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Crédito: Agencia UNO
Desde la oposición, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, señaló que “es inconcebible que el Gobierno dilate la promulgación de la ley”, mientras uno de los más duros fue el senador PPD Guido Girardi, quien lamentó que “se gobierne para las grandes empresas y no para la gente”. Al interior de Chile Vamos no hay consenso. Para el senador UDI Iván Moreira, la ley es inconstitucional y “populista”, mientras desde RN piden acelerar el proceso. En el Ejecutivo barajan recurrir al Tribunal Constitucional, pero en este caso, desde las bancadas de Chile Vamos avisaron que no estarían disponibles para ser ellos quienes concreten la presentación, como lo han hecho anteriormente con otros proyectos. Otra opción sería un veto presidencial, como se hizo con el Ingreso Familiar de Emergencia. El senador Francisco Chahuán (RN) –uno de los pocos de Chile Vamos que votó a favor de la iniciativa– consideró que recurrir al TC «sería un profundo error, toda vez que el propio Gobierno, el propio Presidente y el propio subsecretario Ossa señaló que ellos compartían el fin logrado en virtud del proyecto de ley».
La notificación del Gobierno de no promulgar la ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia, lo que podría derivar en un nuevo requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), ha generado revuelo en el mundo político, incluso en las filas mismas de Chile Vamos.
Desde la oposición, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, señaló que “es inconcebible que el Gobierno dilate la promulgación de la ley”, mientras uno de los más duros fue el senador PPD Guido Girardi, quien lamentó que “se gobierne para las grandes empresas y no para la gente”.
La ley quedó lista para su promulgación, luego de la aprobación este jueves, en el Senado, del informe de la Comisión Mixta, con votos de senadores de derecha como José Ossandón (RN), Juan Castro (RN), Francisco Chahuán (RN) y David Sandoval (UDI).
Sin embargo, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia emitió una declaración en la que señala que el contenido de la moción despachada “podría constituir infracciones a las normas constitucionales” y, por lo tanto, “se encuentra resolviendo los cursos de acción”.
Uno de estos cursos de acción es recurrir al TC y que sea el organismo el que se pronuncie, una alternativa que genera ruido al interior del Ejecutivo y el oficialismo. De hecho, desde las bancadas de Chile Vamos avisaron que no estarían disponibles para ser ellos quienes concreten la presentación, como lo han hecho en otras oportunidades. “Si el proyecto adolece de vicios de constitucionalidad deberá ser el gobierno o las empresas quienes deberán concurrir al TC. No creemos que tengamos que ser nosotros los que debamos pagar los costos”, sostuvo el diputado UDI Sergio Bobadilla, en declaraciones a La Tercera.
Otra opción sería un veto presidencial, como se hizo ya este año para sacar adelante el Ingreso Familiar de Emergencia.
El proyecto despachado por el Congreso establece que no se podrá cortar el suministro por mora, posterga el pago de cuentas en ciertos casos, fija un plan especial de internet gratis por tres meses para los estudiantes que estén dentro del 60% de vulnerabilidad y determina la implementación de un plan solidario de telecomunicaciones, entre otros.
“Es un proyecto fundamental en la lucha contra la pandemia y para que las personas puedan mantener las cuarentenas”, insistió Girardi.
El integrante de la Comisión de Salud del Senado “lamentó que el Gobierno, por defender intereses de las grandes empresas y no los de la ciudadanía, pretenda impedir que estos beneficios lleguen a las personas y esté pensando vetar la iniciativa aprobada transversalmente”.
“Necesitamos un Gobierno para la gente, que esté pensando en resolver los problemas de la ciudadanía y ayudar a que se puedan cumplir las medidas sanitarias que permiten cerrar la llave de los contagios y no estar permanentemente defendiendo los intereses de las grandes empresas”, enfatizó.
Por su parte, Elizalde emplazó al Gobierno e insistió en que “las familias lo están pasando mal ahora. Es ahora cuando muchos de nuestros compatriotas no cuentan con recursos para pagar estos servicios básicos, por eso nos parece imprescindible que esta ley entre en vigencia a la brevedad posible”.
Al interior de Chile Vamos no hay consenso. Para el senador UDI Iván Moreira, quien se abstuvo en la votación, la ley es inconstitucional y desafió a la oposición, señalando que “si quieren cambiar la Constitución, ganen el plebiscito de octubre”. De paso, catalogó de “populista” la moción, planteando que el Gobierno ya acordó con las empresas en marzo pasado medidas de alivio para las familias más afectadas.
Sin embargo, el diputado Miguel Mellado (RN) pidió acelerar el proceso. “Yo llamaría al Gobierno a promulgar rápidamente la ley del no corte de los servicios básicos. No hubo ningún voto de rechazo, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, eso llama a una reflexión del gobierno. Además, la ministra de Transportes y la subsecretaria, se involucraron fuertemente en la Comisión Mixta para sacar un buen proyecto en el área de telecomunicaciones, para garantizar la conectividad de las familias. Este es un buen proyecto transitorio, no es un proyecto de cambio en la Constitución ni mucho menos, es transitorio por 90 días y creo que le da un marco legal a lo que el gobierno ya venía haciendo”, manifestó el parlamentario.
En conversación con El Mostrador, el senador RN Francisco Chahuán sostuvo que «sería un profundo error (…) Todos consideramos que tener acceso a servicios básicos es vital. Es cierto, la ley pudo haber salido mejor (…), pero ciertamente, hoy día, no promulgar la ley sería un profundo error, toda vez que el propio Gobierno, el propio Presidente y el propio subsecretario Ossa señaló que ellos compartían el fin logrado en virtud del proyecto de ley».
Chahuán agradeció la disposición de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, de acoger la iniciativa que él presentó –junto a la senadora Yasna Provoste– que permite dotar de internet gratuito a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y universitaria. En ese sentido, sostuvo que «no se entiende que, por una parte, ministros de Estado, como la ministra de Transportes, recogen un proyecto que también el Gobierno señalaba que tenía algún cuestionamiento de constitucionalidad (…) y ahora resulta que el Gobierno, una vez aprobado (el proyecto) y cumpliendo el objetivo que el propio Presidente inició en su gestión directamente con las personas afectadas, finalmente recurra al Tribunal Constitucional».
«Este proyecto conecta con el drama que están viviendo miles de familias que hoy día están pasando una pandemia sanitaria y económica», finalizó.
