PAÍS
Ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, reforzó la versión de su colega de Medio Ambiente Carolina Schmidt. “Este acuerdo lo estamos mirando con mucho detenimiento desde Cancillería”, indicó.
El Gobierno volvió a justificar la marginación de Chile de la firma del Acuerdo de Escazú, suscrito en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas por 14 países de la región. Nuevamente, el argumento de la soberanía fue puesto en la mesa por el Ejecutivo.
Así lo planteó esta jornada la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, quien al ser consultada por el tema, señaló que “a lo primero que estamos mandatados como gobierno es a proteger el territorio y soberanía de nuestro país”.
La vocera precisó que el ministerio de Relaciones Exteriores sigue estudiando el tema, para precisar algunos alcances de este tratado, el primero en materia regional que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales.
“Este acuerdo lo estamos mirando con mucho detenimiento desde Cancillería para poder abordar -dado que no existe, a diferencia de otros pactos u otros tratados- la posibilidad de que algún país pueda invocar alguna reserva sobre algún articulado que no le parece que corresponda, ya sea a la legislación interna y sobre todo al resguardo de la soberanía, poder a través de eventuales declaraciones interpretativas señalar cuál es el alcance de finalmente las normas que impliquen poder tener la solución de conflictos que puedan existir entre más países o entre personas naturales y un país”.
La versión de Pérez coincide con la entregada ayer por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien argumentó que se trata de una “postergación”, mientras el ministerio de RREE realiza “los análisis de resolución de litigios que es un problema más importante. No queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país”.
Cabe recordar que el argumento al que ha echado mano el Gobierno ha sido desestimado por los expertos involucrados en el proceso.
Para la directora del centro de estudios Espacio Público, Valentina Durán, además que resulta “incomprensible” que el Gobierno no haya suscrito el pacto, porque el propio Estado chileno lo impulsó desde 2012. Pero al mismo tiempo, sostiene que el Ejecutivo ha mostrado “improvisación, porque hubo mucho tiempo para analizar el mecanismo de solución de controversias que es lo que parece que hoy día estaría generando una tensión y que ha sido indicado como la razón para postergar la firma”.
