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Fiscalizaciones del Serviu detectaron que hay más de 100 casos de viviendas entregadas a afectados por el movimiento telúrico de 2010 han sido arrendadas en Maule y Biobío, esto pese a la normativa que establece sanciones para evitarlo.
A pesar de que la normativa lo prohíbe, fiscalizaciones realizadas en las regiones del Maule y el Bíobío detectaron que hay más de 100 casos en los que damnificados por el devastador terremoto del 27 de febrero de 2010 arrendaron las casas que obtuvieron mediante subsidios.
Según informa El Mercurio, por esta razón es que los involucrados deberán devolver las viviendas obtenidas tras la catástrofe. Ya hay 14 familias de ambas regiones que lo han hecho.
De acuerdo al Serviu del Bíobío, las fiscalizaciones realizadas son para asegurarse del buen uso de los recursos públicos. Juan Pablo González, director del organismo regional, manifestó que “las viviendas son de más metraje y mejor calidad”.
Para el doctor en urbanismo e investigador del Centro de Desarrollo Urbano, Leonel Pérez, esto es la primera señal que esa práctica aumentará, ya que “muestra estos sectores son apetecidos. La segunda, probablemente, el recambio social por sectores de mayores ingresos que cuando se levante la prohibición del Serviu, comprarán estas viviendas”.
El académico de la Universidad de Concepción aseguró que este hecho puede generar fuertes tensiones en la comunidad, ya que los conjuntos habitacionales que recibieron son fruto de un largo proceso de postulaciones.
“Da impotencia que personas a quienes les entregaron casas después del terremoto estén usufructuando de ellas, mientras otras familias tenemos que vivir con goteras en el invierno”, aseguró Marta Chamorro, dirigenta del sector Vientos del Sur en Constitución (Maule), que benefició a 390 familias.
