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Créditos: Agencia UNO
La organización mostró su preocupación porque las leyes aprobadas recientemente desencadenen violaciones de los Derechos Humanos de las personas que se manifiestan. “Las nuevas leyes represivas aprobadas por el parlamento pueden aumentar estas cifras de prisión política y acrecentar las violaciones a los derechos humanos de los protagonistas de la revuelta política y social chilena”, declaró Villa Grimaldi en un comunicado.
A través de una declaración pública, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi mostró su preocupación por los casos de las personas detenidas desde el comienzo del estallido social.
“Luego de más de cien días de movilizaciones políticas sociales en Chile, resulta urgente visibilizar a nivel nacional e internacional la existencia y condiciones de detención de más de dos mil hombres y mujeres que el Estado chileno ha puesto en la condición de prisioneras políticas y prisioneros políticos”, anuncia el documento.
Para la organización, resulta indispensable que el Estado entregue información clara y justificada sobre el estado de los procesos, además de que los jueces y los tribunales estén cumpliendo en la resolución e investigación de las causas de estas detenciones, y a la vez, “responda sobre el traslado de los detenidos a cárceles de alta seguridad, asignándoles niveles de peligrosidad altísimos”.
“Como institución que trabaja por el respeto a los derechos humanos, nos parece que estas detenciones no solo vulneran en el fondo los derechos de los detenidos, sino que perpetúan un actuar sesgado del Estado, donde los poderes no han abordado con la misma rigurosidad y equidad legal las acciones violentas cometidas por efectivos policiales y militares, como las acciones de resistencia ciudadana a esta violencia institucional”, sostuvo el comunicado.
Además, el sitio de memoria expresa que las violaciones de los derechos humanos cometidas desde el inicio del movimiento social están relacionadas con una impunidad de agentes del Estado que se arrastra desde la dictadura. También Villa Grimaldi criticó las leyes que criminalizan las protestas.
“Planteamos que estas y otras violaciones cotidianas a los derechos humanos por parte del Estado y sus agentes, son el resultado de altos grados de impunidad que no han sido abordados en plenitud durante los gobiernos de la post dictadura. Y también vemos con preocupación, cómo las nuevas leyes represivas aprobadas por el parlamento pueden aumentar estas cifras de prisión política y acrecentar las violaciones a los derechos humanos de los protagonistas de la revuelta política y social chilena”, sentenció la organización.
De acuerdo a La Tercera, a partir de un informe que realizó la Dirección de Estudios de la Corte Suprema basado en las cifras del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Coordinación del Centro de Justicia, desde el 18 de octubre de 2019 se han decretado 1.299 prisiones preventivas y se ha declarado ilegal la aprehensión en contra de 977 imputados.
