciones por tráfico de drogas, ya que los antecedentes no estaban disponibles, debido a que el sistema no está operativo todavía.

El Gobierno debió enfrentarse a la realidad y, a fines de mayo, el Ministerio del Interior decidió retirar de la Contraloría el reglamento que rige su funcionamiento. “No reunía todos los requisitos para una correcta implementación del Banco Unificado de Datos. Hasta el momento, el gran problema que tenemos, y que es lo que ha impedido poder avanzar desde la Fiscalía, es que puedan conversar las plataformas para tener una base única”, reconoció Chadwick.

Hace seis años, desde su anuncio en 2012, que empezaron las gestiones para implementar el BUD durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, cuando el subsecretario de Prevención del Delito era Cristóbal Lira. Ese año se pagó una cifra de poco menos de 100 millones para la consultoría del diseño de la plataforma tecnológica,  en junio del año siguiente se aprobaron las bases técnicas que dieron origen a la licitación y, en septiembre, Lira firmó la autorización que adjudicó un contrato a la empresa Everis Chile.

De acuerdo a información pública, el monto total del contrato fue de $1.365.005.129. Sin embargo, al concluir esa administración de Piñera, que prometió cerrar la “puerta giratoria” contra los delincuentes, el Banco Unificado de Datos aún seguía siendo una declaración de buenas intenciones.

Las promesas de Frey

Entonces fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet el que lo tomó como bandera de su agenda de seguridad ciudadana.

La responsabilidad recayó en la Subsecretaría de Prevención del Delito encabezada por Antonio Frey, quien en septiembre de 2015 ya  enfatizaba que el primer “éxito” de la puesta en marcha se había logrado durante su gestión, al materializar el convenio de intercambio permanente de información entre todas las instituciones involucradas.

En esa época, junto a la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, detallaron que entre 2013 y 2014 se gastó un total de mil 150 millones para implementar la ansiada plataforma. Al año siguiente se gastaron otros $543 millones. De esta manera, la estimación total, solo hasta el 2015, alcanza los $3.058 millones.

El Gobierno de Bachelet derrochó optimismo cuando, varios meses después, el 5 de abril de 2016, anunció la puesta en marcha del BUD Operativo, que es el que usan –entre otros– las policías para acceder a los antecedentes de detenidos y sospechosos. Existe otro, denominado BUD Analítico, pensado para proveer estadísticas generales, para ser usado preferentemente por el Ministerio del Interior.

Las advertencias de Abbott

En una ceremonia donde el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, hacía entrega de la plataforma tecnológica al Fiscal Nacional Jorge Abbott, la autoridad DC aprovechó para enfatizar que “la puesta en marcha del Banco Unificado de Datos concreta un anhelo de más de 20 años para nuestro sistema penal y policial. Sin duda será una potente herramienta para que los policías puedan investigar y perseguir a los delincuentes y poner la mejor prueba posible a disposición del ente persecutor”.

Sin embargo, poco menos de un mes después –el 17 de mayo de 2016–, Abbott envió un oficio a Burgos donde, entre muchas otras consideraciones, reunía una serie de detalles sobre la implementación tecnológica que no estaban listos y que hacían imposible el funcionamiento del sistema. En el documento, el Fiscal Nacional hizo presente que era necesario enviar el reglamento que delimita los roles y las limitaciones del proyecto, por cuanto se trataba del manejo de datos personales.

La administración bacheletista recién ingresó un borrador del reglamento a la Contraloría General el 7 de marzo, a pocos días de dejar La Moneda. Dado que el BUD se enmarca dentro de la Ley 20.931, que establece varias medidas que conforman una “agenda corta” antidelincuencia aprobada en 2016, requería un reglamento.

En cuatro oficios sucesivos, entre el 13 de abril y el 29 de diciembre de 2017, Abbott informó al siguiente subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco, que el sistema seguía sin contar con las licencias y las mejoras necesarias para la visibilización óptima de la información. Esto, a pesar del trabajo continuo de las empresas Everis y Oracle.

Carrasco reconoció ante el Senado y la comisión mixta de presupuestos, en junio de 2017 –cuando se le pidió rendir el gasto asignado para el sistema–, que no estaba en funcionamiento por una serie de desfases y descoordinaciones entre las instituciones involucradas, especialmente las policías.

Repliegue de Chadwick

Con ese panorama asumió el actual Gobierno, que –como se sabe– enarbola la bandera de la seguridad ciudadana como una de sus causas más importantes y, dentro de ella, el BUD constituye uno de sus proyectos emblemáticos.

El 21 de marzo, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, explicó los problemas que persisten en la plataforma. "En lo que respecta al trabajo con las instituciones, hay que seguir trabajando en el Banco Unificado de Datos (BUD), que hoy permite compartir información, pero está en marcha un proceso reglamentario que ha impedido el análisis del cruce de datos y la elaboración de una estrategia en base a ello. Hay, por otra parte, más de 20 datos que aún no se cargan en el BUD, como la georreferenciación de los delitos, útil para focalizar los esfuerzos de prevención o la nómina de condenados en el medio libre, necesaria para el control de identidad que hace Carabineros", afirmó, según consigna la transcripción de la comisión.

El Gobierno debió enfrentarse a la realidad y, a fines de mayo, el Ministerio del Interior decidió retirar de la Contraloría el reglamento que rige su funcionamiento. “No reunía todos los requisitos para una correcta implementación del Banco Unificado de Datos. Hasta el momento, el gran problema que tenemos, y que es lo que ha impedido poder avanzar desde la Fiscalía, es que puedan conversar las plataformas para tener una base única”, reconoció Chadwick.

Para el diputado DC, Iván Flores, que preside la instancia parlamentaria, el BUD “es como el puente Cau Cau, que es el hazme reír mundial de los ingenieros. No es posible que hayan pasado 6 años para juntar información que los servicios tienen disponibles. Han pasado tres gobiernos y ninguno ha sido capaz de golpear la mesa, para implementar tecnología disponible, que está a la venta en el mundo. El Gobierno anterior puso más plata y dijo estamos listos, pero el sistema aún no funciona”.

El parlamentario afirmó que si hubo un gasto mal hecho o compra de un sistema que no funciona, “los responsables deberían enfrentar la justicia o al menos la correspondiente sanción administrativa”.

Fuentes del Ministerio Público, así como del Gobierno, admiten que el sistema no se usa por cuanto no es de ninguna utilidad en el estado en que se encuentra y, menos, si no existe el reglamento necesario. Desde ambas reparticiones no solo apuntan a las falencias tecnológicas, sino también a la cultura institucional de las policías, que se resisten a compartir información.

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