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PAÍS

Javier Salvatierra, de Fundación Plantae: "No es posible que un país montañoso como Chile no cuente con una política sustentable"

por 24 marzo, 2019

Javier Salvatierra, de Fundación Plantae:
El director ejecutivo de la Fundación Plantae explica sus diferencias y puntos de encuentro con el proyecto de ley impulsado por el diputado Sebastián Torrealba (RN), cuyo objetivo es garantizar el acceso a las montañas: “La propia definición de montaña ya limita el acceso, al limitar el territorio, además la ley se enfoca en predios fiscales y no deja muy claro el accionar sobre territorios privados que colinden con ellos, y por último lo señalado con predios concesionados es bastante ambiguo”.
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Si bien la polémica por el acceso a bienes de uso público como las playas fue el tema de comienzos de este año, no es menor el revuelo que ha causado otra arista del mismo asunto: el acceso a los cerros.  Por redes sociales, el histórico montañista Mauricio Purto lanzó sus dardos contra Gasco, por restringir el acceso al Volcán Maipo, reviviendo de esta forma un conflicto que no solo los montañistas conocen, sino también las personas que disfrutan de pasar el tiempo en el aire libre y que, a veces, se topan con rejas o alambrados que imposibilitan el acceso.

En este contexto, existe un proyecto de ley, impulsado por el diputado  Sebastián Torrealba, que pretende garantizar el acceso a los cerros, pero que no ha logrado convencer del todo a las organizaciones civiles, que han colaborado de una u otra forma para sacar esta iniciativa a la luz. Una de ellas es la Fundación Plantae, que trabaja para la conservación y el acceso de los espacios naturales: “El proyecto de ley, tal como está, es en parte confuso e impreciso, y sobre todo queda sujeto a un reglamento escasamente descrito y responsabilidades estatales poco claras, puesto que se usa la palabra ‘podrá’ en vez de ‘deberá’ al atribuir estas responsabilidades, lo que puede significar que su versión final -de aprobarse una ley- resulte por un lado muy distinto y alejado del objetivo inicial y por otro, poco aplicable” explica el director ejecutivo, Javier Salvatierra.

Asimismo, desde la fundación se refieren con preocupación a lo que definen como “la amenaza de la potencial firma del acuerdo internacional Transpacífico de Cooperación Económica TPP 11”, el cual, según Salvatierra, “le asigna más poder a las multinacionales en desmedro de nuestra soberanía, con implicancias ambientales desastrosas y posiblemente también de acceso”.

Javier Salvatierra Caballero

-¿Comparten el fondo y la forma del proyecto de ley presentado por el Diputado Sebastián Torrealba para garantizar el acceso a las montañas?

-En términos generales, en cuanto al fondo, estamos de acuerdo con garantizar gradualmente el acceso a la montaña, pero siempre y cuando éste sea consciente, responsable e informado, lo que implica establecer de forma precisa derechos y obligaciones, definir los usos para los cuales se permitiría el acceso, establecer una clara y consistente definición de montaña y con ello del territorio, y asignar los responsables de implementar y fiscalizar.

-¿Y qué obstáculos ven para lograr avanzar en esa línea?

-A ver, hay que señalar que lo anterior no es viable si no construimos en simultáneo la cultura de naturaleza y de montaña que tanto nos hace falta. Todo esto, entendiendo la necesidad creciente de la ciudadanía por visitar la montaña, las malas conductas de los visitantes, el aumento de cierres y restricciones, la extensión del territorio, y la importancia y fragilidad de sus ecosistemas, entre otras.

-¿Y con respecto a la forma del proyecto?

-En cuanto a la forma, nos parece más una declaración de intenciones que un instrumento vinculante. Valoramos que el diputado Torrealba haya tenido el interés real de convocar a organizaciones de la sociedad civil para opinar respecto al proyecto y que haya considerado e incluido muchas de sus sugerencias. Sin embargo, el proyecto de ley, tal como está, es en parte confuso e impreciso, y sobre todo queda sujeto a un reglamento escasamente descrito y responsabilidades estatales poco claras, puesto que se usa la palabra “podrá” en vez de “deberá” al atribuir estas responsabilidades, lo que puede significar que su versión final -de aprobarse una ley- resulte por un lado muy distinto y alejado del objetivo inicial y por otro, poco aplicable.

-¿Qué aspectos son los que más echan de menos (o faltan) en su contenido?

-En primer lugar, el reglamento que te mencionamos excluye la dimensión ambiental en el análisis de los impactos a considerar al evaluar las solicitudes de acceso, dimensión que debe incorporarse.

En segundo lugar, la responsabilidad de quienes sufran o generen daños a las personas, la propiedad o al medio ambiente, en territorios agrestes, como las montañas, se establece de acuerdo a las normas existentes, lo que a vista de muchos no es suficiente, por lo que se hace necesaria una revisión del marco penal y civil, con el fin de asegurar que las normas y los  instrumentos que regulan estos temas, incluyan adecuadamente los casos más recurrentes en montaña y las responsabilidades recién mencionadas, a su vez que se aseguren recursos y responsables para la fiscalización y procesos judiciales adecuados.

En tercer lugar, el proyecto de ley se limita a territorios fiscales de montaña, lo que para muchos podría significar que esta ley no resolverá el problema en su más amplia dimensión. Sin embargo, nos parece que comenzar con predios fiscales de montaña, con áreas administradas por el estado y predios concesionados, que por lo demás debieran actualmente tener el acceso garantizado, es un buen punto de partida, al menos en el corto plazo. Cabe mencionar que, entendiendo que la ley busca el acceso a territorios fiscales, que muchas veces colindan con predios privados, el hecho de excluir estos últimos, le quita consistencia al proyecto de ley, por lo que el acceso a través de ellos, debiera estar claramente indicado y regulado.

-¿Están de acuerdo con la definición de montaña que consagra el proyecto de ley?

-Definir montaña es difícil, no existe una definición globalmente aceptada y las múltiples definiciones existentes, se han formulado para propósitos específicos.

-Pero, ateniéndonos a la definición actual…

-En este caso, la definición actual, si bien ha mejorado desde los primeros borradores del proyecto de ley, puesto que la altura necesaria para que se garantice el acceso a una montaña en particular, bajó de 65% a 35% de la altura de la cumbre de la montaña más alta de la región, sigue siendo una definición deficiente e incompleta. Para que se entienda, en la región Metropolitana, la cumbre más alta es el Volcán Tupungato con 6570 msnm, su 35% equivale a 2300 msnm, bajo esa lógica, toda montaña fiscal sobre esa cota, como el cerro Provincia, se consideraría afecto a la ley. Pero, por otro lado, el Pochoco, Manquehue y Altos de Cantillana en la región Metropolitana, por dar solo algunos ejemplos, quedarían fuera de ella. Casos como estos son miles en todo Chile.

-¿Es una definición pensada más para los montañistas?

-Claro, esta definición está orientada principalmente a montañistas, dejando de lado a otros usuarios de la montaña que pudieran, por ejemplo, querer visitar valles, ríos, bofedales y lagunas cordilleranas. Además, al cartografiar la definición se genera un mapa que parece una suerte de dálmata, vale decir, miles de polígonos dispersos por el territorio nacional, que hacen bastante difícil la implementación de la ley, y ni hablar del visitante de montaña intentando descifrar a dónde puede solicitar el acceso y a dónde no. Tal vez sea más adecuado definir una cota por región, basada en su geomorfología particular, sobre la cual el territorio se considere montaña para efectos de esta ley o, por ejemplo, definir comunas, regiones o macroterritorios de montaña. La definición aún requiere un trabajo mucho más profundo de modelación y análisis, evaluando su aplicabilidad tanto desde la perspectiva del Estado y del propietario o administrador de la tierra, como del usuario.

Este aspecto es quizás la piedra angular para enfrentar tanto la temática del acceso como la gestión y planificación de los territorios cordilleranos, en el entendido que cada región tiene una visión y una proyección diferente de sus montañas. No debemos olvidar que la montaña no es solo de montañistas o escaladores, son también espacios de veranadas, rituales locales, agricultura/ganadería rural, entre otras.

-¿Creen que se garantizará, efectivamente, el acceso a las montañas, de ser aprobado este proyecto, tal como está?

-Si el proyecto de ley se aprobara tal como está, no garantizará el acceso al grueso de las montañas chilenas, aunque en casos puntuales si pudiera mejorar las condiciones de acceso. Como te mencionamos, la propia definición de montaña ya limita el acceso, al limitar el territorio, además la ley se enfoca en predios fiscales y no deja muy claro el accionar sobre territorios privados que colinden con ellos, y por último lo señalado con predios concesionados es bastante ambiguo.

-¿El proyecto, entonces, es solo el inicio de un largo camino?

-A nuestro juicio, este proyecto de ley tal como está, es un punto de partida o una base sobre la cual ir construyendo. Lo decimos porque, aunque presenta intenciones y principios, no asigna claras responsabilidades al Estado y a sus organismos, y excluye las “montañas privadas”.

Sin embargo, dado el escenario actual, de alta presión por el uso y fragilidad de estos ecosistemas, acrecentada por el cambio climático, la urgencia en avanzar en estos temas hace que debamos ver como una oportunidad el hecho que haya ingresado una moción de proyecto de ley y que algún avance real podamos obtener en el congreso.

-¿Hacia dónde se perfila el proyecto?

-El proyecto en su estado actual se perfila hacia intentar facilitar el acceso a algunas montañas fiscales. Es importante incluir y esclarecer cómo serán los accesos a montañas fiscales a través de territorios privados y territorios fiscales concesionados, además de subsanar las ambigüedades, asignar responsabilidades concretas, definir la estrategia de fiscalización, un plan de implementación y las fuentes de financiamiento para su completa formulación y puesta en marcha. Es importante recordar que algunos de estos aspectos son contenidos propios de los reglamentos asociados a una ley, más que de la propia ley.  

-Entonces, ¿qué postura tienen en la fundación con respecto a cómo debería ser un proyecto de ley que pretenda garantizar el acceso a las montañas?

-De partida, debe alinearse con la Política Nacional de Gestión Sustentable de las Montañas y los proyectos de ley que crean el Servicio Forestal y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Pero lamentablemente estos aún están en discusión o entrampados.

Un proyecto de ley de acceso debe incluir claramente -aunque a priori pareciera ser algo secundario- los lineamientos para iniciar acciones concretas para la construcción de una cultura de montaña y naturaleza, asegurando una relación armónica entre el ser humano y la montaña, y como consecuencia, lograr que el acceso sea consciente.

La ley debe garantizar el acceso para todos, y considerar las características, realidades y necesidades locales. El territorio de montaña que se afectaría, entiéndase como definición de montaña para efectos de la ley, debería representar los territorios de interés de todos los usuarios de la montaña, no solo las altas cumbres, además de ser claramente delimitable y fácilmente identificable.

El derecho de acceso, a definirse en la ley y su reglamento, debe estar sujeto a deberes, procedimientos de denuncia y habilitación de accesos, procedimientos de fiscalización y sanciones que aseguren la conservación de los ecosistemas de montaña, la seguridad de los visitantes y la tranquilidad de los propietarios de la tierra, en el sentido de no hacerse responsables por accidentes o daños de terceros en su propiedad, sea esta pública o privada. Esto implica un acceso responsable.

Cabe destacar que el reglamento de ley que debiera promulgarse luego de la ley, quedaría en manos de los Ministerios de Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en el caso de las Áreas del SNASPE, de la entidad que las administre.  En este sentido, quedan muchos aspectos con alto grado de incertidumbre, y por ello lo esperable es que el proyecto de ley incluya los contenidos mínimos a incorporar en él o los reglamentos.

-¿Creen ustedes que el hecho de crear un derecho universal de acceso a las montañas, pudiera amenazar o impactar los ecosistemas por usuarios inconscientes? y ¿Cómo se podrían evitar estos problemas?

-De partida debemos reconocer que este país tiene un incipiente y no vinculante ordenamiento territorial, lo que ya es una amenaza a los ecosistemas e incluso al desarrollo sustentable. Ahora bien, las razones que justifican el acceso y los usos, por ejemplo, recreativas, educativas, espirituales, deportivas, culturales, científicas, turísticas, etc., deberán estar claramente definidas y reguladas, evitando, por ejemplo, que prospecciones o explotaciones mineras sean consideradas una razón “científica” o “de interés nacional estratégico” , cosa que ya ha ocurrido en el pasado y sigue ocurriendo, por ejemplo, con la destructiva explotación de la empresa Quiborax en la Reserva Mundial de la Biosfera Lauca, o la reciente amenaza de la minería en el valle Juncal y en Yerba Loca.

Además, el acceso no se debe prestar para turismo o actividades deportivas masivas que deterioran la montaña, sin una previa evaluación de la capacidad de carga del lugar, asegurando así la conservación de los ecosistemas y el cumplimiento, sin distorsiones, del objetivo para el cual se crea la ley. Actividades extractivas de gran escala tienen que estar absolutamente prohibidas tanto en territorios de paso como en los territorios fiscales a los cuales se accede.

Aparejado a lo anterior, se debe hacer una clara distinción entre lo que pueden y no pueden hacer los usuarios de la ley, tanto en los territorios por los cuales se accede a un territorio fiscal de montaña, como en el destino último. Por ejemplo, en los territorios por los cuales se accede, no se debería poder hacer fuego, la posibilidad de acampar y pernoctar debiera estar regulada con autorización del propietario, y bajo justificaciones definidas, como, por ejemplo, las relacionadas con el itinerario/distancia, y en lugares habilitados para ello, puesto que se entienden como lugares de paso. Y, por último, el gran tema de la basura, que es algo muy chocante, pues hasta en los lugares más perdidos en la cordillera te encuentras basuras y desechos humanos, lo que viene a confirmar esa grave falta de cultura que hemos mencionado anteriormente. Acá, la solución a largo plazo, es trabajar en la educación a todo nivel.

Finalmente, la conservación de los ecosistemas debe estar por sobre el acceso. En este sentido, el Estado debe tener el rol fundamental de realizar una zonificación que establezca zonas de fragilidad ecosistémica o de interés biológico para la conservación, a las que no se pueda acceder.

-¿Qué obstáculos ven ustedes en un proyecto de ley de estas características? ¿Creen que las empresas que se emplazan en territorios montañosos ven con recelo proyectos de esta índole?

-El proyecto de ley tiene varios obstáculos, pero el principal es la carencia total de una cultura de montaña y naturaleza. Sin la educación adecuada, ni experienciación de la naturaleza, hemos construido un país poco visionario, una sociedad que no toma buenas decisiones, centrándose en la continua e insustentable explotación de materias primas, sobreexplotando los recursos y destruyendo los ecosistemas, todo esto en desmedro de la calidad de vida de las personas, y de las próximas generaciones.

Lo anterior se ve reflejado en una casi inexistente voluntad política por mejorar la situación, porque sencillamente los tomadores de decisión no entienden, o no les conviene entender la problemática. Lo que, sumado a un exacerbado poder de la gran industria, especialmente de la minería, muchas veces coludida con la clase política, y la postura de muchos privados poco dispuestos a abrir los accesos, nos posiciona frente a un obstáculo de enormes dimensiones. A esto se suma la amenaza de la potencial firma del acuerdo internacional Transpacífico de Cooperación Económica TPP 11, que le asigna más poder a las multinacionales en desmedro de nuestra soberanía, con implicancias ambientales desastrosas y posiblemente también de acceso.

En cuanto a las empresas que se emplazan o que quisieran establecerse en estos territorios, claramente hay recelo. No ven con buenos ojos que la ciudadanía pueda acceder a los territorios que intervienen e impactan, y menos que se opongan a sus proyectos o megaproyectos. Asimismo, les asusta que la sociedad despierte de la inconsciencia, y son incrédulos con el hecho que otras actividades económicas como el turismo sustentable, pueda ir ganando espacio en sus territorios. Para muchos grupos económicos y círculos políticos, no es conveniente que la invisibilizada o postergada montaña, “desregularizada tierra de nadie”, se visibilice.

-Ustedes han hecho el Catastro Nacional de Restricciones de Acceso a la Montaña. ¿Qué conclusiones se desprenden de los resultados de dicho catastro?

-El catastro está aún en proceso de análisis, por lo que todavía no tenemos las conclusiones. Pronto esperamos contar con productos que quedarán a libre disposición. Sin embargo, en términos generales podemos comentarte, que esto es un problema país, todas las regiones presentan restricciones de acceso, tanto en terrenos públicos como privados, y las razones y responsables son múltiples. Las restricciones a veces son legítimas y otras se deben a atribuciones ilegales, por ejemplo, privados que se auto asignan el derecho sobre un territorio fiscal o cierran un camino público, prohibiendo el acceso o cobrando sin el derecho de hacerlo.

En cuanto a las razones, los mismos visitantes reconocen el mal comportamiento generalizado de quienes visitan, cosa que no facilita ni anima la apertura por parte de los propietarios. Con ello, queda patente que el mal comportamiento de los usuarios es una importante razón de cierres y restricciones.

Por otro lado, están las restricciones por falta de recursos para administrar el territorio, incluyendo las áreas protegidas del estado, y aquellas restricciones de parte de privados que sencillamente no quieren dejar entrar, o por grandes empresas que, por sus faenas, instalaciones e impactos ambientales que quieren ocultar, restringen o prohíben el paso. Otros tantos generan restricciones con cobros excesivos o injustificados, lo que es considerado como un tipo de restricción.

-¿Qué postura tienen con respecto a lo señalado por el montañista Mauricio Purto, quien dijo en entrevista con este medio que los "ríos, al ser bienes nacionales de uso público", son la forma para garantizar el acceso a todas las montañas de Chile?

-Acceder a la montaña por los bordes de ríos es legalmente válido, puesto que estos, así como los bordes de playas, lagos y lagunas, son bienes nacionales de uso público, por lo tanto, cualquiera puede exigir el acceso a través de esta vía. Que el acceso no siempre se permita es otro tema y una tarea pendiente para el Ministerio de Bienes Nacionales.

Al evaluar esta opción de mejora del acceso a las montañas, cabe considerar que no todas las montañas cuentan con ríos por los cuales acceder y que no todas las orillas son transitables o son muy peligrosas. Por lo demás, pueden afectar el trayecto, duración y por ende la factibilidad de un recorrido o ascensión. Además, es importante tener en mente, desde el punto de vista de la conservación, que los bordes de ríos muchas veces presentan ecosistemas frágiles que requieren mayor cuidado.
Finalmente, entendiendo que las playas son un bien nacional de uso público y muchas de ellas, gracias a las malas conductas de los visitantes, están transformadas en basurales, sería importante analizar cómo se regulará el acceso por los bordes de ríos y en quién recaería su administración, pudiendo quedar ésta en manos de municipios u otros organismos estatales, que lamentablemente, como ocurre en algunos casos, carecen de recursos, capacidad de fiscalización, de una visión clara y sustentable, y no cuentan con el personal suficiente y capacitado para una administración adecuada.

-¿Qué otras propuestas tiene Plantae para conservar y garantizar el acceso las montañas?

-Es necesario y urgente aumentar el presupuesto fiscal para la gestión de las áreas silvestres protegidas y ampliar la superficie de ecosistemas subrepresentados, como los de la zona central. Por ejemplo, resulta insólito que la región Metropolitana no tenga un área protegidas dentro del SNASPE y que la iniciativa de declarar Parque Nacional el predio Rio Olivares, el cual debiera incluir además el predio Río Colorado, aún no se concrete. Sin duda, la creación de Parques Nacionales en esta zona es urgente, tanto para conservación como para recreación.

Esperamos que la Política Nacional de Gestión Sustentable de las Montañas vea prontamente la luz y que en esta se incorporen los temas tratados en la consulta ciudadana, como la creación de un observatorio y un instituto de montaña. No es posible que un país mayoritariamente montañoso, con una superficie enorme en manos del fisco, casi el 60% del total de las montañas de Chile, al 2019 aún no cuente con una política para su gestión adecuada, una administración acorde y recursos.

Consideramos muy importante fortalecer el rol del Ministerio de Bienes Nacionales en lo concerniente a la administración de territorios de montaña fiscal, particularmente de Bienes Nacionales Protegidos y aquellos que no tienen administración. Actualizar y mejorar el catastro de territorios fiscales de montaña, realizar un ordenamiento territorial que establezca los usos de cada predio fiscal, con consideraciones de uso múltiple, incluyendo la conservación, y transparentar los criterios y exigencias para la asignación de concesiones y ventas de éstos.

Es necesario el establecimiento de un sistema de incentivos y beneficios, especialmente para propietarios privados, para la conservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos, infraestructura verde, señalética, habilitación de accesos, implementación de protocolos de acceso y servidumbres de paso en zonas montañosas. Con ello, pudiera estimularse que la montaña no fiscal vaya gradualmente abriéndose.

Es muy importante entender que mejorar el acceso no es necesariamente crear nuevos accesos, sino también, mejorar los accesos existentes, garantizando que estén realmente abiertos y operativos, entregando información respecto a dónde se encuentran y mejorando e instalando señalética. Esto incluye mejoras en las áreas silvestres protegidas del estado, a veces cerradas por no contar con administración, en bienes nacionales protegidos, en rutas patrimoniales y en el Sendero de Chile.

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