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«No estamos dispuesto a permitir que existan actos de corrupción, tráfico de influencias y otras materias en un Ministerio tan importante como el de Obras Públicas para favorecer a privados en algunas materias», afirmó el diputado Ricardo Celis (PPD).
Por 88 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Comisión Investigadora sobre los actos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con especial foco en la Región de la Araucanía, donde quedaron en evidencia una serie de irregularidades a raíz del caso Hasbún.
El mandato de la instancia apunta a establecer eventuales irregularidades administrativas en la fiscalización, cumplimiento y ejecución de contratos adjudicados, en el pago anticipado de obras, términos anticipados de contratos, entre otras situaciones.
Asimismo, la comisión tendrá como objetivo recabar información acerca de la supuesta comisión de delitos, tales como cohecho, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, fraude al fisco y tráfico de influencia, falta de fiscalización, u otros, durante los últimos doce años.
«Estamos contentos con la aprobación de esta iniciativa que nos permitirá investigar, por ejemplo, las acciones que habría tenido eventualmente el diputado Hasbún con el ministro de Economía, en el sentido de accionar para que un privado obtenga algunos beneficios, con pagos anticipados sin tener término de obras. Es más, hemos sabido que la obra ni siquiera estaba constituida», afirmó el diputado Ricardo Celis, quien impulsó la comisión junto a la diputada Andrea Parra, ambos representantes del PPD en la Araucanía.
«No estamos dispuesto a permitir que existan actos de corrupción, tráfico de influencias y otras materias en un Ministerio tan importante como el de Obras Públicas para favorecer a privados en algunas materias», aseguró el legislador.
Por su parte, la diputada Andrea Parra sostuvo que “creemos que aquí estamos abriendo una caja de pandora, mientras han ido pasando los días vamos descubriendo nuevas cosas, los acusadores se transforman en acusados”.
“Nuestro objetivo primordial es limpiar a los servicios públicos de la corrupción, el tráfico de influencias y que se devele, de una vez por todas, esta suerte de tráfico para hacer negocios e instalar a operadores políticos en los servicios públicos”, sostuvo la parlamentaria.
