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Juzgado de Letras acogió a trámite demanda de Codelco para desaforar a dirigentes sindicales involucrados en estafa PAÍS

Juzgado de Letras acogió a trámite demanda de Codelco para desaforar a dirigentes sindicales involucrados en estafa

Las acciones judiciales mencionadas fueron presentadas por la minera luego de advertir el sobrepago de hasta un 68 por ciento en los seguros de vida y contra accidentes de la división Chuquicamata y Radomiro Tomic, situación que habría implicado perjuicios por una cifra cercana a los US$20 millones.


El Juzgado de Letras de Calama acogió la demanda por desafuero presentada por la empresa Codelco contra dirigentes sindicales de la división Chuquicamata, mientras que el Juzgado de Garantía de la misma ciudad declaró admisible la querella por estafa que ingresó la estatal contra quienes resulten responsables.

En el primer recurso judicial, la justicia convocó a una audiencia para el 9 de marzo próximo, consignó Biobío.

Las acciones judiciales mencionadas fueron presentadas por la minera luego de advertir el sobrepago de hasta un 68 por ciento en los seguros de vida y contra accidentes de la división Chuquicamata y Radomiro Tomic, situación que habría implicado perjuicios por una cifra cercana a los US$20 millones.

En la querella se apunta a dos empresas: Chilena Consolidada, encargada de vender los seguros entre 2007 y 2018, y Gestión y Servicios Limitada (GyS), que sirvió de intermediaria entre la aseguradora y los dirigentes sindicales.

Al respecto, el ministro de Minería Baldo Prokurica, dijo que hasta ahora no se han contactado por el Consejo de Defensa de Estado (CDE) para que se haga parte de las causas, pero aclaró que si Codelco lo solicita, realizarán las gestiones. 

«Este es un tema que desde el punto de vista judicial lo está llevando Codelco, y vamos a estudiar la posibilidad. Pero si Codelco lo pide, se lo vamos a pedir al Consejo de Defensa del Estado (…) Codelco tiene ya contratado abogados y nosotros pensamos que eso es significativo», dijo el ministro.

Los hechos denunciados se habrían dado a conocer en 2018, a través de una denuncia anónima ante el ministro Prokurica. Las irregularidades fueron finalmente confirmadas luego que se ordenara una fiscalización por parte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). 

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