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Crédito: Agencia UNO
Al acuerdo político impulsado por el diputado Jaime Mulet, presidente FRVS, y el abogado Fernando Atria, líder de Fuerza Común, se sumaron partidos como Comunes, Revolución Democrática y Convergencia Social, además del movimiento UNIR del diputado ex PS Marcelo Díaz, Igualdad, el Partido Comunista y el PRO, en un primer acercamiento entre el Bloque de Unidad por el Cambio y el Frente Amplio.
«Pliego popular: Por la Vida contra el hambre y la cesantía” es el nombre del documento impulsado por sectores de la oposición en donde proponen 7 medidas “inmediatas y urgentes” para enfrentar la crisis y acudir en apoyo de las familias chilenas que sufren los estragos de la pandemia.
Al acuerdo político impulsado por el diputado Jaime Mulet, presidente FRVS (Federación Regionalista Verde Social), y el abogado Fernando Atria, líder de Fuerza Común, se sumaron partidos como Comunes, Revolución Democrática y Convergencia Social, además del movimiento UNIR del diputado ex PS Marcelo Díaz, Igualdad, el Partido Comunista y el PRO, en un primer acercamiento entre el Bloque de Unidad por el Cambio y el Frente Amplio.
La declaración también lleva las firmas de los alcaldes Jorge Sharp (Valparaíso) y Jorge Durán (Independencia) y una veintena de organizaciones sindicales y sociales.
En la declaración, los firmantes emplazan al Gobierno a que “muestre su voluntad política de derrotar la pandemia, el hambre y la cesantía, adoptando las medidas propuestas” porque “ese es el camino y no el exitismo vacío al que nos tiene acostumbrados”.
Junto con precisar que las medidas son perfectamente financiables, plantean en primer lugar instalar, en lo sanitario, un Comité Nacional de Crisis y sus respectivos Comités regionales y locales, que incluya representación de la Atención Primaria en Salud, de las Asociaciones Municipales, el Colegio Médico y los expertos en epidemiología y organizaciones relevantes de la sociedad civil, con capacidad de definir orientaciones a la autoridad política.
En segundo lugar, proponen establecer un ingreso de emergencia básico de $ 460 mil por familia de 4 personas, que marca la línea de pobreza, “terminando con el retiro de fondos propios de los trabajadores cesanteados y protegiendo en particular a las mujeres de sectores vulnerables”, junto con autorizar el retiro de un ingreso mínimo mensual de los fondos de pensiones por razones de catástrofe, entre otros.
En cuanto a las empresas, sugieren crear una línea de crédito y subsidios para las pequeñas empresas, a través de la estructura del Estado, tomando en cuenta que el Fogape, no está llegando con la celeridad y cobertura necesaria que impone esta crisis de más de dos meses.
Para proteger el empleo, asumen que “puede que sea necesario el apoyo directo a grandes empresas”, pero “esa es una cuestión que deberá ser evaluada caso a caso”.
Asimismo proponen proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género y acoso a la diversidad sexual, agudizada en el contexto de emergencia e impulsar iniciativas colaborativas y de economía solidaria.
En un séptimo punto, recalcan que hay que defender de modo irrestricto el proceso constituyente, señalando que “aquellos que pretenden aprovecharse de la pandemia para suspender o vaciar de contenido al proceso constituyente (…) les advertimos de nuestro compromiso irrestricto con la realización del proceso constituyente, su plebiscito y la elección de convencionales constituyentes”.
