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El 13 de junio pasado Estados Unidos ingresó a la Cancillería el documento para formalizar la petición de extradición de empresario, solicitando además 35 años de presidio y multas superiores a los 600 mil dólares por «conspiración» en la exportación ilegal de 130 toneladas de circonio hacia su fábrica en Iquique para la elaboración de 13 mil bombas de racimo.
Este martes, a partir de las 14:30, tendrá lugar en la Corte Suprema la primera declaración del empresario Carlos Cardoen, acusado por Estados Unidos de exportar circonio, un material explosivo utilizado por Irak en los años 80.
De acuerdo a información del diario El Mercurio, el 13 de junio pasado Estados Unidos ingresó a la Cancillería el documento para formalizar la petición de extradición de empresario, solicitando además 35 años de presidio y multas superiores a los 600 mil dólares por «conspiración» en la exportación ilegal de 130 toneladas de circonio hacia su fábrica en Iquique para la elaboración de 13 mil bombas de racimo.
Cinco días más tarde, el 18 de junio, la abogada Joanna Heskia, solicitó la libertad provisional de Cardoen, argumentando que siempre ha estado disponible. «En relación a los requerimientos de cautela (del arresto domiciliario total), es decir, asegurar la persona del señor Cardoen para el juicio de extradición, es importante hacer presente que durante 26 años él siempre ha estado ubicable y con total disposición a enfrentar los cargos, tal y como consta de las numerosas notas diplomáticas y presentaciones a la Cancillería chilena a lo largo de estos años», sostiene la defensa.
En esa línea, los abogados chilenos que representan a Estados Unidos, Alfredo Etcheberry y René García se oponen a su libertad provisional, cuestionan que Cardoen haya querido enfrentar cargos en EEUU, como lo afirma su defensa.
Cardoen se encuentra en arresto domiciliario total desde el 16 de abril, en su propiedad de Santa Cruz. Al respecto, los abogados de EEUU explican que «esto es, justamente en el lugar en que eligió tener su residencia, donde cuenta con todas las comodidades que ha querido darse. Si, por alguna razón, fuera necesaria una atención médica que no puede prestarse en dicho domicilio».
Además, argumentan que «a diferencia de lo que ocurre con la prisión preventiva en el contexto del procedimiento penal ordinario, la privación de libertad en el procedimiento de extradición no tiene por objeto ni la seguridad de la sociedad ni del ofendido, ni el éxito de las investigaciones, sino solo el cumplimiento, por parte de Chile, de una obligación internacional: de entregar a la nación competente para el juzgamiento a los responsables prófugos de crímenes graves, que mediante la fuga se han sustraído a la acción de la justicia».
Finalmente, los abogados agregan que esto solo es posible «privando al extraditable de la libertad ambulatoria, mediante un arresto o detención en un establecimiento carcelario, en su hogar doméstico o, incluso, en un establecimiento hospitalario, si se dieren las circunstancias».
