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Alcaldes sin recursos para enfrentar la delincuencia: AChM acusa al Gobierno por recorte de presupuesto para seguridad ciudadana PAÍS

Alcaldes sin recursos para enfrentar la delincuencia: AChM acusa al Gobierno por recorte de presupuesto para seguridad ciudadana

“Hay un discurso público en el que se prioriza la seguridad y se compromete a reducir la delincuencia, sin embargo, el Gobierno, en la práctica, lo que hace es disminuir los recursos para la seguridad pública”, criticó el alcalde Felipe Delpin, quien oficiará sobre la grave situación al ministro del Interior Andrés Chadwick. En 2019, por ejemplo, ya no se destinarán fondos para el Plan Comunal de Seguridad Pública, señalaron.


El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde la comuna de La Granja, Felipe Delpin, junto al vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, su par de Independencia Gonzalo Durán, alertaron sobre la grave disminución de los recursos de seguridad pública que impedirá que los municipios puedan dar continuidad a las estrategias locales y planes de prevención para combatir la delincuencia en los barrios. Por tal motivo, ya se confirmó una reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Según el estudio “Análisis sobre los delitos en el país y los recursos hacia los municipios”, que el jefe comunal presentó la semana pasada ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, se detectó que desde 2016 ha habido una disminución sostenida de los recursos destinados a estas materias. De esta manera, los dineros actualmente comprometidos en Seguridad Ciudadana equivalen solo al 0,07% de todo el presupuesto nacional.

Desde la AChM aseguran que el presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito entre 2016 y 2018 disminuyó en más de 22 mil millones de pesos, es decir, un 40, 51%. En 2019 el presupuesto destinado a esta área solo será de 35 mil millones 784 mil pesos, un leve aumento de casi 3 mil millones que deberán ser repartidos entre 345 municipios del país.

Los alcaldes además recuerdan que la Ley 20.965 incorporó un nuevo instrumento de gestión municipal denominado “Plan Comunal de Seguridad Pública” (PCSP). Sin embargo, advierten para el 2019 no habrá recursos para el Plan Comunal de Seguridad Pública que en 2018 fue de M$5.418.733 y en 2016 de M$26.491.375.

“Hay un discurso público en el que se prioriza la seguridad y se compromete a reducir la delincuencia, sin embargo, el Gobierno en la práctica, lo que hace es disminuir los recursos para la seguridad pública”, criticó Delpin.

El estudio revela, además, que mientras que para ambas policías el presupuesto llega a un 45% de los recursos de seguridad y justicia, por el contrario, los programas de rehabilitación y reinserción en Gendarmería representan solo el 1,3% de los dineros. A ello se suma que la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá para el 2019 un presupuesto de solo el 1,2% del total de los recursos destinados para estas dos áreas.

“Los municipios de Chile estamos dando la cara para responder a la población, mientras que el Gobierno deposita los recursos solo en Carabineros, desconociendo el valioso trabajo que desarrollan los 345 municipios del país. No puede ser que los recursos que la Subsecretaría de Prevención del Delito sean apenas el 3% de los que se destina a Carabineros”, dijo el jefe comunal de La Granja.

“No existe claridad respecto a con qué recursos contarán los municipios para llevar a cabo los programas que señala la Ley. La gran mayoría de los municipios no cuentan con recursos propios para acometer semejante tarea. Se podría así privar a las comunidades que han realizado proyectos de prevención exitosos de un instrumento necesario para su continuidad, y quienes tengan como objetivo hacerlo en el futuro, no contarán con dichos recursos”, aseguró.

Por lo tanto, según el presidente de la AChM, es la primera vez desde el año 2000 que las comunas se verán forzadas a interrumpir sus programas preventivos por falta de recursos.

“Desde el año 2000 los sucesivos gobiernos han tenido una política clara respecto a este tema: Plan Comuna Segura (2000-2010), Plan Barrio en Paz (2010-2014), Planes comunales de Seguridad Pública (2014-2018), con sus distintas variaciones, han sido programas que han contribuido, sin duda, a que los municipios y sus comunidades tengan herramientas para prevenir conductas delictivas”, explicó la autoridad.

Por su parte el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, enfatizó que la gran mayoría de las comunas del país dependen de dichos recursos para poder combatir la delincuencia. “Sin estos recursos no tenemos ninguna posibilidad financiera de ejecutar estos programas con recursos propios. Hay dependencia total de los recursos que se entregan desde nivel central. Peor aún, esta disminución de los recursos no solo afectará la generación de nuevos planes y programas de prevención, sino que ponen en riesgo la ejecución de programas que ya están en curso”, dijo Durán.

Municipios en alerta

Según la encuesta CEP de 2017, la delincuencia se convirtió en una de las grandes prioridades de la ciudadanía. Dichas cifras se complementan con las estadísticas proporcionadas por el Ministerio del Interior, que revelan que la inseguridad sigue aumentando en la población.

De hecho, 4 de cada 5 personas, es decir, el 81%, cree que la delincuencia ha aumentado y la denuncia, que es el reflejo de confianza en el sistema, ha disminuido en el 38,5%. Lo anterior se complementa con las últimas cifras entregadas por Paz Ciudadana, donde se estableció que el robo en hogares aumentó en 39,5% en 2017.

Propuestas de la AChM

La propuesta de la AChM conviene en concentrar los escasos recursos considerados en la Red Nacional de Seguridad en las comunas de más de 60 mil habitantes, donde se concentra más del 80% de los delitos y el 73% de la población nacional (GLOSA).

También proponen comprometer, para hacer efectivo durante el año, un presupuesto suplementario para esta línea programática, de un monto similar o superior al inicial.

Finalmente, focalizar los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública (M$3.414.954) en comunas de menos de 60 mil habitantes y en iniciativas de fortalecimiento de los Consejos Comunales de Seguridad Pública.

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