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TC sigue bajo la lupa de los cuestionamientos: constitucionalista Zapata insiste en serias fallas en nominación de integrantes PAÍS Crédito: Agencia UNO

TC sigue bajo la lupa de los cuestionamientos: constitucionalista Zapata insiste en serias fallas en nominación de integrantes

“Hay fallas serias en la forma en la que se nominan a sus integrantes y hay atribuciones del tribunal que hay que recortarlas como el control preventivo”, señaló el abogado Patricio Zapata en medio de la controversia provocada por el TC tras su resolución a favor del general (r) Oviedo. El profesional es parte de un grupo de académicos que presentó recientemente el documento “25 propuestas para un Tribunal Constitucional del siglo XXI”, donde plantea reformas como la eliminación del control preventivo de legalidad, con la excepción de los tratados internacionales que deben ser ratificados por el Congreso, la reducción del quórum para la declaración de inconstitucionalidad de los 4/5 a mayoría absoluta de los miembros, y aumentar de 10 a 12 sus integrantes, además de eliminar a los ministros suplentes, entre otros.


La resolución de la primera Sala de Tribunal Constitucional de paralizar la investigación contra el ex comandante en jefe del Ejército, general en retiro Humberto Oviedo, volvió a poner en la palestra la legitimidad de esta controvertida instancia y reactivó el debate sobre la necesidad de someterlo a una reforma.

Para el abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC), el capítulo revela que el accionar del TC es poco transparente, al igual que la forma en que se nominan sus integrantes. “Hay fallas serias en la forma en la que se nominan a sus integrantes y hay atribuciones del tribunal que hay que recortarlas como el control preventivo”, señaló el jurista en Radio Cooperativa.

Zapata es parte de un grupo de académicos que conformaron un Grupo de Estudio que presentó recientemente el documento «25 propuestas para un Tribunal Constitucional del siglo XXI».

La propuesta considera la eliminación del control preventivo de legalidad, con la excepción de los tratados internacionales que deben ser ratificados por el Congreso. En su reemplazo, se crea la figura de un control posterior a la promulgación de la ley. Asimismo, plantea reducir el quórum para la declaración de inconstitucionalidad de los 4/5 a mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del TC. Además, propone aumentar de 10 a 12 sus integrantes, además de eliminar a los ministros suplentes.

“El problema del tribunal es importante, hay fallas serias en la forma en que se nominan a sus integrantes, es algo que no se vio bien el año 2005, cuando hubo un acuerdo muy transversal casi unánime para cambiar la composición del tribunal. Si bien yo pienso que es mejor esta integración que la que había antes, porque desparece los ministros que nominaba el Cosena, el tiempo ha demostrado que la forma es poco transparente, porque no tenemos la oportunidad para que la prensa, la opinión pública haga un escrutinio de las nominaciones, como debiera ocurrir”, indicó.

Arduo debate

Aunque el Gobierno no ha puesto interés en poner en marcha reformas a la entidad, pese a que impulsa una agenda de reforma a las instituciones, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya se ha aprobado la idea de legislar 10 proyectos refundidos que modifican la composición, funcionamiento y atribuciones del Tribunal Constitucional.

Pero el caso Oviedo reactivó los cuestionamientos contra el tribunal al que desde la oposición acusaron de “avalar la impunidad” y actuar como “cómplice de la corrupción en las FFAA”. También cuestionan su funcionamiento como tercera cámara cuando es requerido por congresistas para enmendar las leyes aprobadas por el Parlamento, como ha sido en el caso de la objeción institucional en la Ley de Aborto en tres causales, Educación Superior o el Sernac.

De este modo, en la oposición señalan que el TC está invadiendo el ámbito del Congreso Nacional para crear legislación, y además está siendo utilizado para paralizar causas de derechos humanos y para rebajar las multas que las superintendencias imponen a grupos empresariales, como en el caso SQM.

Asimismo, otro foco de críticas es el rol cumplido por el presidente del tribunal, el abogado Iván Aróstica, quien se destaca por un perfil ultra conservador y su admiración por el mundo militar 2017 y quien ha terminado inclinando la balanza en varias votaciones clave de la entidad como justamente ocurrió en el caso Oviedo.

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