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Créditos: Agencia Uno
“Se puede hacer un esfuerzo adicional”, señaló el legislador por la Región del Maule, Álvaro Elizalde, en el marco de la cobertura que tendrá la nueva iniciativa que beneficiará a 4,5 millones de chilenos.
Si bien valoraron la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, el nuevo beneficio anunciado por el Presidente Sebastián Piñera que irá en apoyo al 60% de las familias más vulnerables, los senadores socialistas, Carlos Montes y Álvaro Elizalde, cuestionaron el monto y la cobertura del anuncio.
“Faltan antecedentes como para tener una opinión más fundada, pero creemos que el monto que se plantea está por debajo de lo que requiere una familia, que son muchos los trabajadores que quedan fuera y también nos parece que hay muchos recursos de los que se destinaron originalmente los 2 mil millones de dólares que no se están usando en este proyecto”, dijo Carlos Montes, senador por Santiago Oriente.
Por su parte, el timonel del PS, Álvaro Elizalde, comentó que es importante introducir mayores coberturas: “Valoramos que el Gobierno haya acogido la propuesta que desde hace semana veníamos formulando desde la oposición para establecer un ingreso familiar de emergencia, no obstante los montos anunciados y su cobertura son insuficientes”.
“Se puede hacer un esfuerzo adicional, con recursos públicos, para proteger de mejor forma a las trabajadoras y trabajadores y a sus familias y por eso, en el contexto del debate parlamentario, bregaremos por aumentar el marco de protección comprendido en este proyecto”, indicó.
El nuevo proyecto firmado por el Presidente de la República en La Moneda beneficiará a al menos 1.780.000 hogares, integrados en promedio por 2,5 personas cada uno, llegando así a al menos 4,5 millones de personas, indicó el Mandatario.
El Gobierno espera que el Congreso pueda tramitar con urgencia esta iniciativa, con el objetivo de que comience a operar en mayo.
El PS también planteó una batería de propuestas, insistiendo en que “se debe asegurar un ingreso mínimo a toda la población que se haya visto perjudicada en su salario, durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria. La prioridad deben ser las trabajadoras y los trabajadores de Chile, tanto formales como informales, y sus familias. El anuncio que ha realizado el Gobierno respecto al “Ingreso familiar de emergencia” es insuficiente, tanto en su monto como en la cobertura”.
Otro punto involucra el prohibir el despido de trabajadoras y trabajadores: “De ser necesario, incluso, se podrá ayudar al rescate de empresas estratégicas mediante inyección de recursos a cambio de la participación del Estado en la propiedad de dichas compañías”, señalan.
Además, añaden que “aquellas empresas que perciban utilidades durante el tiempo de esta pandemia, no debieran acogerse a la Ley de Protección al Empleo”, como sí ha ocurrido estas últimas semanas, sobre todo con compañías del retail.
En lo que se refiere a la postergación de pagos, señalan que mientras dure la emergencia se debe “prohibir el corte del suministro”, y asimismo se deben “postergar, sin intereses de por medio” las cuotas de créditos hipotecarios, estudiantiles u otras contraídas con bancos, instituciones financieras y casas comerciales.
En la declaración, el PS también solicita fijar los precios de los insumos médicos y bienes de primera necesidad, además de asegurar la estabilidad laboral para los funcionarios públicos.
