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La oposición afina el texto de la acusación que se presentará contra los integrantes de la cuestionada Segunda Sala del máximo tribunal del país. Desde la Suprema consideran que la acción «no procede porque no hay abandono de deberes” y apuntaron al Legislativo, señalando que ellos “sólo aplican la ley” y los cambios corresponden al Congreso.
Desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, la oposición finamente se cuadró y confirma esta jornada en la Cámara de Diputados la presentación de una acusación constitucional contra los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema a raíz de las recientes resoluciones a favor de condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.
El libelo apela al argumento de “notable abandono de deberes” de los “supremos” en esta materia, bajo el concepto de que «la determinación de los ministros establece una política de impunidad que no nos parece”, explicó el jefe de Bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve.
Esta jornada, los diputados de oposición se reunirán con organismos de familiares de víctima de la dictadura, y seguirán avanzando junto a sus equipos de asesores en la redacción del libelo que ingresarán contra los integrantes de la Segunda Sala del máximo tribunal del país.
Desde la DC, el diputado Raúl Soto rechazó el actuar del Poder Judicial en beneficio de quienes llamó “delincuentes de lesa humanidad”. “Como diputados de la Democracia Cristiana no podemos tener doble estándar en DDHH. Hay que condenar con fuerza los beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad y utilizar para ello todos los medios institucionales, internos e internacionales, jurídicos y políticos”, argumentó.
En la misma línea, el jefe de diputados del PPD, Ricardo Celis, aseguró que “como bancada creemos que están los elementos suficientes para una acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema, estamos en esa postura (…) hay que detener esta agresión y transgresión al respeto a los derechos humanos”.
Sin embargo, en la antesala de esta presentación, el vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisternas, fue enfático en que «no procede (la acusación) porque no hay abandono de deberes, los ministros resolvieron el asunto en un plazo oportuno. Pensar que debe resolverse de una manera determinada significa forzar el juzgamiento y, en consecuencia, se pierde la independencia», señaló a El Mercurio.
Por otra parte, el también ministro integrante de la segunda sala, Carlos Künsemüller, desestimó el argumento al que apelan los diputados, planteando que “no sé en qué consiste el abandono (de deberes). Lo que hacemos es aplicar la ley vigente”. En la misma línea, su colega Manuel Valderrama dijo que «aplicamos lo que el ordenamiento jurídico nos proporciona. Somos jueces y debemos aplicar la ley interpretándola y respetando normas».
Desde la Corte Suprema apuntan de este modo al Legislativo, señalando que los jueces sólo aplican la ley y los cambios corresponden al Congreso. Es así como Hugo Dolmestch, presidente de la sala y ministro, reiteró que “todo esto debe arreglarse por la vía legislativa. Yo lo planteé tantas veces cuando era presidente de la Corte Suprema. Hay que aclarar a quiénes le corresponde y a quiénes no» y defendió el actuar de los “supremos” señalando que “estamos cumpliendo con la ley y el tema del arrepentimiento no está en la ley».
Anticipando la tensión que provocará la presentación de esta acusación, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y también integrante de la Sala Penal aseguró que “indudablemente la tramitación de la acusación va a generar condiciones más complicadas, más extremas de funcionamiento, pero no hay más que trabajar en esas condiciones (…) son las circunstancias que hay que vivir nada más”.
Sin embargo, voces externas al Poder Judicial, como el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, consideró que la acusación constitucional “tiene sentido”. “No digo que vaya a ser aprobada, pero frente a un hecho que acaba de ocurrir y que augura otros hechos similares en este futuro, una reacción de escrutinio fuerte de parte del poder legislativo es adecuada», dijo esta mañana el columnista a Radio Infinita.
La última acusación constitucional presentada contra un ministro de la Corte Suprema fue en 2014, cuando la entonces oposición interpuso un recurso contra el ministro Héctor Carreño tras la aprobación del informe elaborado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que revela responsabilidades en vulneraciones de derechos a menores en residencias colaboradoras del Servicio Nacional de Menores (Sename). Al magistrado se le acusaba de haber impedido hacer llegar las denuncias al Ministerio Público, pero la acción se cayó en la Cámara de Diputados.
En 1997 se rechazó una acusación constitucional presentada por la UDI en contra del entonces presidente de la Corte Suprema Servando Jordán, debido a irregularidades asociadas con casos de narcotráfico y lavado de dinero, en el proceso iniciado por el CDE en contra de Mario Silva Leiva, el “Cabro Carrera”. Sin embargo, ésta no prosperó en el Congreso.
El único caso en que se ha gatillado una destitución fue en 1993, cuando se acusó a los ministros de la Corte Suprema Hernán Cereceda, Lionel Beraud y Germán Valenzuela, además del auditor general del Ejército Fernando Torres. La Cámara aprobó el libelo, pero finalmente el Senado sólo lo acogió en el caso de Cereceda, quien fue destituido del Poder Judicial.
