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Crédito: Agencia UNO
En la promulgación del Indulto Conmutativo por COVID-19, que deja expresamente fuera del beneficio a los violadores de Derechos Humanos pese a la insistencia de la mayoría de Chile Vamos, el Presidente aprovechó de defender la Ley Humanitaria que envió al Congreso y que sí considera a este grupo de presidiarios. A su juicio, se trata de un proyecto que “no representa impunidad” sino que “protege el derecho a la muerte digna”. De este modo, el Mandatario salió en defensa de un proyecto que muchos dan por muerto en el Congreso, al punto que el Gobierno se vio obligado a rebajarle la urgencia [ACTUALIZADA]
Luego de una compleja tramitación en el Congreso y en el Tribunal Constitucional (TC), el Presidente Sebastián Piñera pudo promulgar este jueves la ley de Indulto Conmutativo por COVID-19, que permitirá descongestionar las cárceles en medio de la pandemia.
Sin embargo, el foco de la ceremonia estuvo en las declaraciones del Mandatario sobre los violadores de Derechos Humanos que permanecen en Punta Peuco.
Pese a que la derecha lo solicitó insistentemente, el beneficio de Indulto Conmutativo excluye a los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo que fue justificado por el Jefe de Estado. Pero al mismo tiempo, Piñera aprovechó de defender la Ley Humanitaria que envió al Congreso y que sí considera a este grupo de presidiarios. “(Este proyecto) no representa impunidad (…), protege el derecho a la muerte digna”, dijo.
El Presidente recordó que “el año 2018 enviamos otro proyecto de ley al Congreso (Ley Humanitaria) que tiene un fundamento humanitario y que lo que busca es que las personas que tienen enfermedades terminales, que están al borde de la muerte, que tienen incapacidades físicas o mentales, puedan tener el derecho a una muerte con dignidad. Es una razón humanitaria y yo creo que todos tenemos derecho a morir con dignidad”.
Con sus dichos, Piñera puso todas sus fichas en esta controvertida iniciativa, que es resistida por la oposición y que tampoco concita el respaldo de todo Chile Vamos, toda vez que en la mayoría de las filas oficialistas consideran que el proyecto es insuficiente y prefieren la fórmula de los indultos presidenciales. De hecho, ayer el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, confesaba que “la ley no la damos por muerta”, confirmando el mal pronóstico que tiene la norma.
El problema para el Gobierno es que el proyecto ya fue rechazado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y, cuando ingresó a la Comisión de Constitución, el Ejecutivo decidió quitarle la discusión inmediata para cambiarlo por suma urgencia.
Respecto al indulto conmutativo, si bien el Gobierno hablaba hasta ahora de 1.300 personas, Piñera destacó que beneficiará a 1.700 personas que ahora pasarán a cumplir la pena bajo arresto domiciliario
En la promulgación de esta normativa, el Mandatario fue enfático en que “es un acto de humanidad y busca proteger mejor la salud y la vida de los privados de libertad” y “no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados y están privados de libertad, puesto que no extingue la responsabilidad penal ni elimina la condena como antecedente penal a las personas favorecidas».
La iniciativa comprende indultos generales conmutativos de penas privativas de libertad de hombres que tengan más de 60 años de edad, mujeres mayores de 55 años, mujeres embarazadas o que tengan un hijo o hija menor de dos años de edad. El indulto consistirá en la conmutación de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total por todo el saldo de sus respectivas condenas.
La población penal mayor de 75 años constituye una situación excepcional, pues a diferencia de todos los otros grupos beneficiados, se prescinde de cualquier exigencia de cumplimiento mínimo de condena y se prescinde también de cualquier exigencia de saldos máximos de condena que resta por cumplir, debido a que se le considera el grupo de mayor riesgo en esta pandemia.
Se excluye de los beneficios de la ley a quienes se encuentran condenados por delitos como violación a los derechos humanos, y otros de alta connotación, como parricidio, femicidio, homicidio, violación, delitos sexuales contra menores, tráfico de migrantes o delitos de violencia intrafamiliar, entre otros.
