PAÍS
Crédito: Agencia UNO
Si bien el Presidente Piñera ha intentado instalar la idea de que hasta el inicio del estallido “Chile venía avanzando, creciendo con fuerza, creando empleos, mejorando los salarios”, la ciudadanía dice otra cosa. Incluso, a más de tres meses del inicio el estallido, el Barométro del Trabajo establece que el apoyo a las protestas pacíficas se mantiene con un alto nivel, con un 79% de respaldo, y un 60% sostiene que el Gobierno no ha dado ninguna respuesta a las demandas ciudadanas. Asimismo, consultados respecto a qué actores representan mejor a la gente, el movimiento social lidera con 57% y los partidos políticos obtienen un 0% en esta medición.
El discurso del Gobierno de atribuir la crisis económica y el desempleo al estallido social queda en entredicho a la luz de los resultados de la encuesta Barométro del Trabajo Mori-Fiel aplicada entre el 6 y el 15 de enero.
De acuerdo al sondeo, un 62% cree que el estallido social es consecuencia de la crisis económica del país, desmintiendo así la idea que ha tratado de instalar La Moneda. De hecho, en una entrevista con La Tercera a fines de diciembre, el Presidente Sebastián Piñera declaraba que si se analiza “hasta el 19 de octubre, Chile venía avanzando, estábamos creciendo con fuerza, creando empleos, mejorando los salarios”. Pero su aseveración, según los datos de la encuesta Mori-Fiel, tiene una baja credibilidad en la ciudadanía, con solo un 34% que creen que ha sido el estallido el responsable de la crisis económica.
En cuanto al desempleo, ocurre lo mismo, porque el 54% considera que el estallido social es consecuencia del desempleo y el 42% cree que el desempleo es producto del estallido social.
Estas cifras sobre el mercado laboral coinciden también con el análisis del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que ayer jueves entregó su informe de desempleo en el Gran Santiago durante el último trimestre. La cifra llegó a 8,8%, el mayor nivel en tres años, pero es menor a la esperada. “Pensaron que esto iba a ser un desastre y no es tan así”, dijo ayer el director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Fabián Duarte.
Igualmente, a más de tres meses del inicio el estallido, el apoyo a las protestas pacíficas se mantiene con un alto nivel, con un 79% de acuerdo con las movilizaciones y apenas un 17% en desacuerdo, señala la encuesta.
Como vías de solución, los encuestados señalan como prioridad “escuchar a la gente, acceder a las demandas y dialogar”, con un 36%; Mejorar los sueldos y subir el salario mínimo, con 26%; mejorar las pensiones, 22%; mejorar la salud, 19; que renuncie Piñera, un 13; y luego viene la redacción de la Nueva Constitución tiene un 6%.
Sin embargo, en una abierta crítica a la gestión del Gobierno en esta crisis, un 60% dice que no se ha dado ninguna respuesta a las demandas del movimiento social.
De acuerdo a los encuestados, las principales demandas ciudadanas son acceso a la salud con 88%, salario digno y educación de calidad 85, y pensión digna con 84%.
Al igual como señalan otras encuestas, como la del Centro de Estudios Públicos (CEP) conocida la semana pasada, hay una mirada crítica del funcionamiento de las instituciones. Solo un 19% dice tener confianza en el Poder Judicial, 14% en el Gobierno, 8% en el Congreso y los partidos políticos.
Otro dato complementario es que el 57% evalúa positivamente a los movimientos sociales, mientras apenas el 4% a los partidos políticos.
Asimismo, en una lista sobre quién representa mejor a la gente, el movimiento social lidera con 57% y apenas 5% apunta al gobierno, 1% los parlamentarios y el Congreso y el 0% los partidos políticos. Lo más preocupante es que 30% dice que “nadie” representa mejor a la gente.
La encuesta revela además que hay pesimismo respecto al futuro, con un 69% que declara que lo ve con preocupación y un 30% que dice que tiene esperanza
Asimismo, un 53% considera que el país se encuentra estancado, 39% dice que está en retroceso, y apenas un 7% asegura que está progresando.
Un 90% se declara insatisfecho con el rumbo de la economía y solo un 8% dice estar satisfecho. En ese contexto, una de las preocupaciones principales dice relación con la distribución del ingreso, dado que un 93% considera que esta es injusta y solo un 7% dice que es justa. Un dato complementario es que 86% no cree que están disminuyendo las diferencias entre ricos y pobres y un 80% no está de acuerdo con la frase de que “Chile está ganando la batalla contra las desigualdades”.
Asimismo, el 94% dice que los empleos son mal pagados y un 61% asegura que la ley labora protege poco y nada. Además, los encuestados consideran que el sueldo mínimo debería ser de $512.21 y a nivel familiar para “vivir dignamente” el ingreso debería ser de $987.754.
En cuanto a la relación con los empresarios, un 84% dice que no se respetan las leyes y cuando se pregunta quiénes la lista es liderada por “los poderosos, la gente de plata y los ricos”, al igual que los políticos con 14%.
La encuesta fue aplicada entre el 6 y el 15 de enero, con 1.000 casos y un error muestral de 3%.
