PAÍS
El artículo 13 del último reglamento sobre la objeción de conciencia personal e institucional en materia de aborto ha generado toda una polémica. La Asociación de Abogadas Feministas, con el apoyo de diversas parlamentarias y diversas organizaciones, presentó un recurso de protección acusando que el Gobierno insiste en “seguir ampliando la objeción de conciencia a establecimientos que no pueden realizarlo”. Al contrario, senadores RN y UDI interponen nuevamente un requerimiento ante el Tribunal Constitucional porque no quieren que se pongan condiciones para los centros privados que rechacen practicar abortos.
Si el Minsal pensaba que con la publicación en el Diario Oficial del reglamento de objeción de conciencia de la ley de aborto el tema ya estaba cerrado, se equivocaba. Esto, porque el reglamento sigue bajo fuego cruzado desde todos los flancos.
Por un lado, la Asociación de Abogadas Feministas, con el apoyo de diversas parlamentarias y organizaciones, presentó un recurso de protección en contra del Presidente Sebastián Piñera y del ministro de Salud, Emilio Santelices.
En concreto, el recurso presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago critica el artículo 13 del reglamento en que se establece que los establecimientos privados, que tengan convenios con el Estado, «no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”.
El problema es la “letra chica” del reglamento, ya que al incluir la palabra “pabellón” abre la puerta para que instituciones como la Universidad Católica se declare sin problemas como objetora de conciencia.
Claudia Dides, directora ejecutiva de la Corporación Miles, entidad que es parte del recurso, argumentó que el objetivo es «dejar sin efecto que el establecimiento de salud que sean privados y que tienen financiamiento del Estado, ni se le ofrezcan como un mecanismo de interrupción del embarazo el efectuarlo al interior de un pabellón».
«No aceptamos este tipo de recursos que ha utilizado el Minsal, que ya en una primera instancia cambió un reglamento sin consultarle a la sociedad civil ni a ninguna organización. El ministro nos citó a una reunión con el Colegio de Matronas, la Sociedad de Neonatología, la Confusam y Miles y se comprometió a hacer una mesa de trabajo y eso fue en marzo y estamos en octubre», añadió Dides.
De acuerdo a lo que sostienen para justificar el recurso, plantean que el polémico reglamento “opta por fijar un mecanismo de interrupción del embarazo lesivo a los derechos fundamentales de las mujeres, y dispone de una revictimización y perjuicio grave a las recurrentes, y a las mujeres en general, que se encuentre en la situación excepcional”.
Las recurrentes argumentan que es “sorprendente” que las autoridades a las que refiere la acción insistan “en incumplir la normativa administrativa de salud, el dictamen de la Contraloría General de la República, al seguir ampliando la objeción de conciencia a establecimientos que no pueden realizarlo, conforme lo señalado”.
Cabe destacar que el recurso fue presentado por Daniela Melo, Mónica Vargas, Karina Delfino, Ximena Jara y Francisca Marín, patrocinadas por los abogados Gabriel Osorio, Cristóbal Osorio y Bárbara Sepúlveda. Asimismo, la acción judicial se han sumado, entre otras, Isabel Allende, Maite Orsini, Karina Delfino y la corporación Miles.
Pero el protocolo del Minsal tampoco concita consenso en las filas mismas del oficialismo. Este viernes, senadores de la UDI y RN presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de revisar el reglamento.
El punto en conflicto también es el artículo 13, el cual es rechazado por la derecha bajo la óptica de que no se puede obligar a las instituciones privadas por el solo hecho de recibir fondos públicos, y que las condiciones impuestas a estos centros que rechacen practicar abortos vulnerarían derechos constitucionales.
«Acá este reglamento el Gobierno lo presenta obedeciendo lo que dice la Contraloría y nosotros creemos que eso que dijo la Contraloría no corresponde. Creemos que la Contraloría se excedió con creces en relación a lo que son sus atribuciones», dijo la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, el requerimiento lleva la firma de la timonel UDI, los senadores gremialistas José Durana, Víctor Pérez, Luz Ebensperger, David Sandoval, Iván Moreira, Eva von Baer y Juan Antonio Coloma, y los RN Rafael Prohens, Juan Castro, Rodrigo Galilea, Kenneth Pugh y Francisco Chahuán.
