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El escrito -presentado por el abogado José Miguel Barahona-, alega que el Ministerio Público ofreció a otros dos imputados en esta misma causa la salida de la suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, en el caso de Pizarro se mantuvo el proceso a firme, y la audiencia de preparación de juicio oral –que ha sido sucesivamente postergada- está programada finalmente para este 3 de enero.
Al Tribunal Constitucional acudió el formalizado en el caso SQM, Sebastián Pizarro Cristi, para acusar «discriminación arbitraria» del Ministerio Público.
Según informa La Tercera, el hijo del senador Jorge Pizarro (DC) ingresó un requerimiento de inaplicabilidad cuestionando el artículo 237 del Código Procesal Penal, que establece la suspensión condicional del procedimiento, argumentando que “al entregar exclusivamente al Ministerio Público la facultad de proponer al tribunal de garantía la aprobación de la suspensión condicional del procedimiento y al estar pendiente la realización de la audiencia (…) implica una infracción a la garantía regulada en el artículo 19 N°2 de nuestra Constitución Política de la República, permitiendo al persecutor establecer discriminaciones arbitrarias como la realizada en perjuicio de Sebastián Pizarro Cristi”.
El escrito -presentado por el abogado José Miguel Barahona-, alega que el Ministerio Público ofreció a otros dos imputados en esta misma causa la salida de la suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, en el caso de Pizarro se mantuvo el proceso a firme, y la audiencia de preparación de juicio oral –que ha sido sucesivamente postergada- está programada finalmente para el 3 de enero del 2020 a las 10:00 hrs.
Pizarro Cristi se encuentra formalizado por “declaración maliciosamente incompleta y facilitación de factura ideológicamente falsa, respectivamente” por parte de la sociedad Ventus Consulting a SQM, un mecanismo que de acuerdo a la Fiscalía sirvió para derivar platas de la minera no metálica a la campaña política de su padre.
Al momento de presentar la acusación, el entonces Fiscal Regional de Valparaíso Pablo Gómez solicitó una pena de “818 días de presidio menor en su grado medio en su calidad de autor de los delitos tributarios”, además de una multa por la suma de $3.387.596 por delitos tributarios, y 10 UTA por el delito previsto.
