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Penta, Caval, conflictos en La Araucanía y “Ley Mordaza”: las reuniones claves de la agitada agenda de fiscal Abbott

por 13 agosto, 2018

Penta, Caval, conflictos en La Araucanía y “Ley Mordaza”: las reuniones claves de la agitada agenda de fiscal Abbott
El 2 de enero de 2018, en medio de las gestiones de Hernán Larraín por la situación de Moreira en el caso Penta, el Fiscal Nacional registra un encuentro con el persecutor de la causa, Manuel Guerra –quien no recuerda la razón de la audiencia, aunque recalca que “reunión por el tema no tuvimos”–, además de dos citas, durante el año 2016, con los abogados de Enrique Yarur, presidente de BCI, también involucrado en el financiamiento ilegal de la política. La solicitud de destitución de la máxima autoridad del Ministerio Público se encuentra en pleno proceso en la Corte Suprema, en manos del juez Héctor Carreño, quien el 28 y 29 de agosto recibirá a ambas partes para las audiencias.
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La copada agenda de reuniones del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para él. Sus encuentros con el ex senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, terminaron por dar vida a una solicitud de remoción en su contra, que hoy se encuentra en proceso en la Corte Suprema. El juez nombrado para ver la solicitud presentada por diputados de oposición es Héctor Carreño, quien recibirá el 28 y 29 de agosto a ambas partes para las audiencias.

Hace más de una semana, un grupo de parlamentarios detalló que son nueve las reuniones sostenidas entre el entonces senador gremialista y Jorge Abbott, desde que asumió como máxima autoridad del Ministerio Público en diciembre de 2015. El listado de citas es diverso, van desde los “derechos de las víctimas de la Región del Maule”, la agenda corta antidelincuencia, el proyecto de Ley Anticolusión, la Ley Emilia, la situación del senador UDI Iván Moreira –quien se encontraba desaforado por el caso Penta–, más dos reuniones que no tienen registro de asunto.

En El Mostrador revisamos en detalle la agenda pública de encuentros y reuniones del Fiscal Nacional. En la página del Ministerio Público, se da cuenta de que los encuentros con Larraín no son los únicos respecto al caso Penta, sino que Abbott también sostuvo dos reuniones con otros abogados representantes en la causa. Además, aparece una cita con los juristas representantes de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, por caso Caval, hasta encuentros de “trabajo” en agosto de 2017 con Cristián Zegers, director de El Mercurio, y otra del mismo tenor con dos ejecutivas de Copesa (diario La Tercera) en enero de este año, ninguna de las dos registradas bajo la Ley de Lobby, y diferenciadas de los registros por entrevistas periodísticas.

La cita con Guerra

Uno de los argumentos de la solicitud de remoción en contra del fiscal Abbott, radica en su inhabilitación en el caso Penta, debido a su parentesco con el actual ministro Alfredo Moreno, quien se hizo cargo del holding cuando sus dueños, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, debieron dar un paso al costado. Durante su campaña a Fiscal Nacional, Abbott se comprometió a no involucrarse en el caso, pero en el documento de su defensa, presentada ante la Corte Suprema, aclaró que se refería a no tomar la dirección del referido caso.

Abbott recibió dos solicitudes para agilizar la causa en contra del senador Moreira antes que ella se cerrara por el caso Penta. Una desde el Senado y otra de parte de Larraín, quien le pidió en persona la agilización de dicha causa, bajo el argumento de que el desafuero del parlamentario afectaba la representatividad en la Cámara Alta.

Según el documento de defensa del Fiscal Nacional, el 27 de diciembre de 2017, Abbott envió un oficio al Senado, respondiendo a la solicitud realizada por el vicepresidente de la Cámara Alta, Guido Girardi, quien pidió, a nombre de los senadores Allamand y Larraín, acelerar la causa del desaforado senador Moreira. El documento detalla que Abbott rechazó la solicitud, ya que no era de su competencia, y derivó el requerimiento al persecutor a cargo del caso, Manuel Guerra.

El jefe del Ministerio Público señala que Guerra, “en uso de sus atribuciones exclusivas y sin intervención de mi parte”, decidió solicitar una audiencia para la suspensión condicional del procedimiento para Moreira. Lo que no menciona Abbott es que, días después de remitirle la solicitud del Senado al fiscal Guerra, ambos se reunieron.

En su agenda, Abbott registra solo cuatro encuentros con el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, dos de ellos son coincidencias en eventos públicos. Los otros dos responden a reuniones denominadas de “trabajo”, la primera fijada el 29 de diciembre de 2017, dos días después de enviarle el requerimiento a Guerra, aunque ese encuentro no se llevó a cabo. La cita finalmente se concretó el 2 de enero de 2018, a las 09:30 horas, en la Fiscalía Nacional, sin que en la agenda pública de Abbott se detalle la razón del encuentro, y 13 días después, el 15 de enero de 2018, Guerra solicitó ante el 8° Juzgado de Garantía la suspensión condicional de la causa en contra de Moreira, la que fue acogida por el tribunal el 30 del mismo mes.

En conversación con El Mostrador, el fiscal Guerra afirmó que “no recuerdo el contexto y para qué” de la reunión con Abbott, pero añadió que se reúne a menudo con él. Detalló que “puede ser que haya sido con motivo de la cuenta pública de los fiscales regionales metropolitanos que se hizo en esos días”. Dicha cuenta se realizó el 4 de enero de 2018 y estuvo a cargo del Fiscal Regional Metropolitano Centro-Norte, Andrés Montes, quien dio cuenta de los balances de las cuatro fiscalías.

Respecto a lo solicitud del Senado, Guerra explicó que Abbott “me remitió esa comunicación vía oficio y no recuerdo si me llamó por teléfono para contarme de la misma. Pero reunión por el tema no tuvimos. En todo lo de Penta, él (Abbott) se reducía a reenviar información sin requerir nada a cambio” y luego agregó que no respondió el oficio del Senado, “pues consideré que no correspondía que ellos pidieron celeridad en un caso en que no son parte, no sé si existirá registro”.

El fiscal Guerra destacó que “en su momento se hicieron reuniones de coordinación con todos los fiscales regionales que teníamos los llamados casos de financiamiento de la política, Contardo, Gómez y yo, junto a Marta Herrera y el Fiscal Nacional. Esas reuniones buscaban que informáramos la marcha de los casos, también participó el jefe de la Unidad de Lavado y Delitos Económicos, Mauricio Fernández”. De estas reuniones no exite registro en la agenda pública del Abbott.

Guerra deberá hacer llegar todas las comunicaciones con el fiscal Abbott a la Corte Suprema, y declarará ante el juez Carreño, “ya que mi declaración fue solicitada por los requirentes y también por el Fiscal Nacional”.

Cabe recalcar que, al revisar la agenda de cada Fiscal Regional y la del Fiscal Nacional, no se observan encuentros recurrentes entre Abbott y sus subalternos. En diciembre de 2017, sostuvo una sola reunión con el fiscal de Tarapacá, mientras que en enero de 2018 fueron cinco los encuentros con fiscales regionales, incluida la reunión con Guerra y una, el día 4, con el Fiscal Regional de La Araucanía, Cristián Paredes.

Las otras reuniones por Penta

Abbott se ha reunido con otros incumbentes en el Caso Penta. Conocidos son los encuentros –bajo la Ley de Lobby– que ha tenido con los abogados del Caso Penta, Rodrigo Zegers y Samuel Donoso, defensor en el caso SQM.

Abbott registra solo cuatro encuentros con el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, dos de ellos son coincidencias en eventos públicos. Los otros dos responden a reuniones denominadas de “trabajo”, la primera fijada el 29 de diciembre de 2017, dos días después de enviarle el requerimiento a Guerra, aunque ese encuentro no se llevó a cabo. La cita finalmente se concretó el 2 de enero de 2018, a las 09:30 horas, en la Fiscalía Nacional, sin que en la agenda pública de Abbott se detalle la razón del encuentro, y 13 días después, el 15 de enero de 2018, Guerra solicitó ante el 8° Juzgado de Garantía la suspensión condicional de la causa en contra de Moreira, la que fue acogida por el tribunal el 30 del mismo mes.

El 11 de abril de 2016, Zegers, abogado representante de Santiago Valdés, involucrado en el caso Penta, se reunió con Abbott durante 45 minutos. Según consta en el archivo de la Ley de Lobby, no hubo nadie más en dicha ocasión y el motivo fue la “afectación del derecho de defensa que estaría sufriendo su representado, a resultas de la decisión de separación de investigaciones de los casos denominados Penta y SQM, radicadas en Fiscalía Regional de Valparaíso y Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, respectivamente”.

La reunión con Zegers se da días después que Valdés hiciera uso de su derecho a guardar silencio ante los fiscales que llevaban el caso Penta. El 7 de abril de 2016, el ex administrador electoral de Sebastián Piñera llegó hasta la Fiscalía local de Ñuñoa y se negó a prestar declaración. El ex gerente de finanzas de Bancard había sido formalizado por haber firmado los contratos forwards de Bancard. También fue quien suscribió un contrato de asesorías entre Bancard y SQM por $340 millones.

La otra reunión ya es conocida y es incluida en la solicitud de remoción en contra de la cabeza del Ministerio Público. El 20 de enero de 2017, Abbott se juntó con Donoso, abogado de Patricio Contesse, y nuevamente con Zegers, ocasión en la que sí estuvieron presentes otros miembros de la Fiscalía, Marta Herrera y Mauricio Fernández. El objetivo era la unificación de las causas Penta y SQM, para que quedaran bajo la tutela del fiscal Gómez, según explicó la defensa de Abbott ante la Suprema. El Fiscal Nacional señaló que sí respondió a la solicitud del abogado de Valdés, pero con una negativa.

Existen otras reuniones por Penta vinculadas con Moreira y el ex candidato presidencial de la derecha, Laurence Golborne. Se trata de dos audiencias que figuran bajo la Ley de Lobby, relacionadas con Luis Enrique Yarur Rey, presidente del directorio de BCI, quien reconoció haber hecho un aporte desde su cuenta personal –sin boleta– de $20 millones al senador UDI y que el banco efectuó aportes a la campaña de Golborne, pagando por servicios no prestados a dos agencias de un amigo del ex abanderado.

En mayo de este año, La Tercera publicó que los abogados de Yarur Rey, Cristián Muga y Rodrigo Aldoney, se habrían reunido con Abbott de forma separada en 2016. El 27 de mayo de dicho año, Muga lo hizo durante una hora a solas con el Fiscal Nacional y el registro del motivo de la reunión, que se encuentra incompleto, puntualiza que es debido a causas “…administrativas vinculadas a investigación seguida en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente que afectarían derechos de…”. Pero se detalla el nombre de Yarur en las notas.

Un mes después, el 29 de junio, Golborne fue formalizado por la Fiscalía. Entre las pruebas, se detalló la declaración de Yarur ante el Servicio de Impuestos Internos: “Hay casos en que sí puedo vincular el aporte político, que es el caso de dos sociedades: Vox Comunicaciones y VSA. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial de don Laurence Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”, declaró el presidente del directorio de BCI, quien agregó que era Golborne quien directamente le llevaba las facturas.

El abogado Muga arribó por segunda vez hasta la oficina de Abbott el 23 de agosto de 2016, esta vez acompañado de los abogados Aldoney y Luis Ortiz. Según detalla el registro bajo Ley de Lobby, no asisten más funcionarios del Ministerio Público, aparte del Fiscal Nacional. La reunión –que duró una hora– trató efectivamente sobre Yarur y el caso Penta, debido a “situaciones administrativas vinculadas a investigación seguida en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente que afectarían derechos de su representado”, detalla el registro del organismo persecutor.

Gestiones por Caval y La Araucanía

Los abogados defensores de Compagnon y Dávalos por el Caso Caval también dejaron su marca en la agenda del Fiscal Nacional. En marzo, la defensa de la nuera de la ex Presidenta, Michelle Bachelet, inició una arremetida en contra de los fiscales a cargo del caso, Sergio Moya y Emiliano Arias.

El 8 de agosto, según informó La Tercera, el abogado Tomás Martínez ingresó un escrito a la Fiscalía, el que tenía como objetivo solicitarle al Fiscal Nacional la inhabilitación de Arias y Moya en el caso. Además, Compagnon presentó dos querellas en contra de los perecutores por delito de amenazas condicionales y violación de secreto.

Pero la arremetida no se quedó solo en el papel. El 21 de marzo de 2018, el mismo día en que la Corte Suprema revisaría el sobreseimiento de Dávalos, respecto a la causa principal del Caso Caval, su abogado, Carlos Fierro y Martínez, llegaron hasta la Fiscalía Nacional en nombre de Compagnon, como detalla la agenda de Abbott.

La reunión fue registrada vía Ley de Lobby y se hizo en compañía de otros funcionarios del Ministerio Público. De acuerdo a la página de la Fiscalía, el objetivo de la reunión –que se extendió por 23 minutos– era solicitar la “inhabilidad Fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias, presentada el pasado 08 de marzo de 2018, en la oficina de partes de la Fiscalía Nacional, en referencia a los antecedentes de la Causa RUC 1500166033-8 -Caso Caval-”. En la reunión, acompañaron al Fiscal Nacional el subdirector de Unidad Especializada Anticorrupción, Hernán Fernández, y el jefe de gabinete, Mauricio Salinas Chaud.

Ese mismo día, Dávalos ofreció disculpas al Fiscal Nacional y a la Asociación de Fiscales, debido a sus críticas al trabajo realizado por el Ministerio Público, aunque mantuvo sus palabras para la Fiscalía de Rancagua, que –según él– no "ha cumplido con el debido proceso".

En paralelo, estaba desatada otra polémica por el caso, luego que se conociera el fallido nombramiento del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, como notario en la comuna de San Fernando, por parte del ex ministro de Justicia y DD.HH., Jaime Campos. Una semana después, el 28 de marzo, la Suprema confirmó el sobreseimiento de Dávalos por la arista principal del caso, pero el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo por prescripción para él, en la arista por la estafa al empresario Gonzalo Vial Concha. El juzgado regional también mantuvo las cautelares para Compagnon.

Otras reuniones que llaman la atención en la agenda de Jorge Abbott, tienen que ver con casos de alta connotación pública en La Araucanía. El Fiscal Nacional se reunió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el abogado del Gobierno, Luis Hermosilla, el 7 de febrero de 2018, un mes antes de que asumiera la Presidencia de la República Sebastián Piñera. Según el detalle de la agenda, la reunión de trabajo se desarrolló en Vitacura, comuna en donde Hermosilla tiene su oficina. El objetivo de la cita, no identificada bajo la Ley de Lobby, era la coordinación de los casos Luchsinger-Mackay e Iglesias, que aún se encontraban en proceso a principios de año.

Otro caso abordado por el Fiscal Nacional es el de Operación Huracán. El 19 de febrero de este año, Abbott se reunió con el jefe jurídico de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, Luis Correa, y el abogado de la Intendencia de La Araucanía, Matías Moya, en los últimos días del Gobierno de Bachelet.

El encuentro se dio en medio de las tensiones entre los fiscales que llevan el caso y los representantes gubernamentales. En la audiencia del 9 de febrero, se vivió un intenso intercambio de acusaciones con el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Felipe González, quien acusó “negligencia “ y falta de interés por parte de Moya en el caso. Acto seguido, el 12 de febrero, el anterior Gobierno anunció que apelaría al sobreseimiento de la causa Operación Huracán, que fue cerrada en favor de los 11 comuneros mapuche acusados en ella, y que presentaría un recurso de queja en contra del juez, Federico Gutiérrez, quien se negó a la reapertura del caso.

El despliegue de Moya, quien trabajó directamente con Abbott durante su paso por el Ministerio Público, estaba puesto en entredicho en la prensa y la pugna entre ambos poderes regionales se intensificaba, pee a que el mismo Fiscal Nacional descartó las tensiones a principio de febrero. Es en ese contexto que Abbott se reunió con Moya y Correa, a las 15:30 hrs. en la Fiscalía Nacional. Según detalla un breve extracto de La Tercera respecto al encuentro, no se habría conversado sobre los anuncios del Gobierno.

Ley Mordaza

Otro tema que fue tratado por el entonces senador Larraín y Abbott es la “Ley Corta Antidelincuencia”, tramitada entre 2015 y 2016 por el Congreso. Según detalla la agenda del Fiscal Nacional, el 16 de febrero de 2016, ambos se reunieron para “abordar” el proyecto ingresado en la administración de Bachelet. La reunión se concretó a las 9 de la mañana, en dependencias de la Fiscalía Nacional, pero no cuenta con un registro bajo la Ley de Lobby.

A pesar de que el Congreso se encontraba en periodo de receso y que Abbott había retornado hacía un mes a sus labores tras sufrir un infarto al miocardio, ambas autoridades se reunieron para conversar acerca de una ley estratégica para la denominada doctrina Abbott y gravitante en importancia para la derecha en el Congreso. El 27 de enero de 2015, el Gobierno de Bachelet ingresó la iniciativa que buscaba mejorar las condiciones de investigación de los denominados “delitos de connotación social”, además de otorgarles más facultades a la PDI, Carabineros y a la Fiscalía, y entre cuyas medidas más polémicas se encontraba el Control Preventivo de Identidad y la denominada “Ley Mordaza”.

El 28 de enero de 2016, el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), ingresó una serie de indicaciones al proyecto que se encontraba en la comisión de Constitución del Senado, tras ser aprobado por la Cámara de Diputados. Entre estas se encontraba una indicación al artículo N°12 de la ley, la cual establecía que los funcionarios públicos, peritos y las personas que accedan a las investigaciones y diligencias del Ministerio Público y Tribunales “estarán obligados a guardar secreto de las mismas”. Agregaba que las personas que infrinjan el secreto “serán sancionadas con la pena de multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales o presidio menor en su grado mínimo”.

La modificación fue vista como una clara señal en contra de las filtraciones que visibilizaron los casos de financiamiento irregular a la política en la prensa, razón por la que la Asociación de Fiscales y el Colegio de Periodistas se mostraron en contra de la denominada “Ley Mordaza”. El entonces ministro Burgos señaló que la indicación fue generada a petición del Ministerio Público.

Abbott, junto a su subrogante, Montes, y la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, intervinieron en distintas ocasiones en respaldo de la indicación, tanto en la comisión de Constitución del Senado como en la comisión mixta, según detallan los informes de ambas instancias.

Entre los principales senadores que se hicieron parte de la cruzada destacan Alberto Espina (RN), el entonces presidente de la comisión, Alfonso de Urresti (PS), el senador  Larraín, en tanto que su par Felipe Harboe (PPD) actuó “más en un segundo plano”, detallan fuentes desde el Senado. El rol de Larraín fue “importante en la comisión”, recuerda un ex asesor de la Cámara Alta. El actual ministro de Justicia era miembro de la comisión y, de acuerdo al informe final de la instancia, abogó por el endurecimiento de las penas a quienes filtraran y divulgaran la información.

Días antes de la votación de la ley en la Sala del Senado, realizada el 5 de abril de 2016, el Fiscal Nacional tuvo dos reuniones con senadores miembros de la comisión, que estuvieron a favor de la indicación. La primera fue con Espina, el 1 de abril, a las 13:00 hrs., en la Fiscalía, la que se encuentra registrada en la agenda de Abbott y detalla que es “para abordar proyecto agenda corta”. La otra fue con Larraín, un día antes de la votación, el 4 de abril, a las 8:30 a.m., también en el edificio del Ministerio Público.

Al día siguiente, la indicación fue aprobada por 20 votos contra 14 en el Senado. Larraín y Espina mantuvieron sus posturas en la discusión en Sala. En la sesión de las 16:00 hrs., el actual titular de la cartera de Justicia planteó que “no hay ninguna justificación” para interpretar que se ha “intentado poner una ley mordaza, ocultar a los poderosos, o alguna cosa de esa naturaleza”. A pesar de los intentos para aprobar la indicación, esta terminó siendo rechazada en la Comisión Mixta, el 9 de mayo de 2016.

Pero la arremetida “antifiltraciones” de Abbott no se quedó allí. En diciembre de 2016, el Fiscal Nacional, implementó un nuevo instructivo de comunicaciones para el Ministerio Público. En la misiva, enviada a todos los fiscales del país, se establece una política antifiltraciones, destacando que todas las comunicaciones respecto a casos investigados deben pasar por el equipo de comunicaciones central, además de prohibir la divulgación de información por parte de los fiscales respecto a los casos. La misiva tildó a las filtraciones como “actos de corrupción”.

Cabe recalcar que la Ley de Lobby regula las reuniones y audiencias solicitadas por “lobbistas y gestores de intereses particulares”, que tengan como finalidad influir en una decisión pública. En este caso, no reglamentaría las reuniones entre el Fiscal Nacional y otras autoridades respecto de la Ley Corta Antidelincuencia, ya que se interpreta que Abbott realiza las gestiones como una autoridad que actúa en pos del bien común y no a favor de una postura personal.

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