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El documento del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas también señala que el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas y debe modificar la Ley de Subvenciones. Asimismo, critica duramente la acción de los jueces. “Estamos seguros que de completarse el plan de acción que ha impulsado el actual Gobierno, este informe va a encontrar respuesta y satisfacción a las inquietudes que ha levantado”, aseguró el ministro de Justicia.
Una dura crítica a la labor del Estado y la acción de los jueces en el trato a menores de edad internados en diversos centros Sename, consigna el informe final elaborado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas tras las visitas realizadas en enero de este año a varios establecimientos de la red.
El documento presentado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, indica que existieron violaciones a la Convención sobre los Derechos del Niño durante más de 40 años. Además, señala que el Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas y modificar la Ley de Subvenciones.
«El Estado es directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo en los CREAD, así como de las llevadas a cabo en los OCAS u otros centros. Y ello, no solo por falta de supervisión, sino también porque dichos centros, a efectos de atribución de responsabilidad, deben ser considerados agentes del Estado», puntualiza el documento.
El comité también consideró que el Estado es responsable de «graves violaciones de los derechos enunciados en la convención, considerando que el sistema de protección residencial de Chile ha resultado en una amplia vulneración de derechos de miles de NNA (Niños, niñas y adolescentes) bajo la tutela durante un largo período».
El informe señala que las violaciones descritas “no son producto de circunstancias puntuales, de personas concretas o de una determinada coyuntura ante las reiteradas denuncias y constataciones, demuestran que existen unas causas estructurales que han permitido esa situación”.
En ese sentido, el Comité considera que existen cuatro causas «que han favorecido las graves y sistemáticas violaciones descritas en este informe: a) la visión tutelar de la infancia; b) una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; c) la excesiva judicialización del sistema; d) la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros en el sistema». En una crítica a la acción de los jueces, planteando que la mayor parte de ellos “carece de formación específica”.
Uno de los centros visitados por los expertos fue el Cread de Playa Ancha. Respecto a este, recomendaron el «cierre inmediato» del hogar, medida que todavía no ha sido adoptada por el Gobierno.
El Comité además solicitó al Estado que, en un plazo de seis meses, informe sobre las medidas que haya adoptado y tenga previsto adoptar, «incluidas las medidas urgentes solicitadas en febrero de 2018, y le recomienda que difunda las conclusiones y recomendaciones del comité».
En respuesta, el ministro de Justicia aseguró que el Ejecutivo está trabajando en el tema infancia, señalando que el informe “viene a reafirmar el diagnóstico que el Estado de Chile, especialmente el actual Gobierno, tiene en relación a los niños niñas y adolescentes vulnerados en nuestro país”.
“Ya nos hicimos cargo del grueso de las recomendaciones que ha planteado este informe. Y estamos seguros que de completarse el plan de acción que ha impulsado el actual Gobierno, este informe va a encontrar respuesta y satisfacción a las inquietudes que ha levantado”, añadió.
