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Créditos: Agencia Uno
El estudio, aplicado en las principales ciudades del país, arrojó datos como que los jóvenes son quienes justifican en mayor grado la violencia durante el estallido social, mientras que los adultos mayores la rechazan.
Las percepciones de los chilenos sobre tolerancia a la violencia, el abuso y la dignidad fueron consultadas en la encuesta de opinión pública preparada por Espacio Público e Ipsos, denominada “Desafiando los prejuicios, complejizando la discusión”.
Respecto a la dignidad, la principal idea con la que la población asocia el término es a “un trato humano hacia todas las personas” con un 27%; seguida de “un mínimo nivel de calidad de vida para vivir tranquilo/a” con un 22%; luego “el respeto hacia todas las personas independiente de su situación económica” con un 19%, mientras “terminar con los abusos” alcanza un 14% de las preferencias.
La desigualdad, por su parte, se asocia a tres ideas. En primer lugar, a la tradicional definición sobre aspectos materiales y brechas salariales. En segundo lugar, a la igualdad de oportunidades y en tercero; a aspectos relacionados con el trato digno y la discriminación.
La encuesta de Espacio Público e Ipsos también consultó sobre los principales motivos de los abusos denunciados y por qué estos se mantienen en el tiempo. Un 29% de los consultados señaló que la principal razón se debe a “un sistema judicial que no castiga los abusos como se debería”; un 25% cree que existe “un desarrollo económico y social demasiado desigual”, un 20% asegura que dada “la existencia de gente con demasiado poder”; un 16% por “falta de líderes políticos que tengan voluntad de enfrentarse a quienes cometen los abusos” y un 8% considera que los abusos se mantienen en el tiempo por “la falta de una ciudadanía organizada que combata los abusos”.
Sobre las principales medidas para combatir los abusos, el 39% indica que se necesitan “leyes más duras con condenas ejemplares”; el 27% “una ciudadanía más educada sobre sus derechos” y el 19% “líderes políticos más comprometidos con combatir a los poderosos”.
El estudio arrojó además una notoria diferencia en la justificación de la violencia en el estallido social por parte de los rangos etarios.
En ese sentido, el recuento arrojó que el 70% de la población de entre 18 y 29 años está de acuerdo o muy de acuerdo con que “es válido que la ciudadanía haga barricadas para expresar sus demandas”, mientras que en el segmento de mayores de 60 años esta cifra alcanza un 34%.
Es posible observar también que cerca de un tercio de los jóvenes tiene una posición más radicalizada que considera que saqueos y la quema de edificios e infraestructura es necesario para llamar la atención de las autoridades, lo que deja en evidencia una brecha generacional.
Para Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, “estas diferencias generacionales confirman una tendencia observada en la encuesta sobre las movilizaciones realizada a finales del año pasado. Cuanto más jóvenes son los encuestados, mayor justificación encuentran para la violencia física como un mecanismo legítimo de protesta política”, señala.
“Estas diferencias generacionales, además, parecieran seguir un crecimiento lineal. No se trata de que el grupo de encuestados más jóvenes sea significativamente diferente a todos los demás, sino que las diferencias en la percepción de la violencia física como mecanismo de protesta pareciera acumularse a medida que la edad de los encuestados aumenta”, comenta.
Finalmente, Pardo señala que “también resulta interesante que estas diferencias desaparezcan a la hora de valorar la violencia institucional, donde los distintos rangos etáreos parecieran estar de acuerdo”.
Por su parte, Miguel Pinto, subgerente del área de Estudios Públicos de Ipsos, afirma que “la justificación de la violencia que se observa en el estudio, es el producto más radical de la desconfianza en la resolución de los conflictos por la vía democrática y eso nos debe preocupar a todos”, agregó.
Asimismo, la población, en general, considera principalmente como “muy violentas” aspectos como el bajo monto de las pensiones, el alto precio de medicamentos o las deudas que se contraen para estudiar en la universidad y los abusos e impunidad de la elite.
Sin embargo, y en términos generales respecto de la violencia y su relación con las manifestaciones desde el 18 de octubre, el 60% de las encuestados considera que la violencia es negativa para el movimiento ya que desvía la atención de las legítimas demandas sociales.
El estudio se realizó por medio de la aplicación de encuestas presenciales en hogares, con muestreo probabilístico tri-etápico. Se efectuaron hasta tres contactos por hogar antes de dar por descartada la vivienda, entre el 10 de enero al 12 de febrero del 2020.
El grupo objetivo fue población mayor a 18 años de los principales centros urbanos de Chile: Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y Gran Santiago.
De esta forma, la muestra quedó compuesta por 367 personas de Santiago, 138 de Antofagasta, 250 de Viña del Mar y Valparaíso, y 247 personas de Concepción y Talcahuano. En total, 1.002 casos de los cuales el 2,6% corresponde a extranjeros.
