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Crédito: Agencia UNO
En el Gobierno son conscientes de que la situación carcelaria está compleja por el COVID-19 y apuestan todas sus fichas a su Ley de Indulto Conmutativo, que beneficiará a unos 1.300 internos que podrán cumplir su pena en arresto domiciliario. La ley se promulga este mediodía , pese a que en el TC hubo hasta último minuto “muñequeos” que demoraron la sentencia. Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería, Alberto Figueroa, dice que la nueva normativa es insuficiente, y afirmó que en los penales se vive una situación «muy compleja» y los internos van a reaccionar mediante motines, intentos de fuga, toma de rehenes, agresión a funcionarios y huelgas de hambre. En la Defensoría Penal Pública, en tanto, ha comenzado a movilizarse, buscando modificar la medida cautelar de prisión preventiva para alrededor de 3 mil imputados.[ACTUALIZADA]
La situación del COVID-19 dentro de los recintos penitenciarios está al límite del colapso. Al interior de Gendarmería aseguran que se pueden venir eventuales «efectos catastróficos» tanto en la salud como en cuanto al comportamientos de los reos.
En la actualidad, según sus datos, hay 102 funcionarios penitenciarios y 35 reos confirmados como positivos en coronavirus.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería, Alberto Figueroa, afirmó a Radio Cooperativa que se vive una situación «muy compleja», con «un escenario muy difícil de enfrentar, incierto día a día. El hacinamiento que se produce al interior hace más difícil enfrentar esta tarea».
«Nos preocupa las consecuencias que puede traer consigo; en las cárceles hay dos vertientes de riesgo importantísimas: el primero es la del contagio exponencial y la otra los efectos que puede producirse en la población penal, donde el virus puede provocar grandes daños en las personas», agregó.
Esto no es lo único que les preocupa, ya que cuando estalle la bomba dentro de las cárceles, «la población penal va a reaccionar: esto va a provocar motines, intentos de fuga, toma de rehenes, agresión a funcionarios, funcionarios heridos, (internos) heridos», u otras medidas de presión como ‘huelgas de hambre'», asegura. Incluso, destacó que ya han ocurrido varios casos que no han sido conocidos por la comunidad y la prensa.
En ese sentido, Figueroa advierte que el proyecto de ley del Gobierno de Indulto Conmutativo –que permitirá a un grupo de presos cumplir la pena en arresto domiciliario– no servirá de mucho, ya que «lo único que baja es el hacinamiento. Las cárceles ya están hacinadas, hay dependencias al 200 por ciento, y lo que va a provocar es la disminución, pero sería necesario que se adopten medidas más concretas con un impacto más positivo en las cárceles».
En el Gobierno también son conscientes de que la situación penitenciaria está al límite. Por eso, han puesto especial énfasis en su proyecto de Ley de Indultos Conmutativo, la que permitirá que 1.300 presos pasen a cumplir el resto de sus penas al interior de sus domicilios.
La promulgación será este mediodía, luego de que el Tribunal Constitucional finalmente pudiera emitir la sentencia, tras una serie de muñequeos que demoraron la entrega del fallo.
La redacción estaba demorada a la espera de los argumentos de los tres ministros (José Ignacio Vásquez, Iván Aróstica y Juan José Romero), que votaron a favor del requerimiento de senadores de RN y la UDI que buscaba declarar inconstitucional la Ley de Indulto Conmutativo por excluir a violadores de Derechos Humanos, el que finalmente fue rechazado por el TC por 7 votos contra 3.
Según reporta el diario La Tercera, los 10 ministros que integran el TC habían acordado que el fallo se emitiría el martes 14, pero recién los magistrados dijeron ese día que estaban redactando sus argumentos.
De acuerdo al citado medio, al menos cinco personas dentro del TC aseguraron que no hay respuestas ni manifestaciones por parte de los disidentes, pero que creen que «están ocupando a los presos como rehenes por haber perdido».
Para evitar este colapso penitenciario, la Defensoría Penal Pública ha comenzado a movilizarse, buscando modificar la medida cautelar de prisión preventiva para alrededor de 3 mil imputados.
“En el grupo de delitos que no están dentro de los más graves, sumado a los (imputados) primerizos (que cometieron por primera vez un ilícito) y las condenas que históricamente no son privativas de libertad, aspiramos a tratar de revisar 3.000 casos”, dijo al diario La Tercera el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la DPP, Tomás Pascual.
De acuerdo a las cifras que ellos manejan, entre el 3 de marzo y el 14 de abril, la Defensoría ha requerido un total de 1.132 revisiones de medidas cautelares. Los tribunales han accedido a 750, por lo que se ha sustituido la cautelar en 242 personas, lo cual representa un 32% de acogimiento de sus solicitudes.
Cabe destacar que una vez en régimen, la iniciativa de indulto conmutativo beneficiará a personas privadas de libertad que no hayan cometido delitos graves, ser mayores de 55 años con ciertos requisitos, o ser mujeres embarazadas o con hijos menores dos años de edad, para que puedan pasar el resto de sus penas bajo arresto domiciliario total.
La nueva ley también beneficiará a quienes cumplen reclusión nocturna, o a quienes están privados de libertad con beneficios de salida de fin de semana, o salida dominical, para evitar que internos que pasan parte del día fuera de los penales, exponiéndose a contagios, puedan volver a ingresar a los recintos.
La iniciativa es explícita en que «se excluye de este beneficio a todas las personas que hayan cometido delitos graves o violentos, tales como secuestro, sustracción de menores, tortura, apremios ilegítimos, asociación ilícita, violación, violación con homicidio, abuso sexual agravado, cualquier delito sexual contra menores de edad, parricidio, femicidio, homicidio simple y homicidio calificado, infanticidio, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, robo calificado, delitos terroristas, genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra y delitos de la ley de control de armas».
