El fallo de la Segunda Sala del máximo tribunal absolvió a los 23 condenados, quienes fueron sometidos a torturas, sufrieron amenazas y estuvieron sujetos a una política de represión de la dictadura militar.
La Corte Suprema acogió este miércoles el recurso de revisión y anuló la sentencia dictada por el Consejo de Guerra, realizado en octubre de 1973 en la ciudad de Temuco, luego de establecer que las confesiones de los condenados fueron obtenidas bajo tortura.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas y las abogadas (i) Leonor Etcheberry y María Cristina Gajardo, anuló la sentencia del juez militar Héctor Bravo Muñoz, y absolvió a los 23 condenados al comprobar su completa inocencia.
Dicha sentencia considera que los consejos de guerra convocados con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 estuvieron enmarcados en una política de represión implementada por el gobierno de la época.
«Que de los antecedentes expuestos precedentemente aparece demostrada la existencia de un método, patrón o sistema general de menoscabo físico o mental y de afrenta a su dignidad, al que fueron sometidos los acusados ante los Consejos de Guerra convocados, los que fueron cometidos por parte de sus interrogadores, celadores u otros funcionarios que intervinieron en el procedimiento mientras dichos inculpados eran mantenidos detenidos, todo ello con el objeto de obtener su admisión o confesión de los hechos que se les atribuían, así como para que implicaran o imputaran al resto de los procesados en los mismos hechos», sostiene el fallo.
Los prisioneros «eran drogados frecuentemente con pentotal, soportaron golpes, aplicación de electricidad y vejaciones sexuales», añade el fallo, que agrega que también sufrieron amenazas y simulacros de fusilamiento, entre otras prácticas.
También indica que algunos denunciaron que fueron sometidos a tortura «delante de sus parejas o que llevaron a sus hijos para presionarlos a entregar información», como también consta en el informe de la Comisión Valech, que hace algunos años certificó las torturas a unos 33 mil chilenos durante la dictadura (1973-1990).
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33 mil sufrieron torturas y prisión por causas políticas.
«Se invalida la sentencia dictada en el Consejo de Guerra convocado con fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y cuatro y, en consecuencia, se anula todo lo obrado en los autos Rol N° 2025-1973 y se declara que se absuelve, por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia, a Enrique Lagos Schuffeneger, Julio Erices Astorga, Luis Bustos Fierro, Jorge Tapia Aedo, Kattie Heybon Villalobos, Dagoberto Vásquez Leal, José Rosas Vergara, Rogelio Durán Donoso, Víctor Gavilán Pinto, Firiley Elgueta Jaramillo, Héctor Contreras Droguet, Luis Alarcón Seguel, Rudecindo Quinchavil Suárez, Luis Quinchavil Suárez, Juan Ortega Aguilar, Gilberto Peña Conejeros, Leonel Sáez Aguilar, Víctor Pérez Zeleda, María Teresa Rivera Geldres, Joaquín Delgado Sagredo, Albán Flores Flores, Eduardo Araneda Alvarado y Ariel Sepúlveda Quiroz», finaliza el fallo.
