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La norma aprobada establece que no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con instituciones de educación superior, tal como ocurre con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas.
Tras respaldar el informe de la Comisión Mixta, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto Chao Dicom, que modifica la ley sobre protección de la vida privada, con el objeto de resguardar la información sobre deudas contraídas para financiar servicios educacionales.
La norma aprobada establece que no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con instituciones de educación superior, tal como ocurre con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas.
El proyecto también incluye las deudas adquiridas con bancos o instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles, informó la Corporación.
Además, el texto incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la cual los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.
Uno de los antecedentes entregados sostiene que, según el último informe Deuda Morosa, publicada por Dicom en el segundo trimestre de 2018, eran más de cuatro millones 480 mil las y los deudores morosos en nuestro país. De ese total, un 4% se encontraba bajo el acápite “enseñanza”, es decir, casi 180.000 chilenos estaban informados en Dicom por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos.
