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Algo huele raro con el polémico proyecto que Oxiquim tiene en carpeta para la Bahía de Quintero

por 5 septiembre, 2018

Algo huele raro con el polémico proyecto que Oxiquim tiene en carpeta para la Bahía de Quintero
Todo iba bien para la compañía que quiere invertir 126 millones de dólares en un terminal que le permita operar a más del doble de lo que trabaja hoy, especialmente embarcando concentrado de cobre. Pero el episodio de contaminación en la zona dejó al descubierto otro conflicto ambiental con los pescadores del sector, que con esta megaobra ven el fin de su fuente de trabajo y calidad de vida. Algunas autoridades parecen favorecer a la empresa.
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Parecía que los tiempos mejores se venían más rápido de lo pensado para Oxiquim, la compañía dedicada a vender productos químicos que, desde hace cuatro años, quiere invertir US$126 millones en la construcción de un muelle, un Terminal Multipropósito para descargar productos en la bahía de Quintero.

En julio del año pasado, el comité de ministros le dio luz verde al proyecto que estaba atascado por dos reclamaciones, una presentada por el sindicato de pescadores de Loncura y, la otra, por la agrupación de Dunas de Ritoque, preocupada de la conservación ecológica en el sector.

Para los pescadores, el muelle que se usará para embarcar anualmente 1,8 millones de toneladas de concentrado de cobre y 400 mil de graneles líquidos, terminará de matar la bahía y significa un golpe mortal a la actividad económica que han ejercido por más de 50 años.

Viento a favor

Va a ser un hoyo de 20 metros de profundidad y 17 hectáreas. Tres a cuatro palacios de La Moneda bajo la bahía de Quintero. Toda la contaminación, acreditada por un estudio del Instituto de Fomento Pesquero el 2015 sobre nuestros recursos, locos, erizos, ostiones, dice que los metales pesados están altamente concentrados en el sustrato marino y en las arenas. La arena del dragado la van a botar en el límite de las 5 millas frente a Horcón, las corrientes pueden llevar esa contaminación hacia áreas de manejo en la zona norte: Papudo, Pichicuy, Los Molles Cachagua. Además, la van a tirar casi al borde de las 5 millas que la ley nos reserva para pescar”, detalla el presidente de la asociación de pescadores de la Quinta Región Norte, Roberto Monardes.

Pero para la Comisión de Evaluación Ambiental, tanto del Gobierno anterior como de esta administración, el proyecto cumple con la ley, considera que todos los problemas denunciados por los pescadores fueron correctamente subsanados por la empresa y, de esa manera, se le entregó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en enero de 2017, la que el comité de ministros ratificó al rechazar la invalidación de las personas que se oponen.

Según el concejal de Puchuncaví, Eduardo Veas, “los seremis y otras autoridades votaron sin tener mayor información sobre el proyecto, no lo habían visto en su vida. Yo soy RN, pero creo que mi Gobierno no ha estado a la altura en este caso y ha sido irresponsable. Como hijo de pescador, sé que este proyecto va a terminar con la actividad pesquera en la zona, pero igual fue aprobado”.

Este es uno de los proyectos más importantes para Oxiquim, que ya moviliza un millón de toneladas anuales en un terminal en la misma zona, y tenía vía libre para seguir avanzando, pero una nueva acción judicial de los pescadores, entre los que se cuenta Monardes, fue acogida. El 8 de mayo se efectuaron los alegatos de la causa y la Comisión de Evaluación Ambiental se defendió –en un escrito de acceso público– diciendo que en su reclamación los pescadores “no fundamentaron la afectación o menoscabo a un derecho subjetivo, a un interés jurídico comprometido, no aportaron contenido en cuanto a en qué medida la RCA en cuestión menoscababa algún interés jurídico y no cuentan con legitimidad activa para impugnar”. Además, insisten en que el proyecto cumple con las resoluciones medioambientales y que por eso fue aprobada su calificación ambiental.

La crisis ambiental que las últimas semanas han vivido los habitantes de Quintero –con alertas, suspensión de clases e intoxicados– ha complicado el panorama para los intereses de Oxiquim, que ha sido apuntada como una de las eventuales responsables del episodio contaminante. Aunque ayer la empresa descartó su responsabilidad a través de un comunicado, la sospecha no los abandona ni tampoco el manto de dudas al revelarse el vínculo del presidente del directorio, Fernando Barros, quien es uno de los abogados de confianza del Presidente Piñera y, a su vez, fue socio durante 20 años de Gonzalo Molina, el marido de la actual ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Aprobado por teléfono

Sospechas que se agudizaron después de lo ocurrido el 8 de agosto en la sesión de la Comisión de Uso del Borde Costero, instancia consultiva que “sugiere” al Presidente de la República las medidas para respetar y cuidar el buen uso del borde costero y sus recursos, en la que participan autoridades de Gobierno con competencia ambiental, encabezadas por el intendente, Jorge Martínez, además de  actores sociales, como los pescadores. 

Una decisión contraria al proyecto de parte de esta comisión, pudo darle argumentos al Presidente Piñera para tomar medidas, pero el proyecto se aprobó. Lo extraño es que, pese a que no asistió a dicha sesión, se incluyó el voto favorable del alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, después que el intendente Martínez dijera que así lo había transmitido por vía telefónica. La jefa comunal de Puchuncaví, Eliana Olmos, quien también debía estar presente, no asistió. Ambas autoridades municipales son independientes cercanos a Chile Vamos y, al cierre de esta edición, ninguno respondió a las consultas de El Mostrador.

Testigos de la reunión relataron que hubo “gestiones desesperadas del intendente para conseguir los votos favorables al proyecto”.

Según el concejal de Puchuncaví, Eduardo Veas, “los seremis y otras autoridades votaron sin tener mayor información sobre el proyecto, no lo habían visto en su vida. Yo soy RN, pero creo que mi Gobierno no ha estado a la altura en este caso y ha sido irresponsable. Como hijo de pescador, sé que este proyecto va a terminar con la actividad pesquera en la zona, pero igual fue aprobado”.

Veas es partidario de terminar con las obras industriales en Quintero y, para eso, se ofició el lunes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tras una reunión de la Comisión Regional de Medioambiente en la que los alcaldes esta vez se manifestaron, explícitamente, en contra de la construcción del muelle. 

El abogado ambientalista Alex Muñoz considera que debe detenerse la construcción de más fuentes contaminantes en la zona y cree que, más que decisiones jurídicas como las que puede adoptar el Segundo Tribunal Ambiental, el tema pasa por una decisión política. “Independientemente de los aspectos procesales, lo importante es que se dé una solución política y no jurídica a la situación de la Bahía de Quintero. El sistema judicial no va a ser el que cree una solución definitiva a la catástrofe hace más de 50 años. El término de la zona de sacrificio tiene que ser una gran tarea del Estado, liderada al más alto nivel por el Presidente de la República. Tiene que llamar a las empresas, las comunidades y poner a sus ministros a disposición para desintalar una de las situaciones de abuso a los derechos humanos más graves ocurridas en democracia”, enfatizó.

A nivel gubernamental aún resta un paso que debe sortear Oxiquim. La decisión para que su proyecto en la Bahía de Quintero pueda operar recae en el Departamento de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. El subsecretario, Juan Francisco Galli, explicó que “para que la empresa pueda operar conforme a la concesión marítima, tiene que tener al día todos los permisos ambientales. Eso es independiente del proyecto, son dos procesos paralelos y esta autorización está todavía en trámite”.

Oxiquim tiene cuatro concesiones marítimas en la zona y en 2015 ingresó la solicitud para ampliar el objeto de una de ellas, que le permita operar su terminal multipropósito anexo al que ya tiene.  

Aunque hasta ahora todos los papeles están en regla a partir de la RCA aprobada en enero de 2017, es la vía judicial la que puede mantener solo en el papel el proyecto de Oxiquim. En octubre podría estar la sentencia del Tribunal Ambiental y, si es favorable a los pescadores, todo indica que la empresa concurriría a la Corte Suprema. 

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