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La mitad de los casos corresponden a menores fallecidos por causas violentas. Diputado Saffirio criticó que «no ha cambiado nada al interior del Sename. Todos los discursos que se han hecho en el tono de poner como Estado a los niños primero en la fila, no se han traducido en cambios sustantivos en la calidad de vida ni en la seguridad de los niños». [ACTUALIZADA].
El diputado René Saffirio (Ind.) entregó una nueva cifra sobre muertes al interior de la red dependiente del Servicio Nacional de Menores, durante el primer trimestre del 2018.
El parlamentario señaló que durante enero, febrero y marzo de este año, fallecieron 30 personas que estaban a cargo del organismo (14 de ellos menores de edad).
Uno de los casos se trata de un menor de 17 años que murió en Independencia por un traumatismo cráneo encefálico producto de una bala, otro de la misma edad en San Antonio que se ahogó. En Puente Alto, se registró un caso de asfixia por ahorcamiento, y un niño de dos años en Independencia murió al electrocutarse en su domicilio, entre otros.
«Son las mismas causas de muerte que se han venido repitiendo históricamente. Estas se produjeron en un período en que todavía no asumía el actual Gobierno, en consecuencia no es responsabilidad directa del actual Gobierno. Sin embargo, aún no se toma ninguna medida administrativa ni legislativa que permita sostener que durante el segundo trimestre de este año este escenario vaya a cambiar», dijo el diputado.
El parlamentario explicó que el Ministerio entregará un informe con estos datos al Congreso cada tres meses y aseguró que «no ha cambiado nada al interior del Sename. Todos los discursos que se han hecho en el tono de poner como Estado a los niños primero en la fila, no se han traducido en cambios sustantivos en la calidad de vida ni en la seguridad de los niños».
A través de un comunicado de prensa, el Servicio Nacional de Menores salió a precisar la información entregada por el diputado Saffirio, señalando que “no se trata de fallecidos ‘al interior de centros del Sename’, ya que la mayoría de ellos estaban en programas ambulatorios (área de protección) o cumpliendo una sanción en libertad (justicia juvenil), lo que significa que vivían en sus casas y estaban a cargo de sus redes familiares”.
El organismo estatal añadió que “cada uno de estos casos y sus detalles fue informado al Tribunal de Familia o de Justicia, según correspondía, y fue denunciado ante el Ministerio Público, con el fin de que se determinen las posibles responsabilidades”.
