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De a poco cobra fuerza la posibilidad que el estratégico recurso que la empresa explotó a sus anchas por más de dos décadas pase a manos del Estado. Una utopia que hasta ahora fue marginal pero que podría traducirse en iniciativas de ley en el Congreso.
Dejó de ser una propuesta de termocéfalos la posibilidad de nacionalizar la empresa SQM que mantiene un contrato con Corfo para la explotación de litio en el Salar de Atacama. Principalmente, porque la conducta del personaje más importante en la trama de la compañía, Julio Ponce Lerou, hace rato que no pasa inadvertida y no deja de provocar controversia en el mundo político y empresarial.
Durante décadas, primero en la dictadura y luego en los años de auge de la Concertación, Ponce Lerou se movió como pez en el agua con prácticamente nula fiscalización a sus jugadas financieras, eso gracias a su indiscutible habilidad para abrochar vínculos políticos, que fue mucho más allá de la influencia que tuvo el general (r) Augusto Pinochet, abuelo de sus hijos.
La historia de Julio Ponce es bien conocida. Ingeniero forestal, durante el gobierno de su entonces suegro, fue director ejecutivo de la Conaf y luego encabezó dos gerencias en Corfo, incluido el puesto de gerente general, pero debió dejarlo a causa de la presión por acusaciones de enriquecimiento ilícito en 1983.
Ese año es cuando justamente Corfo licita los estudios para explorar la explotación del litio, licitación que es uno de los primeros antecedentes del acuerdo que con el tiempo finalizó en el contrato que permite la explotación del Salar de Atacama a SQM.
Dicha licitación se la adjudicó un consorcio formado por la empresa chilena Molymet (Molibdeno y Metales) y Amax Exploration Inc, compañía norteamericana que tenía el control de la sociedad. Estas empresas, junto a Corfo, forman la Sociedad Minera Salar de Atacama, que se abrevió en la sigla Minsal. De esta sociedad, tuvo el control la estadounidense Amax, Molimex tenía un 11,25% y Corfo, o sea el Estado de Chile, un 25%.
[cita tipo=»destaque»]Existen tres proyectos de ley que estaban “dormidos” en la comisión de Constitución de la Cámara Baja y que pasarán a la de Minería y Energía. Entre ellos, destacan el de reforma constitucional que declara a los materiales atómicos naturales y el litio como sustancias de valor estratégico, no susceptibles de concesión y le reserva al Estado su exploración, explotación y beneficio, como a sus empresas o aquellas en las que éste tenga participación, la exploración y explotación del l litio. “La tramitación de todo este conjunto de proyectos debiera conducir hacia la chilenización y nacionalización de este recurso”, complementó Vidal.[/cita]
En ese contrato se estipulaba que Minsal, una vez iniciada la fase de explotación del litio, se transformaría en sociedad anónima y Corfo tendría la opción de modificar su participación, aumentándola, reduciéndola o retirándose. Luego en otro contrato -firmado en 1986- Corfo acordó el arriendo de 16.334 pertenencias mineras en la zona.
Durante el período entre 1983 y 1988 el vicepresidente de Corfo era el brigadier de Ejército, Fernando Hormazábal, por lo que la transparencia de sus operaciones fue prácticamente nula.
La fase de estudios comenzó en 1992, casi a la par del regreso de la democracia. Los estadounidenses Amax vendieron sus derechos en el consorcio Minsal a una filial, luego en 1993 dicha filial -Amsalar- y el otro socio Molymet se retiraron del negocio y le vendieron su parte a SQM Potasio, que ya estaba privatizada y en manos de Ponce Lerou.
Mientras todos esos procesos ocurrían, el ministro de Economía era Jorge Marshall, ligado al PPD y el vicepresidente de Corfo -que depende de dicha cartera- era militante radical, Rene Abeliuk, fallecido en 2014.
El año 1993 es importante, porque se firma otro contrato que prohíbe a Corfo autorizar la explotación acuífera, minera o industrial en las 16.334 hectáreas que están arrendadas a SQM y tampoco en las más de 11 mil hectáreas aledañas.
En rigor, Ponce Lerou ya no tiene en esa época la protección política de Pinochet, pero rápidamente tras el cambio de gobierno, comienza a sondear contactos políticos. Durante una fiesta en la embajada de Israel conoce a Marcelo Rozas a comienzos de los 90, quien en ese tiempo -pleno gobierno de Patricio Aylwin- era un influyente DC conectado con el ala más poderosa del la falange, los “guatones” encabezados por Gutemberg Martínez y a la que pertenecía el entonces Ministro del Interior, Enrique Krauss.
Años después, Rozas fue imputado como autor de delito tributario por estar relacionado con unas 200 boletas extendidas a SQM y que fueron, presuntamente, para financiar campañas. Pero falta mucho para eso.
Los años noventa corrieron sin problemas para Julio Ponce, que desde un comienzo tuvo entre sus planes quedarse con la explotación de litio. El contrato clave se firmaría el 21 de diciembre de 1995, el que entre todas las ventajas inmejorables que se establecieron para SQM y que dieron origen a la demanda de Corfo presentada en 2014, se establecía que todas las clausulas acordadas permanecerían inalterables respecto del arriendo al fisco, aún cuando Corfo saliera de la sociedad. Así, la estatal no fue inmune a la ola privatizadora que se propagó sobre la mayoría de las empresas públicas durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Como ministro de Economía estaba el PPD, Álvaro García, y el jefe de Corfo era el DC Felipe Sandoval. En una respuesta a Ciper que publicó una revisión detallada de los contratos, Sandoval aseguró que los acuerdos se tomaron con la anuencia del consejo de Corfo y en ningún caso fueron “un regalo”, sino que se mantuvieron en esencia las condiciones del contrato anterior de 1993.
En cuanto a Eduardo Bitrán, gerente general de Corfo en la época, ha negado en repetidas ocasiones que tuviera poder en los acuerdos, asegurando que tenía derecho a voz pero no a voto. Como sea, los contactos políticos de Ponce Lerou no solo gozaban de buena salud, sino que se incrementaron hacia todo el espectro, tanto así que las condiciones inmejorables en las que operó su empresa sobre recursos fiscales se mantuvieron sin alteración por casi veinte años.
Probablemente, de no ser por los casos de financiamiento irregular de la política no habrían cambiado. Eso sí, las primeras sospechas de condiciones dañinas para el Estado comenzaron en 2013, cuando el vicepresidente de Corfo era Hernán Cheyre, pero fue durante la gestión de Bitrán cuando se decidió entablar la demanda.
El polémico regreso de Julio Ponce y su hermano como “asesores” de SQM, después de todo el escándalo del caso de financiamiento irregular de la política, puso el foco la posibilidad de nacionalizar la minera no metálica y con eso, asegurar al Estado la explotación del litio.
El jueves la comisión de minería de la Cámara de Diputados aprobó el inicio de la tramitación del proyecto de ley que permita declarar el litio como recurso de interés nacional y de esa manera, comenzar el proceso de nacionalización, que implica expropiar SQM. “Nosotros creemos que estamos ante un momento histórico. Así como el Congreso Nacional tuvo la capacidad en los 60 y 70 de nacionalizar el cobre, creemos que este Congreso tiene la capacidad de hacer lo mismo con el litio”, dijo el diputado del Frente Amplio, Pablo Vidal.
Existen tres proyectos de ley que estaban “dormidos” en la comisión de Constitución de la Cámara Baja y que pasarán a la de Minería y Energía. Entre ellos, destacan el de reforma constitucional que declara a los materiales atómicos naturales y el litio como sustancias de valor estratégico, no susceptibles de concesión y le reserva al Estado su exploración, explotación y beneficio, como a sus empresas o aquellas en las que éste tenga participación, la exploración y explotación del l litio. “La tramitación de todo este conjunto de proyectos debiera conducir hacia la chilenización y nacionalización de este recurso”, complementó Vidal.
Pero el influjo nacionalizador no sólo llegó hasta el Frente Amplio. La idea cobra fuerza también al interior del PS. El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, explica cómo se están moviendo las fuerzas en esta línea. «Hay distintas cosas y una que es bien coyuntural, bien vergonzosa e impresentable, que tiene que ver con el acuerdo Corfo -SQM y que implica una falta de rigor o mala intención para posibilitar que Julio Ponce siga participando de la empresa. Lo que debiera ocurrir es que se dejara sin efecto ese contrato, toda vez que hay una vulneración de la voluntad que expresa ese contrato», afirmó.
Durán aseguró que “hay varios sectores en el PS que han expresado su voluntad de modificar estructuralmente las condiciones de explotación del litio y en ese sentido, personalmente participo de un espacio transversal que busca restablecer la explotación del litio en manos del Estado, a través de la nacionalización o de que Codelco sea la empresa responsable”.
El alcalde adelantó que “hoy mismo estamos en un proceso de organización y programa y este tema va a surgir formalmente para que se traduzca en iniciativas legislativas”. Sin embargo, en el sector privado, la opción causa inquietud. “Es muy difícil que ese contrato de explotación hasta 2030 tenga espacio para ser revisado por su consistencia jurídica. Si el gobierno decidiera cambiar las condiciones, eso implicaría iniciar la vía judicial que podría terminar en instancias internacionales”, comentó una fuente del mercado, recordando el trabajo legal para SQM que hizo la oficina Claro y CIA.
Según datos actualizados, la empresa tiene un valor en la bolsa de 16.941 millones de dólares. En el mercado también destacan que teniendo en cuenta que SQM cotiza en la bolsa de Nueva York, habría impacto ante un cambio en la propiedad de la compañía .
