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Crédito: Agencia UNO
El 9 de diciembre, en el fragor del estallido social, el Presidente anunció una “Agenda anti abusos por un trato digno y justo”. Recién este viernes presentó los lineamientos de los proyectos de ley que la componen.
Cuatro proyectos de ley componen la denominada Agenda Antiabusos del Gobierno. Se trata de un paquete de medidas que el Presidente Sebastián Piñera ya había anunciado en diciembre, pero que recién este viernes –tres meses después- el Ejecutivo “aterrizó” ante la opinión pública.
Los proyectos, que apuntan a castigar la colusión, uso de información privilegiada, corrupción y delitos electorales, fueron presentados por el Mandatario en una ceremonia donde adelantó que próximamente presentará una agenda pro consumidores y otra enfocada en los trabajadores.
En cuanto al proyecto de ley “anticolusión”´, éste considera un aumento de penas. La pena actual para el delito de colusión va desde los 3 años y un día a los 10 años y en la iniciativa del Gobierno se propone que para casos de bienes o servicios de primera necesidad la pena parta en 5 años y un día, manteniéndose el máximo de 10 años.
Asimismo, considera nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) e incorpora la figura del denunciante anónimo en el contexto de libre competencia.
El segundo proyecto corresponde al proyecto de ley “antiabusos en el mercado financiero”, que eleva las penas y multas por uso de información privilegiada y otros abusos en el mercado de valores.
También considera fijar “periodos de bloqueo” asociados al uso de información privilegiada, estableciendo que “directores, gerentes, principales ejecutivos y sus parientes hasta segundo grado no podrán efectuar transacciones de valores del emisor en los 30 días anteriores a la divulgación de Estados Financieros”.
En esta iniciativa también se considera la incorporación de la figura del denunciante anónimo, pero ante la Comisión de Mercado Financiero (CMF).
El tercer proyecto aumenta el plazo de prescripción en delitos electorales, que actualmente es de 2 años, a diferencia de la regla general de 5 años. Finalmente, una cuarta iniciativa corresponde al proyecto de ley de Denunciante Anónimo, “anticorrupción en el Estado”.
