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Crédito: Agencia UNO
El Gobierno se tomó tres meses para detallar que su Agenda Antiabusos, que apunta a castigar la colusión, uso de información privilegiada, corrupción y delitos electorales, constará de cuatro proyectos de ley. Las reacciones fueron lapidarias. “Llega tarde y sigue siendo una agenda coja o incompleta”, dijo el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, mientras el exfiscal Carlos Gajardo resumió el anuncio del Mandatario en una palabra: “Decepcionante”. En la oposición, en tanto, hablaron de “letra chica” y el diputado Ascencio recordó el historial del Presidente y se preguntó: “¿Cómo creerle a alguien que cometió el delito de uso de información privilegiada que lo va a penar más?”. En el oficialismo aplaudieron la agenda e incluso pidieron ponerle discusión inmediata.
Después de su errática declaración en la entrevista con Mega, donde indicó que el Gobierno sabía de antemano que iban a incendiar las estaciones de Metro el 18 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera tenía la oportunidad de minimizar el impacto con el lanzamiento de la esperada “Agenda Antiabusos”. Sin embargo, el Ejecutivo tuvo otro paso en falso, porque el paquete de medidas no aportó nada nuevo, y se llevó una ola de críticas desde los expertos y la oposición.
“Va en sentido correcto, pero llega tarde y sigue siendo una agenda coja o incompleta”, dijo el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, mientras el exfiscal Carlos Gajardo, quien indagó emblemáticos casos de platas políticas como Penta, resumió la agenda del Mandatario en una palabra: “Decepcionante”. En la oposición, en tanto, hablaron de “letra chica”.
Lo cierto es que el 9 de diciembre, en medio del fragor del estallido social el Presidente Sebastián Piñera prometió una “Agenda anti abusos por un trato digno y justo” como una de las medidas para dar respuesta a las demandas ciudadanas expresadas con fuerza en las calles. Pero lo que hizo el mandatario este viernes, a tres meses del anuncio, solamente fue detallar los cuatro proyectos de ley que la componen que apuntan a castigar la colusión, uso de información privilegiada, corrupción y delitos electorales.
Para el presidente del CPLT, se trata de una agenda acotada “que no ataca el conflicto de interés que puedan tener parlamentarios y que hemos señalado en reiteradas oportunidades; no vemos -además- medidas pro transparencia, de ampliación del tema de Alta Dirección Pública o de aplicación de ley del Lobby a las empresas públicas”.
A su juicio, “la única forma de avanzar en una mayor credibilidad y confianza en las instituciones es acelerando e incrementando la mayor transparencia y probidad en el sistema público en general”.
En tal sentido, advirtió que la agenda no incluye aquellas instituciones “respecto de las cuales la gente estima que son actores privilegiados o donde hay brechas de ese tipo, por ejemplo, el Parlamento”. “Tampoco hay nada en torno al tema municipal de dobles contrataciones, por ejemplo, uso de horas extraordinarias, de donaciones que los privados hacen a organismos municipales o de las compras y licitaciones que ahí se realizan; tampoco vemos iniciativas que vayan a un tema prioritario como supervigilar adecuadamente los procesos de adjudicación y modificaciones o término de grandes contratos de licitación en infraestructura”, espetó.
Asimismo, el presidente del Consejo enfatizó que no hay un aumento de sanciones para las personas naturales o jurídicas que hayan participado en actos contrarios a la probidad o libre competencia, “por ejemplo estableciendo que no puedan participar en futuras licitaciones del Estado”, “ni mayores atribuciones para una entidad tan relevante como la Contraloría General de la República”.
Uno de los puntos faltantes en la agenda es que en ninguna parte incluye facultades al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios.
«Hoy tenemos la limitación que en los casos de los delitos económicos, sólo pueden iniciar los procesos judiciales, la Fiscalía Nacional Económica y el Servicio de Impuestos Internos (SII), y en los casos de los delitos electorales, por ejemplo, solamente puede tener la acción penal el Servel, por lo tanto, si estos tres organismos no se pronuncian y no establecen las denuncias respectivas, los casos ni siquiera llegan a conocimiento del Ministerio Público para que se haga una investigación más a fondo, más acuciosa», advirtió el diputado independiente pro PPD y miembro de la Comisión de Economía de la Cámara, Raúl Soto .
El parlamentario afirmó que «la propia Fiscalía Nacional ha denunciado esta situación una y otra vez, y ha pedido expresamente al Congreso y al Gobierno que se incluya a la tramitación la facultad de que el Ministerio Público también tenga acción penal para proceder por sí mismos, sin necesidad de denuncia previa de parte de la Fiscalía Nacional Económica, SII, o el Servel para llevar las investigaciones en este tipo de delitos. Ese es el debate que tenemos que dar hoy día para hacer más eficiente la aplicación de penas en este tipo de delitos».
Pero el exfiscal Carlos Gajardo va más allá, señalando que la agenda no solo olvida incluir la acción penal pública para delito de colusión, tributarios y electorales, sino tampoco considera aumentos relevantes de sanciones de cárcel ni multas para delitos de corrupción y no modifica la responsabilidad penal de empresas.Para el diputado socialista Leo Soto, esta omisión en la agenda de Piñera significa que se trata de un paquete de medidas que “tiene letra chica”. “Anuncia aumentos d penas y + severidad c/delitos de colusion y electorales, pero, NO dice: – Que de nada sirve si Fiscal Nac. Ec., de su confianza, no los denuncia a la justicia. Lo mismo en delitos tributarios”, escribió en Twitter
En la misma línea, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, sostuvo que “después de 3 meses, el Gob. anuncia insuficiente agenda #AntiAbusos que no amplía acción penal para delitos tributarios o económicos ni se hace cargo de responsabilidad penal de las empresas. Proyecto de penalistas ingresado en enero es mucho + ambicioso”.
“La agenda ‘antiabusos’ de Piñera es absolutamente insuficiente”, consideró por su parte la bancada DC. “No tiene ninguna norma para detener el uso de paraísos fiscales y no combate los sobornos o el tráfico de influencias. Sus anuncios son medidas muy tímidas. Sigue sin tocar a los poderosos”, dijo el jefe de bancada Gabriel Ascencio.
Pero Ascencio fue más allá y recordó el historial del Presidente: “Piñera el 2007 pagó una multa de $363 millones por uso de información privilegiada en la compra de LAN. Hoy presenta un proyecto para aumentar multas para la misma conducta en la que él incurrió. ¿Cómo creerle a alguien que cometió dicho ilícito que lo va a penar más?”.
El parlamentario rememoró que “por su operación, sabiendo que luego las acciones subirían, Piñera obtuvo un rédito económico de US$ 1.527 millones. ¿Es suficiente con elevar la multa? Absolutamente no. Como en su caso, una multa no desincentiva las conductas. Se debe multar con un % de la ganancia y cárcel”.
En el oficialismo, sin embargo, cerraron filas con la Agenda Anti Abusos del Gobierno. “Esta agenda va en completa sintonía con lo que espera la ciudadanía. Que nunca más existan abusos como los que han acontecido en el tiempo. No más colusión, sin trampas hacia las personas”, expresó el legislador RN Eduardo Durán.
Para la diputada del mismo partido, Camila Flores, “hoy la ciudadanía nos exige mayor transparencia y orden. Los ciudadanos no quieren seguir siendo víctimas de abusos desde las empresas, por eso la relevancia de esta agenda que apunta a terminar con las prácticas ilegales, como autoridades debemos detener las colusiones”, agregando que “también es clave fortalecer la Fiscalía Nacional Económica para que nadie más pueda siquiera intentar cometer ilícitos de esta gravedad”.
Por su parte, el diputado UDI, Guillermo Ramírez, subrayó que “los que hacen trampa en el mercado deben ser severamente castigados, porque cuando hablamos de libre mercado estamos hablando de fe pública. Que nadie se equivoque, la UDI será la que apoyará con más entusiasmo esta agenda”.
En la misma línea, el diputado RN, Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “debemos establecer mayores sanciones para los que cometan abusos. Entregar mecanismos fuertes que condenen, pero también ayuden a delatar delitos económicos, en especial aquellos que tienen gran relevancia social como son la colusión, evasión tributaria, entre otros”.
En tanto, el diputado Sebastián Torrealba (RN), pidió al Gobierno que se le dé discusión inmediata en el Congreso a esta iniciativa, una de las más relevantes en este escenario social.
“Este es un gran avance con respecto a la Agenda Social, porque la Agenda Anti-abusos es parte de la misma, y porque estas malas prácticas afectan la confianza de la ciudadanía. Me parece clave que en este proyecto se ponga más fuerza en los delitos de información privilegiada, electorales, de colusión y corrupción, que se se asegure cárcel para cada una de las personas que incurran en estas faltas, algo que la ciudadanía está esperando”, declaró el parlamentario.
