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Proyecto anticohecho: CPLT pide incluir en “listas negras” a empresas que falten a la probidad

por 6 agosto, 2018

Proyecto anticohecho: CPLT pide incluir en “listas negras” a empresas que falten a la probidad
El Ministerio de Justicia ingresaría mañana martes una nueva indicación en materia de delitos de soborno y cohecho, pero el CPLT advirtió que ésta no se debe remitir a personas naturales sino a empresas “que hayan tenido participación en delitos de soborno o cohecho, en faltas a la probidad de otra naturaleza, e incluso en el ámbito de la libre competencia”.
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En el marco de su presentación ante la Comisión Mixta del Congreso, que analiza la iniciativa que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, planteó nuevas medidas pro transparencia.

El Gobierno ingresaría mañana martes una nueva indicación en materia de delitos de soborno y cohecho, que incluiría la inhabilitación para ejercer cargos en empresas que se relacionen con el Estado, y la creación de “listas negras” de proveedores del Fisco.

Si bien valoró positivamente estas medidas, Drago pidió ir más allá y generar no sólo listados de personas naturales sino de empresas que cometan delitos de soborno y cohecho y faltas a la probidad.

“Básicamente, lo que planteamos es la necesidad de establecer listas negras de contratación con el Estado, partiendo por personas naturales, pero sobre todo empresas, en la medida en que hayan tenido participación en delitos de soborno o cohecho, en faltas a la probidad de otra naturaleza, e incluso en el ámbito de la libre competencia”, enfatizó.

El objetivo de esta propuesta, resumió el titular del CPLT, es “dar nuevos pasos para aumentar el control social y la obligatoriedad de este tipo de declaraciones para todas las entidades que firman contratos con el Estado, que debieran publicitarse vía transparencia activa”.

Otras de las propuestas planteadas por el CPLT al proyecto de integridad pública se refieren a los  ajustes de plazos de deber de abstención con las declaraciones de intereses y patrimonio, y la publicación de las obligaciones de informar.

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