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Crédito: Agencia UNO
La administración piñerista busca reformar la ley que entró en vigencia durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet con el fin de otorgar mayores atribuciones a los funcionarios policiales, las cuales incluirían registrar mochilas y chaquetas, y ampliar la normativa para incluir a adolescentes mayores de 14 años. Oposición y expertos se lanzaron en picada contra la iniciativa. El senador PPD Felipe Harboe dijo que “no están las condiciones para dar más facultades a la policía”, en tanto el director del Laboratorio de Seguridad y exjefe nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Eduardo Vergara, dijo que el Gobierno pretende con esta medida implementar un “Estado policial estilo Gran Hermano”.
El anuncio del Presidente Sebastián Piñera de impulsar un proyecto de ley para reforzar el control preventivo de identidad, como parte de su priorización de la seguridad ciudadana para este segundo año de Gobierno, ya ha generado reacciones en la oposición y también ha levantado cuestionamientos por parte de expertos.
La idea fue defendida el fin de semana por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien dijo que con esta iniciativa el Gobierno buscaba actualizar “tanto en la precisión de los casos de indicios que permiten el control como en los casos que se permite el registro simple de las personas controladas”.
Esta mañana, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, también defendió la presentación de este proyecto, argumentando que la actual ley debe “tener modificaciones que permitan, no solamente y eventualmente, ampliar la edad para que las personas puedan ser objeto del control de identidad, y estamos hablando eventualmente de mayores de 14 años, sino que también permitir el registro sin necesidad de indicio, y aquí hablamos de accesorios, de automóviles, de vestimenta. Es súper claro: quien nada hace, nada teme”.
Desde el 2016 se encuentra en vigencia la actual normativa, cuyo debate se dio durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y que entregó facultades a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) para “verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación”.
Precisamente, lo que busca la administración de Sebastián Piñera es reformar dicha ley, con el fin de otorgar mayores facultades a las policías, para lo cual ya hay dos ideas sobre el tapete. De acuerdo con lo que comentó el ministro Chadwick a La Tercera, se pretende ampliar las atribuciones para registrar mochilas y chaquetas. No solo eso: también se buscará incluir a los adolescentes en este mecanismo de control.
En el mundo político, el anuncio hecho por el Gobierno ha generado opiniones divididas. Desde la UDI y Renovación Nacional (RN) valoraron la iniciativa. De hecho, el senador gremialista Juan Antonio Coloma aseguró que pedirán discusión inmediata cuando ingrese el proyecto.
Una opinión muy distinta es la que sostienen los parlamentarios de oposición. El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, acusó una “improvisación” por parte del Gobierno. “Espero que no sea una estrategia comunicacional que no resuelva el problema de fondo”, fustigó.
En tanto, el senador Felipe Harboe (PPD) dijo que “no están las condiciones” para dar facultades a la policía. “Se acabaron los cheques en blanco. Este es un instrumento que ya se les entregó a las policías y así y todo hoy, que se celebra un año de Gobierno, el Gobierno, en materia de delincuencia, no tiene nada que celebrar, porque tenemos un aumento en los niveles de violencia de los delitos en el país”, añadió.
Entre los especialistas también hay críticas. Para el director del Laboratorio de Seguridad y exjefe nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Michelle Bachelet, Eduardo Vergara, estas medidas “generarán más violencia, aumentarán desconfianza en policías y reducirán derechos y libertades”.
“El Gobierno está instalando un Estado policial en el cual reconocen que nos quitarán libertades a costa de articular su populismo de mano dura y control. Entregarán, incluso, mayores facultades a las policías, violando grados de presunción de inocencia. Ya en el 2018 se efectuaron 560 mil controles preventivos de identidad solo en rondas, con un modesto 6,5 % de eficiencia”, añadió.
Según Vergara, lo que pretende el Gobierno de Piñera es un “Estado policial estilo Gran Hermano. Bajando libertades civiles, ampliando poder de control y rondas masivas, seguirán castigando desproporcionadamente a los más vulnerables y comunas de menos recursos subsidiarán la seguridad de las de más, como ya lo hemos demostrado en estudios delictuales en comunas de la Región Metropolitana”.
En la misma línea, el académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Mauricio Duce, comentó a La Tercera que “es preocupante lo que está proponiendo el Gobierno, porque hasta el momento los antecedentes empíricos dan cuenta de que el control preventivo es mucho menos eficaz que el control investigativo”.
Duce también señaló que desconoce “cuál es la evaluación del Gobierno [sobre la ley], no la he visto nunca, no publican los datos desagregados, no conozco ninguna evaluación que indique que haya que ampliar este tipo de herramientas”.
“El anuncio puede estar inspirado más en una cuestión comunicacional que una verdadera necesidad del sistema penal”, añadió.
Por otra parte, el exdirector del Sename durante el primer Gobierno de Piñera, Francisco Estrada, aseguró que “no hay ningún estudio que sirva como antecedente y que proporcione evidencia favorable para proponer una revisión al alza del sistema”.
El también abogado rechazó la posibilidad de incluir a los adolescentes dentro de la normativa: “Es muy nocivo, genera una serie de fricciones con la policía que dan lugar a abusos policiales y falsas detenciones”.
Otro de los expertos que rechazó esta nueva iniciativa del Gobierno fue Luis Vial, quien se desempeñó como jefe de estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito en el segundo período de Michelle Bachelet. “Todavía no está muy claro que el anterior proyecto haya tenido algún efecto, no es claro que sea una forma de prevenir la delincuencia”, afirmó.
En este contexto, para Vergara, el anuncio del Gobierno “obliga a que la oposición dé un paso adelante. Sin contrapeso terminaremos un 2019 con más violencia, una policía con menos credibilidad, mayor conflicto social y menos respeto por derechos individuales”.
Es más, añadió que el actual control preventivo de identidad “ya está al límite”, por lo que “entregar mayores atribuciones a una policía que sigue cuestionada es de una irracionalidad tremenda y generará todavía mayor desconfianza hacia Carabineros junto a mayor conflicto social”.
